Escrito por Guadalupe Alcántara, el lunes, 14 de mayo de 2007 (Ha sido leído 3151 veces)
El trabajo parlamentario está casi paralizado en Salta, porque muchos legisladores están dedicados a la campaña electoral, la que aún no comenzó oficialmente. En las últimas semanas, la legislatura no pudo sesionar por falta de número para hacerlo. Éste no es el único síntoma de un preocupante deterioro de la calidad institucional. En los últimos años, el oficialismo se sirvió de la mayoría automática para reforzar la subordinación de la Legislatura a las instrucciones del Poder Ejecutivo.
 Legislatura de Salta
El interés del oficialismo está puesto en impulsar una comisión investigadora para sancionar a diputados del Partido Obrero a los que se acusa de haber participado en una manifestación frente al edificio de la Legislatura que derivó en agresiones a vehículos de diputados oficialista. Muchas veces el recinto de sesiones está más ocupado por alumnos de escuelas primarias, que realizan allí simulacros de labor parlamentaria, que por los propios legisladores.
Por su parte, el gobierno no responde a la mayoría de los pedidos de informes presentados por los grupos parlamentarios de oposición. Se estima que más del setenta por ciento de estos pedidos de informe no tienen respuesta por parte de los ministerios y organismos del Poder Ejecutivo al que son derivados. Muchos de esos pedidos se refieren a datos estadísticos de las áreas de economía, salud, educación, operaciones inmobiliarias, contrataciones directas, manejo de fondos públicos y seguridad. Una parte importante de la preocupación de los legisladores de la oposición está en temas a los que cualquier ciudadano, no sólo ellos, deberían tener acceso si existiera en la Provincia un sistema de información pública.
Informes que no se dan
La agenda parlamentaria de las dos últimas semanas estuvo acaparada por temas como la declaración de interés en la realización del III Congreso Provincial de Enfermería, organizado por el gobierno y un sindicato oficialista, y la adhesión al Régimen para la Recuperación de la Ganadería Caprina. El acta de labor parlamentaria de la semana pasada incluyó catorce pedidos de informes al Ejecutivo. Entre ellos, se pide al Ministerio de Educación que informe la cantidad de celadores y preceptores en funciones en los establecimientos educativos de la provincia, detallando número de empleados por establecimiento y turno y la cantidad de personas que cubren estas funciones por aplicación de planes de ayuda social.
Otros pedidos de informes se refieren al avance de la contratación de las obras correspondientes a la construcción y ampliación de aulas en determinadas escuelas; los motivos de la demora en la ejecución de las obras presupuestadas; sobre daños provocados por las inundaciones en los dos últimos años; sobre las medidas previstas para prevenir siniestros; sobre la cantidad de hectáreas desmontadas en los años 1996 a 2006, en áreas protegidas, no protegidas, fiscales y privadas; los informes institucionales que avalaron las mismas referentes a impacto ambiental (desertización, cambios climáticos, inundaciones, patologías zoonóticas, etc.); sobre medidas adoptadas para las poblaciones Criollas y Aborígenes que habitaban en las mismas.
La oposición también pidió informes sobre estadísticas epidemiológicas de la última década, referentes a incidencia de casos de antivirus y leishmaniasis, sectores afectados, morbi - mortalidad de dichas patologías, residencia de los pacientes afectados, lugar de trabajo de los mismos, cobertura por obra social. Se solicitan informes al cultivo de soja, porotos y otros granos con impacto en la economía regional, en la última década; como favoreció la incorporación de mano de obra en las regiones dedicadas a esos cultivos y su incidencia en disminución de la desocupación
Se pidió al Ministro de Salud Pública que informe la situación laboral de los Agentes Sanitarios Árbol II y Anai de la Provincia de la Salta; al de Hacienda y Obras Públicas, sobre la fecha iniciación de la obra del acueducto Campo Santo – Gral. Güemes y sobre ingresos por pagos del impuesto inmobiliario rural. Una iniciativa parlamentaria propone la constitución de una comisión para “investigar la biografía de todos los salteños fallecidos que hayan trascendido en educación, literatura, historia, arquitectura, folclore”.
Impuestos: premios y castigos
Las preocupaciones de los legisladores oficialistas son más tangibles y se dirigen a favorecer a los grupos de interés de los funcionarios y los amigos del gobierno, incluyendo los del propio gobernador de la Provincia. Tal el caso del proyecto de ley que presentaron el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy y otros legisladores justicialistas, para modificar el Código Fiscal de Salta y, dentro de él, las normas sobre el impuesto a las actividades económicas para productores agropecuarios, que había sido eliminado en 1994.
Godoy dice que en Salta hay más de 150 productores agrícolas que manejan muchísimo dinero, sin dejarle nada a la provincia. El producido de esa carga adicional será administrado por los municipios y servirá para obras de infraestructura que beneficiarán a los productores, dicen los autores de la iniciativa. El proyecto del oficialismo está provocando fuertes críticas y rechazos. Juan Manual Urtubey, candidato opositor a gobernador dijo que antes que imponer más cargas al sector hay que promover políticas que incentiven la producción.
Godoy propone que la Provincia imponga un impuesto “de acuerdo a la alícuota especial del veinte por mil, sobre la producción primaria agrícola en su primera etapa de comercialización”, a productores agropecuarios que, en su opinión, tienen fuertes ganancias. El producido de ese impuesto será destinado a los municipios en el que se realizan las actividades agropecuarias. El proyecto del oficialismo no incluye el pago del impuesto por parte de otros sectores que generan fuertes ganancias en la provincia, como lo son la producción vitivinícola y la publicación de diarios, sectores a los que pertenecen algunas de las empresas del gobernador de Salta.
Castigo a la producción
La Cámara Regional de la Producción expresó su total rechazo al proyecto de ley. Lucio Paz Posse, presidente de esa Cámara, recordó que el sector está aportando entre el 10% y el 27% por la retención a las exportaciones. Con este proyecto se pretende aumentar en dos puntos la carga tributaria que agobia a los productores. El presidente de Prograno, Fernando Fortuny, aclaró que el proyecto incluye a la producción agrícola en general y aclaró que no se trata de un dos por mil, sino de un 2%. “El proyecto no solo castigará a los productores de soja, si no a toda la producción agrícola que tenga retenciones”, dijo.
Dijo que los productores deben absorber impuestos que no pueden ser trasladados al precio final; acumulando así una carga impositiva de más del 50 por ciento. Consideró que, por sus características, se ante impuestos que resultan confiscatorios. La diputada opositora Fanny Velarde, dijo que no es momento de imponer mayor carga impositiva a la producción, sino de fomentar el crecimiento. Se pretende imponer un 2% para todos, sin tener en cuenta las diferencias entre los distintos sectores.
El presidente de Prograno, explicó que dentro del esquema económico de la provincia los productores agrícolas actúan como consumidores finales, porque no son formadores de precio y no pueden trasladar a su precio de venta, su costo de producción. “Sabemos que hay pobreza, pero es una injusticia dejar toda la responsabilidad en manos de los productores, ya que pagamos más del 50% de impuestos y nos quieren hacer pagar 2% más sobre el bruto producido”.
Menor competitividad
El diputado nacional y candidato a gobernador, Juan Manuel Urbtubey apoya el rechazo al proyecto que aumentará los problemas del sector agrario de la región, pues se propone eliminar la exención impositiva de actividades económicas del agro. El proyecto provocará un retroceso del crecimiento de la economía nacional y desalentará la reactivación de las economías regionales. Para Urtubey, la eliminación de las exenciones al agro será perjudicial para los productores salteños y perjudicará su competitividad frente a otras provincias.
El diputado nacional y candidato a vicegobernador de Salta en la fórmula con Urtubey, Andrés Zottos, criticó el Proyecto de Ley que elimina la exención de actividades económicas a la producción agrícola. Si se tiene en cuenta que el precio de la producción es fijada por el mercado y, en provincias vecinas como Jujuy, la producción agropecuaria primaria está exenta de impuesto y el costo de éste no podrá ser trasladado al precio, la consecuencia directa será la reducción de los ingresos de los productores
En Salta, la última década fue la de mayor presión tributaria de la historia reciente, dijo Zottos. Los fundamentos son erróneos, por ejemplo, cuando afirma que las inversiones en infraestructura vial y eléctrica se realizaron con el esfuerzo del Presupuesto Provincial. En realidad, existen fondos específicos como de obras infraestructura; coparticipación vial; impuesto a los combustibles y a la energía eléctrica. Añadió que no puede decirse que lo recaudado será utilizado para obras viales y eléctricas, dado que existen fondos disponibles para esos trabajos.
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