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Conflictos a doce años de mandato

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Escrito por Andrés Gauffin, el lunes, 26 de marzo de 2007 (Ha sido leído 2813 veces)
Un artículo del diario El Tribuno informaba, a título de  elogio, que a Virgilio Choque –secretario general de la ADP-, nadie ha podido ganarle una elección desde 1991. “Está ya en su sexto período consecutivo, e incluso ha logrado sortear, exitosamente, una intervención”.

El hombre, se concluye, es un campeón para quedarse en el puesto. Profesor de historia, tal vez logre quedar en los anales del gremio como uno de los más longevos, aunque lo suyo, desgraciadamente, no amerita para un programa de casos insólitos.

Elija a cualquier sindicato provincial o nacional y pregunte hace cuánto está en su puesto el secretario general. La respuesta será, seguro, de dos dígitos, aunque vengan degollando en el Indec.

¿Alguien tiene vida y memoria suficiente para decir con certeza hace cuanto que está Zanola en los bancarios? ¿Y Cavalieri? ¿Y Marocco en el Sindicato de Prensa local? ¿No habrá que sustituir la frase –anticuada y con aire de cristiandad- de “cada muerte de obispo”, por la más actual y entendible de “cada recambio de secretario general”?

Nadie, en la Argentina, quiere irse a Sevilla. Ni el gobernador Juan Carlos Romero. Elegido para un período de cuatro años, se sintió excusado de la ley que le obligaba a dejar el cargo al término de ese período. Se quedó doce, modificaciones constitucionales ad hoc mediante. Es legítimo ahora sospechar que no se va por respeto a la ley, sino sólo por olfato.

Pero a la extensión de su mandato sumó la centralización del poder político. Cabe por ejemplo preguntarse, si, casi doce años después de iniciada su gestión, los municipios están en mejores condiciones para tomar las decisiones que le corresponden o deben limitarse a esperar las señales y los fondos del Grand Bourg.

No cabe preguntarse nada, en cambio, de la Legislatura.

Algunas fantasías echadas a rodar sin inocencia acompañaron este proceso. La construida imagen de un hombre ejecutivo y decidido al frente del gobierno era el complemento imaginario de lo que en verdad era la concentración de las decisiones en una sola persona. En una sociedad donde se cortaban los canales de participación era necesario, también, azuzar hasta el hartazgo el sentido de la pertenencia y del orgullo “de haber nacido en esta tierra”.

Banderas, monumentos, himnos y eslóganes en los documentos oficiales: ya que los salteños tomaban cada vez menos decisiones políticas acerca de su presente, era necesario que se sintieran parte de una gran historia.

ADP –como otros gremios- tampoco escapó a esa tendencia. Su rol en los últimos 12 años sólo puede entenderse en el contexto de una acentuada tendencia a la concentración de poder político en Salta. Así, Choque pudo ganar seis elecciones consecutivas y hasta sortear intervenciones … sólo para convertir al gremio en un despacho del Grand Bourg.

Al mismo tiempo que las dos reelecciones de Romero favorecieron la concentración del poder en sus manos, las sucesivas reelecciones de Choque vaciaron de sentido gremial a la ADP. Ahora, al tiempo que canta loas a los seis comicios ganados por el dirigente, El Tribuno tiene que admitir que el secretario general no es un interlocutor válido para superar el conflicto.

Al pretender superar los límites que le hubiera impuesto un gremio docente democrático y representativo, el gobierno alentó indirectamente el surgimiento de conflictos con demandas y medidas de máxima. Pues sólo un gremio democrático y representativo –y en el que haya un regular recambio en la conducción- puede canalizar el diálogo moderado que invocaron los funcionaros el Grand Bourg.

Caben entonces las preguntas. ¿Era más conveniente para el gobierno tener un gremio participativo, con rotación de dirigentes y una conflictividad tal vez más permanente pero también más canalizable a través del diálogo?

¿O, lo que finalmente ha escogido, contar con un gremio dócil pero no representativo, con dirigentes eternos que al no articular demandas de la base dejaban abierta la posibilidad –después de algunos meses de calma chicha- de que los desborde un conflicto que se juega al todo o nada?

Las preguntas, sin embargo, también pueden hacerse en torno a las estrategias de los docentes. No sólo es legítimo evaluar si a mediano o largo plazo no obtendrían mejores resultados a través de la negociación cotidiana encabezada por un gremio participativo, que a través de medidas de máxima tomadas cada dos años. También pensar si el estado de asamblea permanente, el paro por tiempo indefinido y las huelgas de hambre son sostenibles en el tiempo y pueden garantizar la unidad del sector.

En otras palabras, ¿conviene a los docentes promover una campaña de desafiliación masiva o, por el contrario, encarar una estrategia de largo plazo que impida la perpetuación de dirigentes en el sindicato y favorezca la participación y el recambio? ¿Es el recambio de los dirigentes una debilidad –como parecen sugerir siempre los dirigentes atados a su puesto- o puede ser una fortaleza, al ampliar el abanico de la participación?

Pero no son estas, ahora, las preguntas más urgentes para la provincia en general, cuando empezamos a transcurrir los últimos meses de una gestión gubernamental de 12 años. Lo urgente es reflexionar si la extensión de un mandato gubernamental, más allá de los límites que habían sido previstos inicialmente, sumada a la concentración de poder político, no termina generando tensiones sociales de superación incierta.

Lo necesario es evaluar, si por apostar a la gestión de un hombre en apariencia insustituible para lograr “la transformación” de la provincia, la sociedad salteña no se ha hecho finalmente más débil para afrontar institucionalmente sus propios conflictos.


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