La pobreza del debate político salteño (4ª Parte) y última |
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Escrito por el jueves, 03 de mayo de 2007 (Ha sido leído 3920 veces) En las tres notas anteriores de esta serie (1, 2 y 3), he intentado pasar revista a la situación política de la Provincia de Salta en este tiempo de campaña que corre, y aportar algunos elementos analíticos que ayuden a situar los términos del debate y a diluir la intencionada confusión que promueve el Segundo Romerismo con el concurso convergente de sus dos alas encabezadas, respectivamente, por los señores Walter WAYAR y Juan Manuel URTUBEY. Mi aporte, sin negar la existencia de tensiones, incluso graves, en el seno de la actual mayoría que lidera con mano férrea el señor Gobernador de la Provincia, advierte sobre la radical incapacidad de ambos sucesores para imprimir a Salta un giro político que la transforme en una república democrática dejando atrás al régimen inaugurado en 1983 y que se arrastra desde entonces, con los dos breves y traumáticos interregnos que dirigieron los señores Roberto ULLOA y Hernán CORNEJO. En los párrafos que siguen, avanzaré en la caracterización de una propuesta política a la que presento aquí bajo una denominación algo extensa y quizá pretenciosa, razón por la cual me apresuro a pedir las disculpas del caso: Una Alternativa Republicana y Democrática para Salta Esta agenda deja intencionada y provisoriamente de lado los asuntos que normalmente suelen incluir, con intención retórica y formalista, los “programas electorales” al uso por los partidos políticos locales, tales como educación, salud, empleo o seguridad. Y se centra en las medidas capaces de liquidar al régimen y abrir el camino a la Salta republicana y democrática. 1. Tres son los pasos inexcusables e inmediatos para alcanzar ambas metas. a) En primer lugar, los poderes públicos provinciales deben automatizar la distribución de fondos públicos, sometiéndola a controles eficaces a cargo de las minorías. Dicho en otros términos: la distribución de las ayudas sociales, de la publicidad oficial y de los giros a los Municipios, debe hacerse sin margen alguno para la discrecionalidad. A tal fin, una norma con rango de ley establecerá los criterios de asignación automática de esos recursos. Esta medida se completará con mejoras en las técnicas presupuestarias y con el estricto sometimiento de la inversión y del gasto públicos a los criterios que apruebe la Legislatura. La despolitización de los actuales organismos encargados de la política social y su transformación en agencias autónomas con la participación de los interesados, resultan también necesarios como vías para exterminar el clientelismo. b) En segundo lugar, la Provincia deberá introducir las reformas que sean necesarias para prohibir la renovación de todos los mandatos electivos (Gobernador, Vicegobernador, legisladores, Intendentes). c) La vigencia de los principios republicanos en todos los actos de la vida política, y la sujeción de la conducta de los gobernantes al estilo republicano conforman el tercero de aquellos requisitos esenciales. Lo cual implica, entre otras muchas cosas, el respeto a la independencia de los jueces; el fin de la opacidad en los actos administrativos y de gobierno; el reconocimiento y respeto al papel de las minorías; la no ingerencia en las organizaciones no gubernamentales (comenzando por los sindicatos y las cámaras empresariales). Para acreditar su adhesión efectiva a estos principios y, de paso, contribuir a la consolidación de las minorías, el próximo Gobernador deberá someterse mensualmente a sesiones de control en la Cámara de Diputados. El compromiso con la libertad de expresión incluye, además de la ya aludida automatización en el reparto de la publicidad oficial, la aprobación de reglas que definan la asignación de fondos públicos para subvencionar medios de prensa y actividades culturales y deportivas. Nada resulta más penoso que el espectáculo de la politización de las fiestas vecinales, o la clasificación de artistas y creadores en listas negras y listas blancas. La vigencia del estilo republicano reclama gobernantes que lleven una vida austera y lo más cercana posible a las costumbres del hombre común; una profunda reforma a las normas sobre ceremonial y protocolo, para acabar con el boato y con el “misterio” que rodea a quienes detentan el Poder; y la penalización de las prácticas de nepotismo. 2. Existen otros dos pasos de igual relevancia que los anteriores pero que, dado que requieren de reformas constitucionales, admiten un tratamiento no inmediato. Dentro de este orden de ideas, preciso es reconocer que la irrupción de regímenes hegemónicos es el resultado de voluntades individuales autoritarias y de debilidades en nuestra cultura política, pero también de errores en el diseño de las instituciones de gobierno de la Provincia. Aun cuando haya que comenzar de inmediato con un programa orientado a mejorar el nivel de la cultura democrática y pluralista de los salteños (dañada por tanta vulgaridad y manipulación, y por los liderazgos autoritarios, decadentes y centrados en la imagen), es sabido que se trata de una meta que se alcanza en tiempos no breves. Distinto es el caso de las reformas institucionales que, si bien no pueden pretenderse inmediatas, si son abordables y practicables dentro de los dos primeros años del mandato del próximo Gobernador. Las dos transformaciones institucionales que integran esta Alternativa Republicana y Democrática para Salta, son las siguientes: a) Hace falta reformar tanto la configuración de las Cámaras de Senadores y de Diputados como el sistema electoral, para ampliar la representación de las minorías y equilibrar el peso de las demarcaciones territoriales en las que está divida la Provincia. b) Descentralizar los poderes del Estado hacia los Municipios y, en el caso de las grandes ciudades, hacia los distritos barriales es una condición para el progreso de las libertades y para la regeneración de la vida política salteña. 3. Antes de finalizar esta nota, me referiré brevemente a dos cuestiones también prioritarias que integran la Alternativa que aquí presento. a) Salta, más allá de los discursos oficiales y de los lugares comunes, no es una sociedad integrada; y, lo que es peor, no se divisa en el horizonte que vaya a serlo en el futuro próximo. La pobreza y la exclusión de las etnias aborígenes son dos de las fracturas más irritantes que es preciso recomponer. No, desde luego, con políticas que perpetúan la exclusión y convierten a quienes forman parte de estos sectores en masa de maniobras clientelares, sino con medidas (que están todavía por pensar y por diseñar) de clara y efectiva vocación liberadora e integradora que, ciertamente, respete lo diverso. b) La biodiversidad de Salta y nuestros recursos naturales están amenazados por políticas que se basan en una estrecha y miope lógica productivista. Mientras avanzamos en el debate local sobre este asunto de importancia vital y nos sumamos al debate mundial (porque solo desde la profunda ignorancia puede alguien imaginar que las amenazas que se ciernen sobre la vida en el planeta no afectarán a los salteños), la Provincia debe decretar una inmediata moratoria en la depredación de nuestros bosques y definir una política de aguas de largo alcance. 4. Incluyo, a continuación, una guía pensada para que cualquier ciudadano con voluntad de transformar Salta en una república democrática, socialmente integrada, situada en el mundo y abierta al futuro, interrogue a los candidatos.
(*) Instituto Salteño de Análisis Político Más artículos de la categoría Política |
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