El ex diputado Aparicio será expulsado del justicialismo con cuatro meses de retraso |
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Escrito por el martes, 20 de marzo de 2007 (Ha sido leído 3256 veces) Pasado mañana jueves el Congreso Provincial del Partido Justicialista aprobará por unanimidad la cancelación de la ficha de afiliado del ex diputado provincial Ernesto Aparicio, señalado como autor intelectual del asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006 en la localidad de Salvador Mazza, a cuatrocientos kilómetros de la capital de Salta. Desde mediados de los años ’90, Aparicio apareció involucrado en investigaciones judiciales de actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero. No se sabe si el congreso partidario tratará también el pedido de expulsión de la diputada nacional Susana Canela. Sobre Canela pesa la acusación de haber denunciado en Buenos Aires, junto al diputado nacional kirchnerista Miguel Bonasso, las vinculaciones de Aparicio con el narcotráfico. Si ello ocurre, se planteará una situación sin precedentes: Aparicio (acusado) y Canela (acusadora) serían expulsados en la misma sesión del congreso partidario. No parece que esto vaya a ocurrir, pues Canela cuenta con un fuerte aval del kirchnerismo nacional. Las últimas expulsiones de afiliados del PJ afectó a dirigentes que, en junio de 2003, se negaron a avalar la reforma de la Constitución de Salta para habilitar una segunda reelección del gobernador Romero. La lista de sancionados estuvo encabezada por el Julio San Millán, ex senador nacional y líder de la coalición que se opuso entonces a Romero. En noviembre de 2006, San Millán fue designado con rango de ministro por el gobernador Romero. Después de este trámite y del tratamiento de otros asuntos incluidos en el orden del día, los dirigentes justicialistas viajarán a la ciudad de Mendoza para asistir al acto de lanzamiento nacional de la Agrupación 8 de Octubre y de la candidatura del gobernador Romero a la presidencia del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Romero dice que se presentará a las elecciones internas anunciadas para el 17 de junio próximo. “Nadie es dueño del Partido”“Nadie es dueño del justicialismo”, señala el primer documento de esa Agrupación. La malicia opositora se encargó de aclarar que esa frase rige únicamente fuera de las fronteras de Salta, “donde, desde hace dieciséis años, el dueño del Partido Justicialista es Romero que piensa seguir siéndolo con carácter vitalicio”. Dirigentes kircheristas salteños dicen que, a lo largo de toda su historia, la presidencia del partido estuvo en manos del presidente de la República. “Habría que ver si Romero permite que en Salta el Partido Justicialista no esté en sus manos. Si Wayar es gobernador, Romero piensa seguir al frente del partido. Romero no tiene el menor interés en democratizar al partido en Salta”. La postulación de Romero es impulsada por las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas de Salta, conducida por el dirigente del gremio de la sanidad, Eduardo Abel Ramos y por otros grupos sindicales. Las credenciales democráticas de Ramos son muy discutidas aquí. Los organizadores del acto, que enviarán a Mendoza a centenares de adherentes salteños en micros, dicen que “se pone en marcha una gran cruzada”. “El justicialismo se moviliza para reencontrarse con la lozanía de sus verdades y con la vigencia eterna de sus banderas”, dice una declaración del Consejo Provincial del PJ de Salta, que preside el mismo Romero. “Aquí arranca una nueva marcha hacia la victoria”, dice el intendente Miguel Isa. “El justicialismo enciende la antorcha de otra gran victoria”, anuncian los funcionarios de la Cooperadora Asistencial. Ningún dirigente justicialista con proyección nacional asistirá a este acto. La iniciativa de Romero cuenta con la aprobación del ex gobernador de Misiones Ramón Puerta, con la simpatía del gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch y de ex menemistas. Aunque las autoridades del Partido Justicialista no dieron información sobre el tema, se estima que el Congreso deberá considerar también el pedido de expulsión de la diputada nacional Susana Canela, acusada de haber avalado “los agravios de los diputados Miguel Bonasso, Nora César y Remo Carlotto y del periodista Horacio Verbistky contra el gobernador de Salta y contra la Provincia”. A comienzos de octubre, la diputada Canela participó en la rueda de prensa donde Bonasso vinculó Aparicio y a funcionarios de Salta con una trama mafiosa. Hay que expulsar a CanelaEl pasado 10 de octubre un ex concejal del justicialismo presentó un escrito pidiendo la expulsión de Canela por “perjudicar los intereses del Partido Justicialista y afectar el patrimonio moral, intelectual o físico de cualquiera de sus integrantes”. Según la presentación, el Tribunal de Disciplina debía expulsar a Canela, por avalar con su presencia las acusaciones de Bonasso a Romero, aplicando el artículo 32 de la Carta Orgánica. Este pedido de expulsión fue la primera reacción ante estos hechos. “Los dirigentes del oficialismo no sólo no dudaron de Aparicio ni tampoco lo cuestionaron sino que se pusieron toda su energía en exculparlo y en protegerlo. Hasta último momento resistieron su expulsión de la Cámara de Diputados y se negaron a tomar ninguna medida argumentando que Aparicio era víctima de una operación política destinada a desprestigiar al oficialismo y al gobierno de Salta”, dijo un legislador provincial kirchnerista. Horas antes de la renuncia de Aparicio, el oficialista Pablo Kosiner insistió en la improcedencia del desafuero de aquél. Aparicio se vio forzado a renunciar a su banca el 7 de noviembre de 2006, treinta y siete días después del crimen de Liliana Ledesma, de 39 años, viuda y madre de dos hijos. Aparicio es uno de los caudillos políticos más importantes del Departamento San Martín. En el currículum publicado en medios oficiales, Aparicio aparecía como asesor del gobernador de Salta. Aparicio formó parte del comando electoral de la campaña de la fórmula Carlos Saúl Menem - Juan Carlos Romero en abril del año 2003. Hasta días antes de su fuga a Bolivia presidió reuniones de apoyo a la candidatura del vicegobernador Walter Wayar. Cuando, en el año 2005, se le preguntó a Wayar por los motivos de la detención de Aparicio en 1991, explicó que había sido demorado por contrabando de chicles (goma de mascar) y de pilas. Aparicio tuvo que dimitir luego de que la familia Ledesma y diputados nacionales lo señalaran como autor intelectual de ese crimen. A comienzos de noviembre pasado, la senadora nacional Sonia Escudero dijo que el caso Aparicio no era político y que no correspondía el desafuero. “Es un hecho policial”, dijo. Un simple hecho policialCuando se produjo el crimen, los medios de comunicación oficialistas dijeron que se trataba de un hecho policial, presentando a la víctima como “una vendedora de huevos”. “El crimen es un hecho policial”, aseguró entonces el secretario de Seguridad de Salta. “Es uno de los tantos crímenes que suceden en la frontera”, relativizó Aparicio. “Se está desatando una caza de brujas”, exageró un legislador provincial. “Es una bajeza sacar provecho político del dolor”, señaló el diputado oficialista Pablo Kosiner. “Es un típico ajuste de cuentas entre narcotraficantes”, señalaron los medios oficialistas los que recordaron que Gilberto Villagómez, esposo de Liliana Ledesma, fue asesinado en 1999 en la frontera. El nombre de Aparicio volvió a ser mencionado tras la detención de María Gabriela Aparicio, hermana suya que estaba discutiendo con Ledesma cuando ésta fue herida a puñaladas por dos hombres, que luego cortaron sus labios. El secretario de Seguridad de Salta restó entonces importancia a esa detención: “es una circunstancial cuestión de parentesco”, opinó. En una entrevista realizada por la periodista Marta César a Ledesma, veinte días antes de que ésta fuera asesinada, Ledesma responsabilizó a Aparicio de lo que le pudiera ocurrir. La entrevista quedó grabada y fue reproducida por la periodista después del crimen. El jueves 5 de octubre, en una conferencia de prensa realizada en el Congreso de la Nación, los diputados nacionales kirchneristas Miguel Bonasso, Nora César (hermana de la periodista Marta César) y Susana Canela, denunciaron la existencia de una trama donde se entretejen actividades del narcotráfico en la frontera con Bolivia, lavado de dinero, grupos mafiosos y componentes políticos. La embestida de los legisladores fue acompañada de un artículo de Horacio Verbistky en el diario “Página 12” en el que vinculó a funcionarios del gobierno de Salta con esa trama. Los medios de comunicación oficialista dijeron entonces que aquella denuncia era parte de “la conspiración del puerto de Buenos Aires contra Salta y contra los salteños”. “Es un nuevo avance de Kirchner sobre la autonomía de Salta”, afirmó “Crónica del NOA”. Otros recordaron que Bonasso había sido jefe militar de Montoneros en los años ’70. Algunos lo rebautizaron “Botonazo” (“chivato”, “delator”) y lo calificaron de “personaje siniestro”. Teoría de la conspiraciónBonasso habló en la conferencia de prensa “munido de una desbordante cantidad de curare”, anotó un periódico local. “Los porteños quieren hacer de esto un nuevo caso María Soledad en Catamarca para desestabilizar al gobierno de Salta”, fue otra de las explicaciones del oficialismo. Como en otras ocasiones, el gobierno encontró un argumento para defenderse en la teoría de la conspiración. Cuando se acumularon pruebas que demostraban las vinculaciones de Aparicio con los hermanos Castedo y la de todos ellos con una red de narcotráfico y lavado de dinero con ramificaciones internacionales y cuando el gobierno comenzó calcular el costo político que podría pagar por sostener a Aparicio, decidió invitarlo a renunciar para evitar recurrir a la expulsión. El 24 de octubre el ministro de Gobierno de Salta recibió a la familia Ledesma y anunció que el gobernador había firmado el decreto que autorizaba el pago de $50.000 a las personas que dieran información sobre el crimen. En su propósito de tomar distancia de Aparicio, el 12 de diciembre d 2009 el gobernador Romero invitó a su despacho a los familiares de Liliana Ledesma a los que garantizó que investigaría a fondo el crimen. Más artículos de la categoría Política |