Causa Ragone: insisten en cuestionar al juez Miguel Medina |
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Escrito por el martes, 13 de febrero de 2007 (Ha sido leído 3357 veces) La abogada Liliana Mazzone insistió en cuestionar al titular del Juzgado Federal 2, Miguel Antonio Medina, para cuyo desempeño pidió una auditoria que deberá evaluar su posible “mal desempeño” en la causa por el secuestro del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone, ocurrida el 11 de marzo de 1976. Mazzone formalizó su pedido ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, con cuyos integrantes se reunió la abogada, quien reiteró su pedido para que esa Comisión investigue al fiscal Ricardo Toranzos por presuntas negligencias. Mazzone recordó que Medina fue juez de instrucción en Metán, designado por la dictadura militar, que luego actuó como apoderado del Partido Justicialista de Salta, como socio del abogado Raimundo Sosa, denunciado ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y como apoderado del gobernador Romero. En medios cercanos a ese juzgado se comentó que la presentación de Mazzone tiene intenciones políticas y que en ella se omiten actuaciones importantes del juez: como la orden de procesamiento a los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Antonio Zírpolo, la orden de detención de los militares Carlos Alberto Mulhall, que asumió el Poder Ejecutivo de Salta después del golpe de 1976, del ex jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Los críticos de Medina dicen que en ese mismo pronunciamiento, el juez decidió “no hacer lugar” al pedido de nulidad las mismas. En diciembre pasado Fernando Pequeño Ragone, nieto del ex gobernador, dijo que desde que las actuaciones de la causa Ragone se paralizaron desde que el expediente pasó a manos del juez Medina. Por su parte, Mazzone cree que algunos de los pasos dados por el magistrado son “maniobras dilatorias”. Pequeño dijo entonces que “en Salta nos conocemos todos” y que llamaba la atención que mientras todos los testimonios apuntan a Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, el juez Medina no haya tomado medidas respecto al ex hombre fuerte de la Policía de Salta. Organismos de Derechos Humanos dicen que Guil es amigo y cliente del abogado Sosa. A comienzos de febrero, Mazzone responsabilizó a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón por los crímenes de la banda para militar Triple A, entre ellos el secuestro de Ragone. Mazzone dijo que cuando se pidió la detención de la ex presidenta “el juez Medina lo desestimó”. Hoy se conoció aquí que el 5 de febrero pasado, Medina pidió al juez Oyarbide información sobre la posible participación de la Triple A en el secuestro de Ragone. Mazzone es dirigente política del kircherismo local, tiene buenas relaciones en organismos de presidencia de la Nación y representa a Juan Carlos Villamayor, que fue secretario de Prensa en la gestión de Ragone. “El secuestro y asesinato de Ragone fueron ejecutados por un grupo de tareas del Ejército, contando con la colaboración de la Policía de Salta, en el marco del accionar de la Triple A”, aseguró Mazzone. Las relaciones de las asociaciones de Derechos Humanos y el juez Medina están marcadas por permanentes cuestionamientos al desempeño y a la trayectoria del magistrado, que es un reconocido especialista en temas penales. Los cargos contra Medina se redoblaron a finales de marzo del año 2006 cuando expuso “Vigencia del estado de derecho y supremacía constitucional y Tutela de los derechos humanos”, invitado por la Escuela de la Magistratura de Salta, Medina expuso sobre el tema. En ese momento las entidades de Derechos Humanos recordaron que en el año 2001 Medina ordenó decomisar equipos de una radio de Tartagal, opositora al gobierno de Romero; que en agosto de 2005 procesó al cacique wichi Antonio Cabana y a miembros de esa comunidad, acusados de cortar la Ruta Provincial 86, que en ese momento era intransitable. Ese mismo año, Medina ordenó a Gendarmería Nacional allanar viviendas habitadas por indígenas Guaraníes, en el paraje Caraparí, que se oponían al trazado de un gasoducto. Amigo del gobierno localA finales del año 2006 el vicegobernador de Salta, Walter Wayar, presentó "Seguridad. Bases para una Política de Estado, de respuestas integrales para la eficaz prevención del delito o su represión posterior", un nuevo libro de Medina. La presentación del libro se hizo en el Centro de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg, sede del gobierno de Salta. “Si una sociedad está enmarcada en un clima de paz social y en el respeto hacia el otro, seguramente que es más fácil llevar adelante políticas de seguridad”, señaló Wayar, que a su vez manifestó que el tema seguridad es una preocupación del conjunto social”. Wayar felicitó a Medina quien, dijo “permanentemente vuelca su experiencia y sus conocimientos para que el conjunto de la sociedad y los especialistas de la materia a la que se dedica tengan mayor documentación para nutrirse y fortalecerse en los conocimientos. Espero que como sociedad, sigamos aportando lo mejor de nosotros para una Salta que cada vez más debe ser la provincia que soñaran nuestros antepasados”, dijo entonces el precandidato a gobernador de Salta. Palomitas “el hecho criminal más grave”En las conclusiones de su fallo sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocido en mayo del año 2002, Medina señaló: “Es de esperar que algún día, dentro de no mucho tiempo, uno de los buenos historiadores que tiene la Provincia de salta, se ocupe de investigar cuál fue el hecho criminal más grave de toda la historia. Dejándolo a salvo, es probable que, antes, durante o después de alguna batalla de las muchas que se libraron en lo que hoy es su territorio, en tiempos de la organización nacional, murieran en combate once o más personas. Decimos bien: en combate, o como consecuencia de él. Mientras los archivos no demuestran lo contrario, entonces, el del caso “Cabezas-Palomitas-cabeza de Buey”, es el hecho penal mas grave de toda la historia moderna de la provincia de Salta. Su investigación, es una asignatura pendiente y un espacio abierto que impiden la paz y la reconciliación, toda vez que una y otra son incompatibles sin Verdad, y sin Justicia. Las generaciones anteriores que murieron sin saber qué fue lo que en realidad pasó el 5 de Julio de 1.976; las actuales, que tampoco lo saben; y las futuras, necesitan saberlo. Precisan que la Justicia se ocupe de reconstruir íntegramente aquél día, y los que lo precedieron. Requieren que se establezcan las razones de la orden de traslado, que se diga por qué se escogieron a los trasladados, y no a otros. Demandan que se compruebe quienes dieron las órdenes, en todos sus niveles y quienes las ejecutaron. Exigen que se aclare, de una vez, quiénes diseñaron la versión oficial sobre los hechos. Para concluir, quisieran saber quiénes dispusieron las inhumaciones de cada una de las víctimas; quiénes eligieron los lugares; y quiénes firmaron, en realidad, los certificados de defunción. Mientras todo eso no pase, los objetivos de la Justicia en el Estado de Derecho en la Provincia y en la Nación seguirán inconclusos. Hasta que no pase, la idea de la impunidad, por el momento absoluta, prevalecerá sobre la Verdad. El tiempo, ese juez implacable de los hombres, dirá si este decisorio y su significado, apenas fueron una gota de agua en un inmenso desierto; o si, por el contrario, permitieron abrir el camino para que prevalezcan la Verdad y la Justicia”, concluye el fallo del juez Miguel Medina. Más artículos de la categoría Política |
