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Noticias Salta Economía En Salta será un 11% más caro viajar en autobús
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jul 2010
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Escrito por el viernes, 26 de enero de 2007 (Ha sido leído 4905 veces) “Readecuación de tarifas” es el eufemismo que utilizó la Sociedad Anónima Estatal del Transporte Automotor (SAETA) para imponer un aumento del 11% en el precio del boleto del transporte colectivo en la ciudad de Salta. La suba comenzará a regir el próximo jueves 1 de febrero y afectará a más de medio millón de usuarios de la capital de la Provincia y localidades del Valle de Lerma. A partir del primer día de febrero, el boleto común costará $1; el abono social $0,80, el abono primario $0,50 y los abonos para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios $0, 75. Los empresarios privados pedían fijar el precio del boleto en $1,40. Este aumento, que se suma al encarecimiento de la canasta básica, afectará principalmente a empleados públicos y de comercio, familias con hijos en edad escolar y a estudiantes universitarios. “Esto es muy perjudicial para nosotros, porque $0,10 más pesa en la precaria economía familiar. Aunque de hecho, desde hace años, estamos pagando $1, porque nunca nos dan el vuelto”, opina una vecina. “Es injusto este aumento. Esto nos obligará a usar remises truchos (ilegales), porque resultará más barato, más rápido y cómodo”. “Esto aumentará la deserción escolar y también universitaria”, dijo un dirigente estudiantil. El gobierno justificó este incremento argumentando que la mayoría de las provincias hicieron modificaciones en su cuadro de tarifas muy superior al autorizado en Salta. Esa referencia omitió señalar muchos otros casos, entre ellos el de la ciudad de Buenos Aires, donde el boleto cuesta 20 centavos menos que en Salta. Las asociaciones de consumidores dijeron que el gobierno volvió a aumentar el precio del boleto en el mes de enero, “cuando la gente se distiende y piensa en las vacaciones”. Rechazo generalizadoLa medida sigue provocando un cerrado rechazo de los usuarios, sus asociaciones y de partidos políticos de oposición, quienes el 15 de enero expusieron sus criterios en una audiencia pública convocada por el gobierno. Según los usuarios que participaron “aquello fue un montaje de un gobierno que no tiene ninguna disposición a escuchar y, menos, a contemplar nuestros intereses”. Aunque titular de la AMT, Eduardo Larrinaga dijo que " la AMT definirá el aumento del boleto urbano escuchando todas las campanas", la única que resonó fue la orden que impartió el Poder Ejecutivo. El aumento de tarifas, que fue autorizado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) mediante Resolución Nº002/07, se fundamenta en un estudio social, técnico y económico que, según el gobierno, demuestra la necesidad de adecuar las actuales tarifas, vigentes desde mayo de 2002, al incremento de los costos que no pueden cubrirse con aquella tarifa. Nadie dudó de que el gobierno impusiera con facilidad el aumento pues la AMT es un órgano gubernamental, dirigido por cinco funcionarios del gobierno, que tiene facultades sobre una sociedad del Estado (SAETA S.A.), en la que no tienen participación ni usuarios ni legisladores de la oposición. La AMT argumentó que hay avances significativos en el sistema: la incorporación de 240 unidades cero kilómetro, que permitió a la Provincia “contar con la flota más moderna del país”, la extensión de los recorridos hasta totalizar 47 barrios de la ciudad y 21 localidades del Valle de Lerma y la regularización de la frecuencia. Los costos aumentaron el 39%“Los costos de operaciones se incrementaron en el orden del 39%, lo cual obligada a aumentar las tarifas”, explicó el gerente de SAETA, Luis Yánez. Añadió que en Córdoba el boleto común cuesta $1,20, el abono social $0,95, y el primario y secundario $0,66. Estos precios son los de Entre Ríos, la Rioja y Tucumán. “Si hoy el sistema de transporte de Salta tuviera las mismas tarifas que Córdoba, las finanzas de SAETA estarían absolutamente equilibradas”. La crisis crónica del transporte urbano se agravó, hasta llegar al caos, durante los años 2001 y 2002, provocando una oleada de críticas por parte del gobierno que apareció entonces estimulando el descontento de los usuarios. La estrategia del gobierno fue simple: acelerar el deterioro y el desprestigio de las empresas concesionarias para aparecer luego como padre protector de los usuarios. A comienzos de 2005, meses antes que SAETA se hiciera cargo del transporte urbano y suburbano de pasajeros, las empresas locales vendieron seis millones de boletos por mes. Esa Sociedad del Estado incorporó empresas privadas de transporte con graves problemas económicos e, incluso, económicamente quebradas. “SAETA es una especie de hospital de empresas ineficientes”, opinan sus críticos. En la nueva Sociedad, los empresarios privados pasan a ser permisionarios contratados por SAETA y el Estado les paga por kilómetro recorrido. El directorio de SAETA, que monopoliza aquí el transporte, tiene cinco miembros. Tres de ellos representan al Poder Ejecutivo: los ministros de la Producción, de Hacienda y el secretario general de la Gobernación. Con esos tres directores se pueden adoptar decisiones. Los otros dos directores representan a la Municipalidad local y otro de Unión Tranviarios Automotor. El sueldo mínimo de los conductores de colectivos es de $2000. ‘En beneficio del usuario’Recibió empresas con graves problemas económicos y otras, quebradas. Los empresarios del transporte pasan a ser permisionarios contratados por SAETA. Las empresas son sub concesionarias y cobran por kilómetro recorrido. Empresa única y centralizada. También, la AMT tuvo en cuenta a los fines de analizar una readecuación de tarifas, “la necesidad de asegurar tarifas accesibles para todos los usuarios, a los efectos de garantizar la calidad de las prestaciones y la concreción de las inversiones necesarias para un óptimo servicio”. Según la AMT este aumento “responde a criterios de justicia y razonabilidad bajo la premisa de que el usuario es el principal beneficiario”. La diputada provincial Fanny Velarde (Partido Renovador) cuestionó la medida de la Autoridad Metropolitana, organismo gubernamental encargado de controlar a SAETA, empresa cuyo directorio integran ministros y funcionarios provinciales. Velarde considera inaceptable que la AMT autorizar este aumento sin tener en cuenta que SAETA no dio a conocer y que tampoco respondió a tres pedidos de informes presentados por la legisladora. La AMT explicó que su análisis se centró en los ingresos y costos relacionados directamente con la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y en los estados contables presentados por SAETA y correspondientes al ejercicio 2005. Según la oposición, en ese estudio sólo se mencionan los totales de los gastos operativos y del déficit operativo, sin detallarlos ni discriminarlos. Velarde dice que de los ingresos de SAETA por recaudación de las empresas o por lo que aporta la Provincia, sólo un 46% se destina al pago de las empresas y el 53% restante “no se sabe en que lo gasta”. Subsidios, privilegios y exencionesEn el expediente que menciona la AMT no se incluyen esos balances. Sólo hay información referida a los ingresos por venta de boletos y pagos a otras empresas. Velarde señaló que para determinar un aumento es necesario conocer los ingresos y gastos totales de SAETA. Si no se dan esos datos, es posible que la Provincia oculte el verdadero monto de los subsidios que da a SAETA para cubrir sus excesivos gastos, que los usuarios pagarán con el aumento del boleto. Velarde dice que, al ingresar el subsidio nacional (SISTAU) de $ 1.000.000 mensuales, el déficit operativo de SAETA se reduce un 65%. La diputada dice que falta de pago por parte de la Nación de este subsidio no debe ser cargada al pasajero. “Si esta es una deuda en algún momento se tendrá que pagar ¿se le devolvería el importe al usuario?”, preguntó Velarde. Velarde recordó que en el Presupuesto 2007, se aprobaron partidas necesarias para el funcionamiento de SAETA a la que se otorgarán exenciones de impuestos provinciales de actividad económica y de sellos. Con estos beneficios y con el subsidio que adeuda la Nación, no corresponde trasladar los costos de la ineficiencia al usuario. A esos beneficios otorgados a SAETA se añaden subsidios al gasoil y a la compra de nuevas unidades. El Estado paga a SAETA, en concepto de compensación por boletos y abonos vendidos, ocho millones de pesos para la compra de las nuevas boleteras. A esto se añade la posible eximición del pago de patentes de todos los vehículos de la Sociedad. Velarde pide que en SAETA y la AMT se incluyan a representantes de los usuarios y que el control de esa Sociedad del Estado sea ejercido por profesionales independientes, no designados por el gobierno, teniendo en cuenta que el gobierno tiene en sus manos el 100% del transporte público de pasajeros, con el agravante que no rinde cuenta de lo que gasta. |
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