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Noticias Salta Economía El gobierno anuncia la derogación de la Ley de Emergencia Económica días después de prorrogarla
Noticias Salta Economía El gobierno anuncia la derogación de la Ley de Emergencia Económica días después de prorrogarla
sáb
31
jul 2010
| El gobierno anuncia la derogación de la Ley de Emergencia Económica días después de prorrogarla |
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Escrito por el martes, 03 de abril de 2007 (Ha sido leído 5214 veces) El gobernador de Salta anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para modificar, “con pautas más estrictas que la anterior”, la Ley de Disciplina Fiscal. Según el mandatario, esa nueva ley “permitirá derogar inmediatamente la Ley de Emergencia Económica”. Romero hizo este anuncio treinta días después de la firma del decreto que prorrogó esa norma que debía regir un año y cuya vigencia se prorrogó todos los años, desde hace diecisiete. En noviembre de 2006, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Romero prorrogó un año más la vigencia de esa Ley, cuya derogación ahora impulsa al final de su tercer mandato. Ante el silencio de la legislatura, la medida fue ratificada el 1º de marzo pasado. Los legisladores provinciales se enteraron de esta prórroga por los medios de comunicación y por el Boletín Oficial. Aunque la Constitución de Salta establece que el Poder Ejecutivo sólo puede dictar esos decretos en situaciones excepcionales, en donde esté gravemente amenazado el “funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales”, el gobierno soslayó nuevamente al Poder Legislativo en este trámite. La Ley número 6.583 se sancionó el 15 de marzo del año 1990 y fue reglamentada por decreto el 21 de agosto de ese mismo año. La ley entró en vigencia cuando el gobernador Hernán Hipólito Cornejo iniciaba el tercer año, del total de cuatro de su mandato, iniciado el 10 de diciembre de 1987. Cornejo dijo entonces que recibió una Provincia con una gravísima situación en las finanzas públicas y un gran desorden administrativo del Estado. Horas después de asumir el cargo, se admitió que el Banco Provincial de Salta estaba quebrado y cerró por unos días. La Caja de Previsión social tenía un enorme déficit y circulaba el Bono Salteño, una cuasi moneda que abrió paso a la distorsión y la especulación que enriqueció a funcionarios del gobierno (1983-1987) que la puso en circulación. La deuda provincial alcanzaba cifras récord y los recursos habían caído a uno de sus niveles más bajos. Al finalizar el gobierno de Raúl Alfonsín y al comenzar el de Carlos Menem, la crisis económica de la Argentina, que incluyó la hiperinflación, golpeó con dureza a la economía provincial. La situación se prolongó durante los cuatro años del gobierno de Roberto Augusto Ulloa. A mediados de los años ’90, el fin de la hiperinflación, la caída de los índices inflacionarios a niveles desconocidos en más de sesenta años y la recuperación de la economía argentina y de la local, no modificaron el criterio sobre esa norma que, desde entonces y hasta ahora, fue prorrogada. Aunque, desde hace años, el gobierno destaca como logros el equilibrio fiscal y el superávit y, al amparo de esa ley, llevó adelante la privatización de empresas del Estado, decretó la cesantía de más de cinco mil empleados públicos, suprimió organismos estatales, la ley siguió vigente y se aplicó con criterio selectivo. Aunque la ley estableció la suspensión de subsidios, subvenciones, regímenes promocionales y execenciones tributarias, el gobierno siguió recurriendo a estos beneficios bajo otras modalidades, en aquellos casos que la llamada “decisión política” lo aconsejaban. La ley fue prorrogada pues con ella el Estado pudo eludir juicios contra él, congelar vacantes en planta permanente, disponer la reubicación de empleados, suprimir organismos públicos, suspender regímenes especiales de remuneraciones, establecimiento del retiro voluntario de empleados públicos y venta de bienes muebles e inmuebles y de empresas del Estado y también la intervención a entes y empresas estatales. La Ley de Emergencia Económica establecía un régimen de contención del gasto público y suspendía por ciento ochenta días el 50% de las franquicias otorgadas a personas físicas o jurídicas acogidas a distintos regimenes promocionales. Entre ellos, a actividades económicas, promoción industrial, minera, turística, planta de acopio de granos y fondo especial para la promoción industrial. En los últimos once años, el gobierno destinó casi 170 millones de pesos para estimular emprendimientos privados. La ley recortaba los viáticos y los gastos en ceremonial, cortesía y homenajes. En los últimos años esos gastos se incrementaron a niveles sin precedentes en la administración local y el gobierno se niega a dar información sobre los mismos. El gobierno debía informar mensualmente sobre sus gastos en publicidad oficial, obligación con la que no cumple el actual gobierno. En su capítulo décimo establecía las restricciones a las designaciones y a las contrataciones de personal de planta permanente. |
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