Cautela en torno a la conciliación docentes-gobierno promovida por el juez Costas
Escrito por Iruya.com, el jueves, 12 de abril de 2007 (Ha sido leído 2973 veces) Cautela, discreción y moderadas expectativas acompañaron la apertura de la primera audiencia de instancia conciliatoria entre representantes de los docentes en huelga y representantes del gobierno de Salta. Las partes manifestaron su interés en la continuidad de este debate que proseguirá hoy.
Es necesario tener en cuenta que el objetivo de esta mesa de diálogo es el bien de la sociedad, dijo el juez Luis Félix Costas al iniciar la primera reunión que se extendió tres horas y media. La discusión está centrada en el salario básico y la recuperación y en el pago de los días de huelga.
Por el sector docente participaron los dirigentes Víctor Gamboa y Estela Ortega y en representación del gobierno, la ministra de Educación María Ester Altube. Las reuniones se realizan en el Salón de Grandes Juicios, en Ciudad Judicial. Antes de iniciarse el encuentro, se conocieron declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia relacionadas con estos conflictos.
Volver a la normalidad
Ricardo Lorenzetti afirmó que es “necesario que el Estado dé respuestas rápidas y claras a los reclamos sociales, para desalentar así los cortes de rutas y calles y, a su vez, es necesario que la protesta social también vuelva a sus cauces normales. Estamos en un proceso, pero la Argentina, sus instituciones y la sociedad deben volver a la normalidad”.
Tanto las instituciones como la forma de manifestar el descontento social deben volver a la normalidad y evolucionar hacia el Estado de derecho. “Necesitamos ser una sociedad organizada”, señaló Lorenzetti. El magistrado advirtió que el Poder Judicial no puede resolver todos los conflictos sociales.
Ricardo Lorenzetti
Añadió que el crecimiento económico será vulnerable si no es acompañado por el desarrollo y el mejoramiento de las instituciones. Otro ministro de la Corte Suprema, el salteño Carlos Fayt, dijo al diario “La Nación” que "el Estado de Derecho y democrático debe ser inteligente, planificador y gradualista, orientado a la disminución de la exclusión social, de la asimetría social y económico".
Estas opiniones difieren de la percepción que existe en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales alineados con Kirchner y con los que buscan delimitarse de él. La posición del oficialismo nacional es relativizar, al menos hacia fuera, estos conflictos, reafirmando la política de no reprimir las protestas y adjudicar las mismas a tensiones sociales que serían propias de periodos de bonanza económica.
Permisivos y represivos
Gobiernos provinciales como los de Sobisch o Romero en Salta enfatizan en la presencia de infiltrados en estas protestas y en el mantenimiento del orden. Un canal de cable nacional dedicó la mitad de su programación a un duro cuestionamiento al gobierno de Salta y al oficialismo local el que, se dijo, “está infiltrado por el narcotráfico”.
En Salta el juez Costas recordó a docentes y gobierno la necesidad de suspender todas aquellas medidas que puedan afectar esta instancia de conciliación. La mayoría de los huelguistas está actuando con prudencia, allanando el camino abierto por el magistrado.
Un vocero de los huelguistas apostados en el peaje del principal acceso a la ciudad de Salta sobre la Ruta Nacional Nº 9, explicó que realizan cortes intermitentes y los manifestantes permanecen al costado de la ruta. Un sector minoritario de docentes está cuestionando esta vía de conciliación y uno de sus voceros, con demandas de máxima y desde posiciones intransigentes, criticó a Gamboa.
El juez Luis Félix Costas abrió esta instancia en el marco de la acción de amparo interpuesta por los docentes Víctor Orlando Gamboa y José Jorge Aramayo con el patrocinio letrado de Tania Kiriaco y Verónica Spaventa en contra de la resolución 617 del Ministerio de Educación. Esta causa se tramita con el número 22767/7. Si esta instancia conciliatoria fracasara, inmediatamente deberá retomar el trámite del amparo hasta su resolución.
La izquierda rechaza la conciliación
En un comunicado el Partido Obrero (PO) criticó la declaración sobre el conflicto que aprobaron todos los bloques de la Cámara de Diputados de Salta, no avalada por el PO. La agrupación afirma que se ha llegado a esta situación “no por una falta de acuerdo entre docentes y gobierno en una ‘puja distributiva’ sino porque el gobernador pretende fijar en forma unilateral los salarios e ignorar las demandas del magisterio, lo que ha hecho todos los años durante más de una década”.
No se puede hablar “puja” como si el Poder Ejecutivo “fuera una camarilla de negocios que busca arrancarle ingresos a los sectores sociales que viven de su trabajo. Si el poder ejecutivo participa de una ‘puja distributiva’ con un sector del pueblo debe ser desalojado del poder, porque la Constitución no admite la defensa de intereses particulares o privados por parte del Estado”.
“Este año la provincia tendrá casi 500 millones de pesos extras por encima de lo presupuestado. A esto añade que las exportaciones en Salta alcanzaron una suma cercana a los 3 mil millones de pesos en 2006, reportando escandalosos beneficios para sectores que no aportan nada al Estado y son beneficiarios de un festival de subsidios. Es de estos sectores de donde deben salir los recursos para salarios, salud, educación y las obras públicas prioritarias para la población”.
El Partido Obrero critica el interés y la urgencia del oficialismo y sus aliados para aprobar sobre tablas asuntos relacionados con negociados privados, lo que contrasta con el absoluto desinterés para actuar frente hechos de espionaje contra la docencia, la represión en Neuquén y en Salta, las amenazas del gobierno y sus resoluciones que atacan el derecho a huelga y a pedidos de interpelación al secretario de Seguridad y de la del ministra de Educación.
