Ahora el gobierno de Salta dice que no cuestiona la Ley Nacional de Educación |
|
|
|
Escrito por el lunes, 12 de febrero de 2007 (Ha sido leído 3666 veces) Después de haber afirmado durante los últimos meses que la Ley Nacional de Educación es “autoritaria y se inspira en principios totalitarios”, además de ser “dañina” y “centralista”, que avasalla la autonomía provincial y de anunciar la presentación de un recurso de nulidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora el gobierno de Salta dice que nunca cuestionó esa ley sino que sólo objetó uno de sus artículos, el referido a las facultades del Consejo Federal de Educación. En noviembre del año 2006 antes del debate del proyecto de Ley Nacional de Educación, en un gesto poco habitual, el gobernador Juan Carlos Romero distribuyó un texto con su firma con duras críticas al contenido de ese proyecto y a la política del presidente Néstor Kirchner. Romero sostuvo que el proyecto tenía graves errores y que el gobierno nacional estaba “usurpando facultades que tienen las legislaturas provinciales en materia de educación”. El argumento de Romero fue repetido por la senadora nacional Sonia Escudero la que, pese a esos reparos y a sostener que “el Estado nacional no puede legislar en nombre de las provincias”, votó por la aprobación de esa ley. La ministra de Educación de Salta, María Ester Altube, dijo hoy que el único punto de discrepancia con esa ley estaba centrado en las facultades del Consejo Federal de Educación, olvidando aquellas críticas y sin hacer mención de la amenaza de llevar el caso a la Suprema Corte. “El Consejo Federal no es un cuerpo legislativo, solo tiene facultades para acordar y para firmar convenios”, dijo la funcionaria. Mientras a mediados de noviembre pasado el gobernador Romero insistió en que el gobierno nacional no podía “pretender legislar en nombre de las provincias” y que antes que dictar una ley nacional en materia educativa, correspondía el dictado “de una ley convenio” dejando en libertad a las provincias para adherir o no a esa ley, ahora su ministra Altube dice que esta “no es una ley de adhesión sino es una ley nacional y es, en consecuencia, de cumplimiento obligatorio”. La enseñanza religiosaLa educación es responsabilidad de las provincias, recordó Altube. Para ilustrar este tema la funcionaria eligió un ejemplo significativo: “Su mañana la Nación decide que en Salta no hay más enseñanza religiosa, el gobierno de Salta no aceptaría esa imposición”. Según el diputado nacional Antonio Lovaglio, las críticas de Romero a la Ley Nacional de Educación estaban dictadas por un interés político ajeno al tema específico. Lovaglio recordó que en el documento para el debate elaborado por el ministerio de Educación de la Nación se dice claramente que las decisiones del Consejo Federal son de cumplimiento obligatorio “sin desmedro de las atribuciones estatuidas por la Constitución Nacional a las administraciones provinciales”. Ese documento, añade Lovaglio, habla expresamente del respeto a las particularidades provincialeds y locales. “¿Dónde está pues el centralismo, el autoritarismo y el totalitarismo del que habló el gobernador?”. En consecuencia, dice Altube, la provincia de Salta cumplirá con la Ley Nacional de Educación pero está trabajando con otros gobiernos provinciales para poner límites al Consejo Federal de Educación, cuyas disposiciones deben ser aprobadas mediante mecanismos previstos en la ley, pero cuya implementación en el decreto reglamentario puede introducir criterios que acoten esas facultades. Altube mencionó como un ejemplo el tema del quórum y de la cantidad de votos por provincia necesarios para aprobar una norma de validez nacional. “Felizmente estamos democracia, de modo que ahora podemos debatir nuestras diferencias de opiniones y tratar de lograr consensos. Al referirse a las tratativas con los gremios docentes para acordar aumentos salariales, Altube dijo que hasta ahora las reuniones habían sido buenas y que la marcha de las mismas está condicionada a las deliberaciones que tendrá el próximo jueves el Consejo Federal de Educación. “Estamos a la espera de lo que se resuelva allí en materia salarial, toda vez que la Nación tiene responsabilidades que surgen de la Ley de Financiamiento Educativo”. Mario Palavecino dirigente de SADOP, gremio que agrupa a los docentes de colegios privados de Salta, dijo que desde el mes de noviembre del año 2006 el gobierno de Salta no está pagando los adicionales por cargo docente, pese a que el gobierno nacional giró los fondos a la Provincia. Hasta ayer la Tesorería del gobierno de Salta no había depositado aún esos fondos. Cuando lo haga los docentes podrían comenzar el año habiendo cobrado adicionales atrasados. En unos casos deben cobrar $300 y en otros, $600. Más artículos de la categoría Política |