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Salta dicta una Ley de Patrimonio marcada de absolutismo siglo XVIII

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Escrito por Antonio González, el domingo, 20 de mayo de 2007 (Ha sido leído 2775 veces)
Ante la imposibilidad de salvar de la piqueta edificios de tiempos de la colonia, la nueva Ley de Protección del Patrimonio número 7418, aprobada por la legislatura salteña y publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2006, intenta algo más radical: rescatar arcaicas ideas de la época Colonial.

Una ley retrógrada
Una ley retrógrada
Cuando digo esto me refiero a que el contenido de esta ley apela a teorías acerca del origen divino de los gobernantes, en boga en las cortes barrocas y que, en tercas luchas, los pueblos americanos se propusieron reemplazar por principios republicanos.

No sabemos si fracasaron los patriotas, pero sí sabemos que fracasaron las gestiones de numerosas instituciones del medio para que los legisladores los escuchen, a fin de lograr que la determinación de los edificios a preservar y los criterios de intervención sea efectuada por una comisión de expertos, altamente calificada, cuyas decisiones se adopten por consenso, como sucede en la mayoría de los países, y que represente lo más ampliamente a la comunidad salteña de acuerdo a las normas, principios y documentos que emite ICOMOS, que es el organismo específico para el patrimonio cultural de UNESCO, y a cuyas normas adhiere nuestro país.

Los entendidos, excluidos


¿Quién podría determinar qué edificios deben salvarse del derrumbe y la demolición? ¿Qué edificios deben servir de testimonio de sucesos, usos, costumbres, riquezas y pobrezas para las generaciones futuras? ¿Se consultará a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Salta? ¿Se tomará en cuenta la opinión de la Sociedad de Arquitectos y del Colegio de Arquitectos? ¿Se consultarán a las asociaciones y fundaciones culturales?

¿Se entrevistará a personalidades del arte y la cultura? ¿Se escuchará la opinión de arquitectos, plásticos, músicos, conservadores, periodistas culturales, profesores, universidades, asociaciones de vecinos, y otros actores relevantes de la comunidad? ¿Será requisito obligatorio tener altos estudios en historia, poseer algún master, doctorado o por lo menos algún postgrado en historia del arte o en historia de la arquitectura y el urbanismo? Nada de eso.

La Ley aprobada por la legislatura salteña dice en el Art. 7º: “La Comisión... Estará conformada por un Directorio de tres (3) miembros, uno de los cuales será el Presidente, otro el Vicepresidente y un Vocal. Los miembros del Directorio serán seleccionados, designados y podrán ser removidos, por el Poder Ejecutivo Provincial”. Como se puede apreciar, no se exige ningún requisito.

En una sola mano


Sabido es que la Conservación del Patrimonio arquitectónico es un tema que demanda en el mundo cada vez más atención y que requiere un alto grado de especialización. ¿Cómo podrá determinar el Gobernador de la Provincia de Salta acerca de algo tan específico? Suponemos que el listado lo proveerá la Secretaria de Cultura, pero de ningún modo es obligatorio consultarla como podemos ver en el Art. 6º: “La Comisión actuará en el ámbito y bajo la dependencia que determine el Poder Ejecutivo Provincial”.

¿Se recurrirá entonces a la Secretaría de Obras Públicas en donde se concentra el grueso de los profesionales de la Arquitectura? No; de ningún modo. Según la extraña Ley Nº 7418, sólo serán de obligatoria consulta para esta Comisión, el Ministerio de la Producción y el Empleo y la Secretaría de la Gobernación de Turismo, ámbitos estos de exclusiva pertinencia del empresariado y la producción.

La unanimidad de tres


Una ley insólita según la cual tres personas que no requieren conocimiento alguno serán nombradas por el gobernador para formar parte de una comisión que determinará acerca de sofisticados temas históricos, culturales, arquitectónicos y urbanísticos; tendrán quórum con la presencia de sólo dos de sus miembros y podrán ser removidos si al ejecutivo no le parecieran apropiados los dictámenes. ¿Hay alguna posibilidad de que esto salga bien? ¿Será necesario rezar para que Dios ilumine a nuestros gobernantes?

Deberíamos recordarles a los legisladores que los temas privados y públicos que requieren intervención divina ya son demasiados y que la correcta conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico en el mundo contemporáneo se garantiza, sencillamente, con leyes de buena calidad.


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