La democracia en la era de la globalización

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La democracia en la era de la globalización
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III.- LOS GRANDES MITOS DE LA GLOBALIZACIÓN

Desde posiciones pesimistas se ha difundido con insistencia la idea de que la globalización, tal cual la hemos venido dibujando a lo largo de los párrafos anteriores, encierra en sí misma el germen de la destrucción de los estados nacionales o, cuando menos, amenaza con provocar la pérdida sustantiva de aquellos poderes incontestadamente ejercidos desde su consolidación como forma excluyente de dominación política allá por el siglo XVII.

Lo cierto es que la tesis del fin de los estados nacionales y la certificación de la muerte de los atributos tradicionales de la soberanía nacional carece de fundamentos sólidos, a menos que se valore como una crisis del poder político a escala local el hecho cierto de la creciente interpenetración de las cuestiones transnacionales y las políticas locales. Pero ¿cómo conciliar la idea del mantenimiento de la centralidad del Estado frente a la evidencia de que tanto la riqueza como el poder son crecientemente generados por transacciones privadas que tienen lugar a través de las fronteras de los estados y no tanto ya dentro de ellas?

Si como sostienen muchos autores, la globalización se expresa en la tendencia cada vez más sostenida a la expansión y la integración a escala global de las actividades económicas, el hecho de que, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, el incremento de la actividad económica transnacional haya sido acompañado de un crecimiento igualmente importante del aparato del Estado, parece desmentir aquella supuesta incompatibilidad entre globalización y pervivencia de los estados nacionales. Ello, hasta el extremo de llegar a sugerir que niveles más altos de presencia del Estado en la vida social y económica constituyen, en todo caso, una ventaja competitiva en la economía globalizada.

Según señala Rodrik, el periodo de posguerra ha revelado dos tendencias aparentemente contradictorias: el crecimiento de la actividad económica transnacional, por un lado, y el correlativo aumento del aparato del Estado, por el otro. De acuerdo con este autor, antes de la Segunda Guerra el gasto público promedio se situaba en torno al 20 por cien del producto interior bruto (PIB) en la mayoría de los países actualmente industrializados. A mediados de los noventa, esta cifra se incrementa hasta el 47 por cien, registrándose los mayores saltos en países como los Estados Unidos (del 9 al 34 por cien), Suecia (del 10 al 69 por cien) y Holanda (del 19 al 54 por cien). Rodrik explica que la mayor parte de la expansión de la actividad gubernamental en el periodo analizado se vincula con el incremento del gasto social y, particulamente, con las transferencias de ingresos. Concluye el autor afirmando que existe una sorprendente y sólida asociación entre el grado de exposición de los países al comercio internacional y la importancia del gobierno en la economía, especialmente en cuanto se refiere a su papel de garante de los sectores más débiles frente a los riesgos de la economía capitalista.

Pero esta lectura no ha de hacerse sin tomar en cuenta la paradoja que encierra el hecho de que las mayores demandas de tutela social por el Estado, que surgen como consecuencia de la globalización, a menudo chocan contra la decreciente capacidad de aquél para responder efectiva y eficazmente a tales demandas. En otros términos, que allí donde la globalización parece estimular una nueva expansión del Estado en el terreno de la Seguridad Social, al mismo tiempo parece ignorarse la crisis -ya marcadamente estructural- de los mecanismos de bienestar surgidos en la segunda posguerra al calor de los frágiles equilibrios internacionales de entonces y de las razonables relaciones de fuerza entre el movimiento obrero y los sectores del capital.

Desde otro punto de vista el Estado, tal cual le hemos conocido a lo largo de los últimos tres siglos, parece encontrar también en la globalización nuevas fuentes de oportunidades y nuevos espacios para el ejercicio del poder. A contrario de lo que suele sostenerse como lugar común, en cuanto a que los modernos estados nacionales operan en el campo internacional simplemente como agentes o sponsors de las grandes corporaciones multinacionales que acogen en su seno, en la esperanza de que ellas sean las garantes de la prosperidad necesaria para mantener a flote todo el sistema (Greidner, 1997), lo cierto es que el Estado parece más bien empeñado en capturar, día a día, nuevos espacios y áreas de influencia en el vasto y complejo entramado de regímenes y organizaciones internacionales que han sido establecidas para gestionar importantes áreas de actividad transnacional y dar solución a desafíos de política colectiva.

Siguiendo a Held, podemos afirmar que allí donde se piensa que la globalización plantea un duro desafío a la vitalidad de la organización estatal, es más atinado pensar que, no obstante la importante resignación de sus poderes tradicionales en materia económica (más concretamente, en ciertos aspectos de la actividad comercial y financiera a escala internacional), el Estado parece igualmente capaz de obtener algunas ventajas en el nuevo contexto, a condición de repensar su inserción en aquel complejo entramado de relaciones políticas multilaterales y multinacionales, en el que interactúan no solamente los gobiernos sino también las organizaciones gubernamentales internacionales (OGI) y una amplia gama de grupos de presión transnacionales y organizaciones no-gubernamentales internacionales (ONGI).

Pero aunque los nuevos escenarios internacionales planteen para los estados tradicionales atractivos desafíos y generen nuevos espacios de poder, no parece conveniente ni oportuno aventurar que el futuro del Estado nacional y su raison d'etre se encuentren vinculados exclusivamente a los procesos de integración. Porque así como no parece probable que la globalización sea capaz de forzar la aparición de instancias gubernamentales transnacionales únicas (un gobierno global) para la gestión y resolución de los conflictos sociales comunes, de momento tampoco es prudente negar al Estado su calidad de protagonista central en los procesos políticos y sociales que se verifican en el nivel local. De acuerdo con la visión de Rodrik, a pesar de la revolución en el transporte y las comunicaciones y el progreso sustancial en materia de liberalización del comercio a lo largo de las últimas tres decadas, las economías nacionales aún permanecen relativamente aisladas entre sí. Afirma este autor -citando a Krugman- que la mayoría de los gobiernos del mundo industrial avanzado no son tan prisioneros de la globalización como se piensa comúnmente. Antes al contrario, aquéllos detentan aún cuotas sustanciales de autonomía a la hora de regular sus economías, de diseñar sus políticas sociales y de mantener instituciones diferentes a las de sus socios comerciales.


 

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