La Asociación de Periodistas de Salta denuncia amenazas |
|
|
|
Escrito por el jueves, 29 de marzo de 2007 (Ha sido leído 2730 veces) La Asociación de Periodista de Salta (APES) denunció y condenó las amenazas a la vida de la periodista Romina Chávez y a la de sus hijos. Chávez Díaz es periodista del periódico digital “Salta Libre”, en cubre la información referida a la huelga docente. La APES difundió hoy una declaración con la firma de su presidente, Gregorio Caro Figueroa en que advierte sobre las presiones por parte del gobierno de Salta a periodistas críticos y no subordinados a las directivas oficiales referidas a la información sobre el conflicto docente. La Asociación de Periodista de Salta dice que “la propaganda política no puede sustituir a la información pública”. No pedimos privilegios sino respeto a los derechos constitucionales, dice la APES. Este es el texto completo de esa declaración: “La Asociación de Periodistas de Salta manifiesta su preocupación por las presiones abiertas o encubiertas, por los actos de intimidación, por las restricciones directas o sutiles, y por la campaña de ocultamiento, desinformación y manipulación que, desde el gobierno de Salta y círculos a él vinculados, se está ejerciendo para coartar el ejercicio de la libertad de informar y obstaculizar el trabajo de periodistas no sujetos a directivas del poder, acallando el disenso y la crítica. Esta Asociación de Periodistas condena las amenazas a la vida de nuestra colega y asociada Romina Chávez Díaz y a sus hijos. El carácter anónimo de las mismas no disminuye su gravedad; por el contrario, la agrava. La experiencia padecida en los años ’70 en materia de amenazas, y las características de la que acaba de recibir Romina Chávez Díaz, la hacen verosímil e imponen la necesidad de denunciarla con toda la responsabilidad y la firmeza con la que debemos hacer frente a este tipo de actos prepotentes. Nuestra preocupación se extiende a esas otras amenazas que asoman en Salta, las que comprometen la libertad de expresión y el derecho a la información. Ante los conflictos en curso, el gobierno parece dispuesto a ratificar y a profundizar su permanente tendencia a sustituir la regla del libre acceso a la información pública y del pluralismo informativo, que todo Estado democrático debe garantizar, por una costosa, agresiva y nada transparente campaña de propaganda política basada en su negativa a asumir los datos de la realidad, ocultando sistemáticamente la verdad. Sobre esas bases no se pueden construir buenas políticas y tampoco se puede aspirar a mejorar la calidad de las instituciones. La falta de transparencia informativa es caldo de cultivo del autoritarismo, y ambos, de la corrupción. La verdad es un valor que no puede sacrificarse a la voluntad de ningún poder, bajo ningún pretexto. Apartarse de la verdad, alguna vez, puede ser producto del error. Pero apartarse sistemáticamente de ella demuestra, sin lugar a dudas, que se intenta construir un sistema apoyado en el engaño y la mentira. Cuando un gobierno incurre en esa práctica de modo deliberado y permanente, lo que hace es saltar de la mentira a la mendacidad. Es decir, convierte en sistema el engaño y la mentira ocasional, a los que confiere así rango institucional. Las democracias no pueden asentarse sobre la mendacidad, pues ésta no sólo termina por destruir sus cimientos, destruyendo la confianza y credibilidad, y provoca heridas, a veces incurables, en el tejido social. Como profesionales de la información no somos ajenos a los problemas sociales que afrontan los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Como trabajadores de prensa, tampoco somos indiferentes a unas demandas de equidad y de justicia, que responsablemente asumimos como propias. Estamos convencidos de que la información libre y la verdad son un valor fundamental de las sociedades y las instituciones democráticas. Con la misma convicción afirmamos que ambos son un componente principal del respeto y la calidad de vida a la que aspira nuestra sociedad, cuya madurez no se compadece con el ocultamiento, la intimidación, la discriminación, el servilismo y el miedo. Los periodistas no estamos pidiendo derechos especiales y, menos aún, tratos de privilegio. Lo que demandamos es el respeto, la vigencia y el cumplimiento estricto y pleno de los derechos que consagra la Constitución Nacional. La garantía de los derechos de los ciudadanos necesita de una prensa independiente de los gobiernos, libre, plural, crítica, abierta a la sociedad a la que sirve, sin miedos ni servilismos”. Gregorio A. Caro Figueroa. Presidente de la Asociación de Periodistas de Salta Más artículos de la categoría Sociedad |