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El gobierno de Salta donó bienes a una asociación que reivindica la represión ilegal

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Escrito por Iruya.com, el domingo, 28 de enero de 2007 (Ha sido leído 3020 veces)
Según una información que publicó el viernes 26 “Nuevo Diario”, el gobierno de Salta donó bienes a la Asociación de Ex Combatientes del Operativo Independencia, entidad que reivindica la represión ilegal llevada a cavo por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Los integrantes de esa Asociación, que actuaron en la represión de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en los montes de Tucumán, se autodenominan Rodillas Negras. El decreto de donación lleva el número 14 y aparece en el Boletín Oficial del miércoles 24 de enero.

El tema adquirió hoy repercusión nacional a través de un despacho de la Agencia Diarios y Noticias, que recoge la información de “Nuevo Diario” y que publica en su edición de hoy el diario “La Nación”.

Aunque la donación del gobierno de Salta no tiene importancia material, pues entregó a esa Asociación electrodomésticos en desuso, la decisión provocó la rápida reacción de los organismos de derechos humanos locales. El abogado David Leiva, integrante de la Red de Abogados de Derechos Humanos que patrocina a querellantes por la masacre de Palomitas, rechazó la decisión del gobierno salteño de donar computadoras, celulares y otros elementos, que según el decreto, Oficial, estaban "en estado malo".

“Allanan” el estudio de Leiva


De forma casi simultánea a la denuncia de Leiva, personas no identificadas ingresaron a su estudio de abogado en la ciudad de Orán. Las personas que violentaron la puerta de esa oficina, no se llevaron nada de la misma, aunque desordenaron papeles. La oficina de Leiva está a cien metros de la Unidad Regional Orán de la Policía de Salta. Según allegados a Leiva, se trata de un acto de intimidación. Leiva tiene un hermano desaparecido y acaba de editar “Tropiezos en la memoria”, un libro sobre la represión en Salta entre los años 1970 y 1983.

El abogado criticó al gobierno de Salta porque, según ese decreto, considera a los Rodillas Negras como una "entidad de bien público”. Leiva recordó que durante un acto por el aniversario de la fundación de San Ramón de la Nueva Orán, el 31 de agosto pasado, se permitió que un grupo de integrantes de esa organización desfilara ante las autoridades vestidos de negro.

Aquella vez, las voces de protesta calificaron el hecho como una "provocación" y una actividad "repudiable" de parte de las autoridades que permitieron la participación en la celebración.

La donación del gobierno incluyó 17 monitores, 5 CPU, 5 impresoras, 2 teclados, 2 calculadoras, 2 teléfonos móviles, 1 estufa, 2 cafeteras eléctricas, 2 sillas giratorias y 1 proyector de diapositivas.

El decreto, en respuesta a un pedido de la asociación, está firmado por el vicepresidente del Senado, a cargo de la gobernación, Mashur Lapad, y los ministros de Hacienda, Javier David, y de Salud, José Luis Medrano. Lapad es un dirigente justicialista del Norte de la Provincia que desde hace años tiene una banca en el Senado local del que es vicepresidente. Cuando el gobernador y el vicegobernador están fuera de la Provincia, Lapad queda a cargo del Poder Ejecutivo. Es entonces cuando le llevan a la firma algunos decretos que Romero prefiere no rubricar.

Carapintadas en el gobierno


No es la primera vez que los organismos de Derechos Humanos denuncian la relación entre el gobierno de Romero y grupos o personas que actuaron en la represión durante la dictadura y que reivindican esos hechos. Además de los casos más notorios que incluyen al ex represor Sergio Nazario, que fue secretario de Seguridad del gobierno de Salta y que sigue cumpliendo tareas para el gobierno, aunque sin tener un cargo oficial, se añaden varios actuales funcionarios que proceden formaron la plana mayor del Movimiento Dignidad (MODIN) que fundó y presidió el represor y golpista “carapintada”, coronel Aldo Rico.


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