Escrito por Iruya.com, el miércoles, 07 de marzo de 2007 (Ha sido leído 4282 veces)
Con un paro de actividades durante tres horas, los empleados judiciales comenzaron hoy una escalada de medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial del 27%. El gobierno dice que su oferta de máxima es un aumento del 10%. “La propuesta del gobierno no es decente”, opinó María Eugenia Villalba, titular de la Asociación de Trabajadores del Poder Judicial de Salta. Si en las próximas horas el gobierno no responde al petitorio gremial, los empleados pararán veinticuatro horas el próximo jueves 15 y luego la extenderán a 72 horas, el día 21 de este mes. Las medidas escalonadas incluyen un cese total de actividades.
La superposición de conflictos preocupa al gobierno que intenta desactivarlos para evitar que el 1° de abril el gobernador Romero lea su último mensaje a la Asamblea Legislativa rodeado de un clima enrarecido u hostil. En abril de 2005, el gobierno reprimió con inusual dureza la movilización de los docentes en huelga y las imágenes de policías golpeando a manifestantes, ciudadanos que no participaban de la pacífica protesta e, incluso, a legisladores, recorrió el país.
“El gobierno reconoce la legitimidad de nuestros reclamos. Pero aún no tenemos respuesta”, dijeron dirigentes del sector. La Asociación de Trabajadores del Poder Judicial de Salta decidió iniciar medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial. La secretaria general del gremio, María Eugenia Villalba comentó que la decisión de poner en marcha medidas de fuerza surgió después de una reunión entre representantes del gobierno y de la Corte de Justicia, en la que los últimos rechazaron el ofrecimiento de un incremento del 10%. El ministro de Hacienda Javier David, criticó la decisión del gremio de iniciar medidas de fuerza "antes de tiempo", sin esperar los resultados de la primera reunión de la mesa de negociación salarial.
También los taxistas se quejan
Taxistas y propietarios de taxis se movilizaron en reclamo de controles que eliminen el transporte ilegal y que eviten el levantamiento de pasajeros por parte de remises autorizados. La concentración de más de doscientos vehículos se realizó en el Anfiteatro "Cuchi Leguizamón" del Parque San Martín. De allí marcharon hacia la Dirección de Tránsito para finalizar en el Tribunal de Faltas. El taxista Luis Carrizo dijo que el lema de la marcha es "el taxi en la calle y el remis en la base". "Hoy entregamos un petitorio con nuestros reclamos y si la Municipalidad no nos escucha seguiremos con las marchas", informó Carrizo.
“El remis ilegal no puede utilizar un reloj para marcar las tarifas. Eso le corresponde a los taxistas por eso exigimos que controles efectivos”, dijo Jorge Coronel empresario del gremio de taxistas. La falta de controles de remises ilegales perjudica a no sólo a los propietarios coches registrados como taxis, sino también a peones y empleados, pues se reduce su recaudación. “El porcentaje del chofer que es de un 30%, que se reduce por la competencia desleal de los remises ilegales. La tarifa de remises de Salta es la más baja del país: $1.08 la bajada de bandera y 0,10 centavos la ficha, lo que contrasta con los precios de la Ciudad de Buenos Aires donde la bajada de bandera es $2,70. “Es hora de que las autoridades se pongan los pantalones largos y realice los controles como corresponde”.
Marchan los comerciantes minoristas
El motivo del reclamo de los comerciantes minoristas es la aplicación de la ley que obliga a aquellos que venden bebidas alcohólicas a inscribirse en un registro oficial, lo que exige trámites lentos y complicados y el pago de elevados aranceles. Vencido el plazo para registrarse menos de 500 comerciantes iniciaron ese trámite, sobre un total que supera los 5.000. La mayoría de los pequeños comerciantes tienen dificultades para reunir la documentación que exige el gobierno. “Nos manifestaremos frente a la Legislatura porque el gobierno no nos escucha. Hemos demostrado que la reglamentación de esa no sólo no flexibiliza esa norma, como prometió el gobierno sino que complica las cosas. La ley que crea el registro atenta contra la libertad de trabajo, es decir, es inconstitucional.
La entidad que agrupa a los comerciantes minoristas propuso al gobierno integrar un organismo mixto para estudiar el problema del alcoholismo y la incidencia en el mismo de la venta de bebidas alcohólicas. Los comerciantes están sometidos ahora a la rígida vigilancia policial y soportan, además, una caída en sus ventas y la competencia de un mercado negro que rápidamente comienza a reemplazarlos en ese negocio. La Policía de la Provincia está aplicando las primeras sanciones a los comercios que no se inscribieron en el registro. Los sancionados consisten en multas de $300 a $30.000 y también prevé clausuras preventivas y definitivas.
Empleados municipales
Empleados municipales de Salvador Mazza agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) instalaron una carpa frente al edificio de la Municipalidad local iniciando un paro en demanda del pago de aumentos en sus salarios y sus asignaciones familiares dispuestos por leyes nacionales y provinciales. Tres empleados se encadenaron a las puertas del edificio y comenzaron una huelga de hambre. Los empleados reclaman que se cumpla con lo dispuesto en el decreto el decreto 1.338 del año 2006, que establece un incremento salarial de $210 pesos para los empleados municipales de toda la Provincia y del pago de $60 como asignación familiar por hijo.
"No nos dieron nada y el intendente hace oídos sordos a los reclamos", explicó el delegado de ATE, Rubén Moreno. La carpa fue rodeada de policías y gendarmes. La Municipalidad de Salvador Mazza tiene 120 empleados, de los cuales 70 se sumaron al paro, según ATE. Los demás "apoyan nuestra lucha, pero están amenazados por el intendente Ibáñez, que dice que los va a echar si protestan". Ibáñez dice que los trabajadores que están realizando el paro no son representativos del resto de los empleados municipales. "Son 17 personas que no dejan trabajar a más de 100, que no acatan las conciliaciones obligatorias, y están operados políticamente por renovadores, peronistas disidentes y radicales". Dijo que el reclamo era “ridículo, ya el básico de los municipales pasó de $180 a $405, o sea que cobran mejor los docentes".
Los municipales de la ciudad de Orán también iniciaron una huelga en reclamo de un incremento de $250 al salario básico. “Los aumentos otorgados por el intendente Barberá son una burla”, explican. La medida fue tomada en asamblea de trabajadores auto convocados que repudiaron “al Ejecutivo Municipal y a los burócratas sindicales, como cómplices” ya que muchos trabajadores ponen en peligro su vida por la falta de elementos de seguridad para la realización de las tareas. Denunciaron que el intendente “tiene un ejército de changarines que trabajan en negro y tienen una remuneración de $75 mensuales”.
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