Ordenan la detención del ex diputado oficialista Ernesto Aparicio |
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Escrito por el miércoles, 07 de marzo de 2007 (Ha sido leído 4620 veces) En las próximas horas se esperaba el ingreso a prisión de Ernesto Aparicio, ex diputado provincial y dirigente del Partido Justicialista, acusado de integrar una red de narcotraficantes, de operaciones de lavado de dinero y señalado como instigador del asesinato de Liliana Ledesma, vecina de Salvador Mazza que días antes de ser muerta a puñaladas responsabilizó a Aparicio de lo que le pudiera ocurrir. Fuentes policiales admitieron la posibilidad de que Aparicio haya escapado a Bolivia. El juez federal de Orán, Raúl Reynoso, libró la orden de captura cinco meses y cinco días después de ese crimen, cuyas actuaciones no se tramitan en su juzgado. El paso dado por Reynoso da un nuevo impulso a la causa y renueva la confianza en el accionar independiente de la justicia. Aunque se mantiene el secreto del sumario, trascendió que el juez Reynoso ordenó realizar más allanamientos y también la captura de otras personas acusadas de asociación ilícita. Desde el crimen de Liliana Ledesma, su familia, abogados de la Red de Derechos Humanos y de denuncias periodísticas que repercutieron en el Congreso de la Nación, insistieron en señalar a Aparicio como uno de los principales responsables de este asesinato. Durante más de dos meses, el gobierno, los diputados del Bloque Justicialista y el Partido Justicialista, intentaron sostener a Aparicio alegando su inocencia y argumentando que las acusaciones formaban parte de una ofensiva política opositora que apuntaba al gobierno local que, hasta el final, sostuvo que se trataba de “un caso policial común que no debía ser politizado”. Contra esa opinión y en ese momento, el juez federal Abel Cornejo reveló que Aparicio y los hermanos Delfín y Raúl Castedo, a quien el ex diputado está ligado, venían siendo investigados desde los años ’90 por narcotráfico y lavado de dinero. Los Castedo permanecen prófugos. La justicia federal ordenó la captura de Aparicio después de una serie de allanamientos y procedimientos en el Norte de Salta, en el Chaco y en localidades fronterizas de Bolivia. Siguen los procedimientosLos allanamientos incluyeron la casa Aparicio y la de un importante comerciante del departamento General San Martín. El pasado viernes, la Policía de Salta allanó en el estudio de la contadora Silvia Noemí Romero, ubicado en la calle Rivadavia 690, 1° piso dto. 8, de la ciudad de Salta, a metros del edificio de la Legislatura Provincial. La contadora Romero negó tener relación profesional con Aparicio. La operación ordenada por el juez federal sigue abierta. Según el periodista Héctor Torres, de General Mosconi, la semana pasada efectivos de gendarmería realizaron varios allanamientos, “incluyendo la vivienda y el local comercial de Alberto Yudi, uno de los más poderosos comerciantes del Norte del país que tiene depósitos y supermercados en todo el departamento y en la frontera”. Luego de prestar declaración ante la justicia federal, Yudi quedó detenido. Informes de inteligencia citados por “Nuevo Diario de Salta”, señalan a Yudi como presunto integrante de un cartel de narcotraficantes. El delito del que se acusa a Yudi no es excarcelable y puede ser castigado con un mínimo de cinco años de cárcel. Según la Agencia DDN en la República Argentina “hay pocos antecedentes de este tipo de delito, siendo uno de los más conocidos el que involucró a la ex esposa del titular de un cartel colombiano, Pablo Escobar Gaviria. La mujer vivió algún tiempo en la Argentina años después del asesinato de su marido y adquirió aquí bienes suntuarios, especialmente inmuebles, utilizando fondos del tráfico de estupefacientes. El lavado de activos o de dinero es un delito difícil de comprobar y tiene penas de 6 meses a 3 años, por lo que es excarcelable”. “Lo que esta haciendo el doctor Reinoso, es unificar las causas dispersas en contra de los Castedo y Aparicio, caratuladas como Asociación Ilícita y perjuicios al Estado Nacional”, explicó Pedro García Castiella, abogado penalista que lleva el caso de Liliana Ledesma. Según el letrado esta medida judicial permite replantear el tema y solicitar nuevamente que el juez provincial Nelso Aramayo se declare incompetente. La familia de Ledesma dice que Aramayo es amigo de Aparicio y que, además, recibió favores de éste. Mientras la causa no avanza en el juzgado de Aramayo, ahora adquiere un sorpresivo giro con las medidas dispuestas por la justicia federal. El único procesamiento pendiente, recordó García Castiella es el del “Nene” Torres, peón de los Castedo y sospechoso del asesinato de Ismael Tarraga. Más artículos de la categoría Política |