Entre la represión y el dejar hacer, el gobierno aparece sin mapa y sin brújula

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Escrito por Iruya.com, el martes, 10 de abril de 2007 (Ha sido leído 2860 veces)
A varios gobiernos provinciales, y también al de la Nación, la crisis por las demandas salariales del sector público parece haber provocado la quema de sus papeles. Prisionera del corto plazo, de un excesivo triunfalismo y de una peligrosa creencia en su omnipotencia, gran parte de la clase política argentina, aparece hoy perpleja, sin atinar a buscar seriamente un horizonte de salida. Los gobiernos dan la impresión de estar sin mapa y sin brújula y, lo que es peor, con escasa disposición a replantearse el rumbo. Ayer Kirchner apeló a “la convivencia y la racionalidad”, dos elementos que él mismo desterró de la política argentina en los últimos años.

Los reproches se cruzan como espadas filosas, pero torpemente esgrimidas. Los gobernadores trasladan parte de la responsabilidad a un gobierno nacional que se regodea por tener las arcas bien colmadas gracias a recaudaciones sin precedentes, pero que sigue marginando a las provincias, negándoles un reparto más equitativo en esas rentas. Según el diario “La Nación”, citando estimaciones confiables, este año la deuda pública de las provincias ascenderá a 87.000 millones de pesos para fines de 2007. “El 70% de esa deuda está en manos del gobierno nacional. Hace apenas cinco años la deuda de las provincias era de 68.000 mil millones y apenas el 15% estaba en manos del gobierno nacional”.

El Gran Bonete


El presidente Kirchner apunta su índice acusador a los gobernadores que no forman parte del disciplinado coro de la Casa Rosada. Lo hace fingiendo olvidar que Santa Cruz, su provincia, está envuelta en la misma crisis y en el mismo desorden que Neuquén o que Salta, cuyos gobernadores replican apuntando al gobierno nacional que habría desatado las protestas con “el demagógico anuncio aumento salarial que hizo Filmus”. En Salta, los seguidores de Kirchner culpan a los “representantes de la vieja política” por la situación, olvidando que hoy detrás de Kirchner se encolumna lo más selecto de ese club, entre ellos, el veterano y vitalicio intendente de Lanús, Manuel Quindimil.

Por su parte, el ministro Filmus dijo que “el gobierno nacional no puede hacer nada porque la ley no nos permite hacer nada”. Cuando se le preguntó de qué modo podía resolverse el conflicto en Salta, Filmus respondió: “Con negociación entre las partes. Los 1040 pesos están garantizados”. Unos y otros denuncian la paja en el ojo ajeno, ignorando a la viga que está en el propio. Unos y otros prefieren jugar el juego del Gran Bonete.

Romero dice que los ingresos de la Nación se multiplican, sin que esto modifique los porcentajes que reciben las provincias. “La coparticipación federal no es una ayuda que da el gobierno nacional. Son recursos propios de las provincias”. Pero también Romero asegura que Salta no necesita de la Nación, que la Provincia tiene buena salud económica. Aunque “La Nación”, de acuerdo a fuentes oficiales, “Salta recauda apenas el 20% de los recursos que necesita. El 80% restante lo aporta la Nación”.

De la omnipotencia a la evaporación


Nadie quiere ser el destinatario de la masiva protesta de ayer en todo el país. Ni siquiera Sobisch se da por aludido. Tampoco el gobernador Romero que, fiel a su estilo y cuando las dificultades arrecian, siempre encuentra el modo de desaparecer de escena. “Romero es un duro que se evapora”, dicen aquí. Nadie quiere hacerse cargo de la situación. Menos todavía el presidente Kirchner quien aprovecha la situación para cargar contra los gobernadores que no le son fieles, olvidando la crisis docente, la ocupación de escuelas con fuerzas de seguridad y las carpas en Santa Cruz, y exaltando la inacción como política de Estado.

En Salta, como siempre también, el vicegobernador Wayar parece atacado de afasia, lo mismo que los voceros del oficialismo. "Sobisch ya es un muerto político y ahora vienen por Romero", dijo un periodista oficialista que, cuando entrevistaba al ministro de Gobierno, dijo que Romero “debería hablar a su pueblo”. A lo que el ministro Víctor Manuel Brizuela respondió: "el gobernador hablará hoy al pueblo y estamos pensando llevarlo (sic) algún día de esta semana a su programa de televisión". Romero había anunciado que hablaría después de Semana Santa, aunque ayer se decía que estaba fuera del país.

Esta madrugada la policía tuvo que cortar el alambrado perimetral de la sede gubernamental “para que el ministro de Hacienda Javier David y otros funcionarios pudieran huir por la parte de atrás”, informa el periódico digital “Salta libre. Hoy mientras grupos de manifestante bloqueaban los accesos a la ciudad de Salta y cercaban los accesos a la sede gubernamental de Salta y los empleados de la justicia iniciaban medidas de fuerza, la Secretaría de Prensa de la Gobernación, como si estuviera en Groenlandia, prefería colgar en el portal oficial estos temas:

Entre el estatismo y el dejar hacer


“Se realizó el lanzamiento de un centro de tratamiento de adicciones en Tartagal. Brizuela se reunió con el responsable nacional de lucha contra las drogas. Salta volvió a marcar un nuevo record en esta Semana Santa Legisladores italianos interesados en generación de biocombustibles en Salta”. Los medios de comunicación que controla el gobierno de Salta critican hoy la censura de prensa del gobierno en Santa Cruz la que, dice, “no perdona a las manifestaciones gremiales”, sin reparar que son las mismas prácticas del gobierno de Salta. Esto es lo del muerto que se asusta del degollado. Para la prensa oficialista local, la protesta fue contra Sobisch, contra el ministro Filmus e, incluso, contra Kirchner.

Entre la represión como receta de esos “gobernadores duros” y el aparente dejar hacer del presidente Kirchner, se abre la ancha y hasta ahora no transitada avenida del Estado de derecho. La sociedad argentina está hoy apretada por la tenaza de la represión de la protesta social, con similares recursos y estilo que el usado por gobiernos de fuerza y el dejar hacer de un gobierno nacional que, en esta materia, abraza el liberal laisser-fair, laisser-passer (“no oponerse, permitir”) mientras enarbola el más crudo intervencionismo estatal al momento de imponer precios máximos y de controlar los índices de inflación.

En uno y en otro caso, los grandes ausentes son los mecanismos y los procedimientos institucionales que una democracia tiene para resolver los conflictos. Incapaces de descifrar las señales de una realidad cambiante y compleja, los “gobernadores duros”, antes que comprender la situación, prefieren atribuir las protestas a los “agitadores de siempre” o, en el mejor de los casos, a una situación patológica no prevista en sus guiones. El secretario de Turismo de Salta dice que las acciones de protesta le hacen daño a la Provincia. Sumado a la teoría conspirativa, el funcionario se preguntó “¿No será que quieren hacerle el daño a la Provincia?”

Apagar el fuego con gasolina


Como si no fuera suficiente, el ministro de Gobierno de Salta ahora dice que están llegando infiltrados de Buenos Aires, a los que el diario del gobernador añade los que vienen de Tucumán. ¿Acaso hay en Salta 8.000 “infiltrados de izquierda”? ¿O, ellos sólo son treinta con capacidad de manejar a su antojo a los otros 7.970 manifestantes? Hasta esta mañana los medios oficialistas siguieron agitando esta acusación a la que añaden la afirmación de la baja productividad de los docentes: “son vagos, tienen tres meses de vacaciones, son mal educados, no están capacitados”, “la única violencia que hay en Salta es la de los huelguistas que quieren aquí un muerto con en Neuquén”, son frases de una agresiva y, por momentos, sarcástica campaña oficialista que no aporta ideas y sólo arroja gasolina al fuego.

Frente a la crisis y a las protestas, primero, los gobernantes mostraron indiferencia y guardaron silencio; luego, ordenaron reprimir, y recién cuando un policía “excedido” mató a un docente, llaman al diálogo. ¿Acaso el sentido común democrático no enseña que no se debe poner el caballo detrás del carro? ¿Acaso esos “gobernadores duros” no dijeron lo mismo, casi con las mismas palabras, que Kirchner cuando en su discurso en La Matanza acusó a los docentes de “extorsionadores”?

Hugo Yaski intenta imposibles equilibrismo para condenar a Sobisch y a Romero, evitando rozar a Kirchner. Aunque, presionado por las imponentes movilizaciones de ayer, por primera vez, tuvo que pedir "terminar con el autoritarismo de Neuquén, Salta y Santa Cruz". Todo el mundo sabe que en Santa Cruz el que manda es Kirchner no el gobernador Sancho, sentado en el sillón de gobernador por el propio presidente.

Maximalismos peligrosos


La prensa oficialista de Salta se muestra escandalizada por el carácter oficialista kirchnerista del secretario general de la CTRA, Hugo Yaski, pero sigue mirando con buenos ojos que en Salta el gremio adherido a la CTRA sea oficialista romerista. Yaski, además de anunciar el paro en repudio a la represión en Neuquén y en Salta, dijo que su organización denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de la Educación a los gobernadores Jorge Sobisch y Juan Carlos Romero “como responsables de “los actos brutales con que se pretende responder a las legítimas demandas de los docentes”.

Ni la nacionalización del conflicto, como recurso para repartir y diluir las propias responsabilidades, como pretenden algunos gobiernos provinciales, pero tampoco la pretensión de “provincializar” la exclusividad de esas responsabilidades, como quieren los funcionarios nacionales, parecen caminos correctos para resolver el tema. Tampoco lo son los intentos de conducir el conflicto hacia callejones sin salidas, desde maximalismos cruzados y peligrosos, como pretenden la ortodoxia monetarista y, desde el otro extremo, ciertos grupos minoritarios de una izquierda empeñada en poner un sello sectario a un reclamo que ya excede el campo docente, y se extiende a amplios sectores de la sociedad.

Los docentes argentinos, y con ellos los de Salta, no se han echado a las calles para conquistar en Palacio de Invierno y, menos aún, para tomar el cielo por asalto. Han salido para recuperar un mínimo de nivel de sus deprimidos salarios y para recordar a los gobiernos que la educación es una inversión, sin la cual no hay aumento de la productividad, no hay eficiencia, no hay crecimiento económico y, en suma, no es hay mejor calidad de vida. Si estos conflictos no pueden resolverse con mentalidad democrática, antes que autoritaria, y tampoco pueden hacerlo recurriendo a mecanismos democráticos, antes que a la fuerza, lo que está en riesgo no es una demanda salarial sino el sistema mismo. Sin mapa y sin brújula la nave, en la que estamos embarcados todos, irá a la deriva.


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