Escrito por Iruya.com, el viernes, 10 de noviembre de 2006 (Ha sido leído 2747 veces)
 Daniel Tort, abogado A las amenazas a periodistas, al Juez Federal Abel Cornejo y a los abogados de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, Daniel Tort y Pedro García Castiella, se añadió la intimidación del ex diputado Ernesto Aparicio a ambos letrados. El hecho ocurrió en “Rancho Juancito”, parador de la localidad de General Mosconi, donde éstos se habían detenido a almorzar.
“Nos llamó la atención el hecho que, transcurridos cuarenta minutos, no nos sirvieran la comida. Era extraño que ocurriera en un sitio con pocas mesas y con menú fijo”, dijo Tort.
Los abogados, que estaban acompañados de cuatro gendarmes que los custodian, advirtieron la presencia de dos sospechosos y, luego, la llegada de una camioneta doble cabina, de la que bajó el ex diputado Aparicio al que acompañaban dos mujeres jóvenes. Aparicio y las mujeres ingresaron al comedor y compartieron la mesa con los sospechosos.
“Nos sentimos intimidados porque volvíamos de pedir el desafuero de Aparicio, que tiene o tenía poder y que, sorpresivamente, apareció en el lugar. Aparicio se paseó, con aparente intención de hacerse ver, y se sentó a tres metros de la mesa en donde estamos nosotros”, relató García Castiella.
Por sugerencia de los custodios, los abogados se retiraron del parador. “Resultó evidente el motivos de la tardanza en servir el almuerzo. La gente del parador nos de demoraron para llamar a Aparicio y así darle la oportunidad para cruzarse con nosotros”.
Sicario boliviano
Horas después, los abogados pusieron en conocimiento de lo sucedido al Fiscal Federal, y presentaron una formal denuncia por intimidación ante la Fiscal Provincial, María Inés Loyola. Los cuatro custodios de Gendarmería también hicieron la denuncia ante la justicia. “Recordamos con mucha nitidez los rostros de los acompañantes de Aparicio”, aseguran los abogados.
García Castiella y Tort explicaron que, en un primer momento, pensaron que se estaban ante una intimidación, “tema no inferior, pero de no mucha gravedad”. Más tarde, cambiaron esta primera impresión, al tomar enterarse de fuentes confiables (un agente de la DEA) que se había contratado a un sicario de Bolivia para asesinarlos. A estas referencias se añadieron otras, “de una fuente de primer nivel de la justicia nacional”, que confirmaron y ampliaron los datos dados por ese agente de la DEA.
El sujeto, que era uno de los sospechosos que compartió la mesa con Aparicio en el parador de Mosconi, sería ciudadano boliviano conocido como Cali Smith, ahora residente en Jujuy, “donde tiene todo un aparato para esto”. Para los letrados, Aparicio llevó al lugar a Cali Smith para “marcarlos”.
Según los abogados, “desde el Bermejo hacía arriba, Aparicio sigue teniendo impunidad”.
Piden garantías al gobierno
Después de este hecho, los abogados de la Red de Derechos Humanos, fueron recibidos por el ministro de Gobierno de Salta, Víctor Manuel Brizuela y el secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris. En la reunión, que fue acordada antes del hecho denunciado, Tort y García Castiella pidieron seguridad y garantías para las personas amenazadas en el caso del crimen de Liliana Ledesma.
También pidieron al Secretario de Seguridad la publicación de una fotografía de los hermanos Castedo, sobre los que se libró orden de captura por estar implicados en este crimen. “Si nadie conoce el rostro de los Castedo, es imposible que alguien pueda dar información que permita capturarlos”. El gobierno de Salta ofreció una recompensa de 50.000 pesos a quienes den información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso.
El ministro de Gobierno y el secretario de Seguridad se comprometieron a garantizar la seguridad de las personas denunciantes y a aportar los recursos necesarios para esclarecer este caso. Brizuela admitió que el crimen de Ledesma tiene “connotaciones mafiosas”, opinión que difiere las primeras interpretaciones del gobierno que insistió en caracterizar el hecho como “un crimen común”.
“Las autoridades del gobierno no pueden estar diciendo que todo está bien, cuando yo para entrar o salir de mi casa tengo que dar códigos y verme con policías en el patio de mi casa. Se está poniendo oscuro el tema para los abogados, que no podemos ejercer la profesión asistiendo a la familia Ledesma, porque virtualmente se nos está impidiendo eso”, denunció Tort.
Ni a los abogados ni a los periodistas, añadió, nos interesa involucrarnos en las disputas internas de los partidos políticos. Tampoco “quien lleva o quien trae en esta jugada, o quien ganó o quien perdió con la renuncia de Aparicio”.
Los Castedo estarían en España
Consultados sobre la versión que los hermanos Delfín y Raúl Castedo se encontrarían prófugos y residiendo en España, Tort, consideró que de ser verdad, esto sería producto de la inexplicable demora del juez de instrucción Nelso Aramayo, de vincular personas a la causa.
“Para nosotros y para la familia Ledesma, por antecedentes e indicios graves y precisos, los Castedo estuvieron vinculados desde un primer momento”, dijo Tort, quien aseguró que los hermanos Castedo son personas muy peligrosas, vinculadas a otras actividades, que no son los desmontes.
Por su parte, el jefe de la Policía de Salta, Gilberto Pereyra, desmintió la versión de la detención de los Castedo y reconoció que hasta ahora “no hay pistas que indiquen donde están. En verdad, no sabemos nada”. Efectivos de la Policía de Salta, de la Policía Federal y de Gendarmería trabajan en la búsqueda de los Castedo.
El jefe de la Policía admitió que, según una información, los Castedo estuvieron en un hotel céntrico de la capital de Salta. “Estamos trabajando en esa versión y en otras cinco que todavía no pudimos comprobar. Estas personas no son delincuentes comunes”. Recordó que hace diez años la policía secuestró armas de guerra en poder de los Castedo, “hasta tenían autorización del Registro Nacional de Armas para portarlas”.
Más intimidaciones
Oscar Correa, periodista de FM Noticias, denunció que ayer fue seguido en el centro de la ciudad por una persona “al menos tres veces” en distintas zonas del centro de la ciudad. En un momento en Plaza Belgrano, el sospechoso se sentó frente a Correa y lo miró con insistencia. “Hasta que no me levanté y comencé a marcar el teléfono no se fue”, indicó.
El cronista se sintió intimidado por lo que sacó su celular, llamó a la radio y caminó hacía la Jefatura de Policía, al frente de esa plaza. “En ese momento, el hombre se retiró. Era una persona calva, de un 1.70 de altura, delgado, camisa blanca, pantalón de vestir negro y anteojos”, describió.
El tercer caso se registró en Salvador Mazza, donde Eduardo Delgado denunció haber sido amenazado en el puente internacional de Pocitos, cuando se le acercó una persona y le dijo: “Vos o tu hija Fabiola, le van a seguir a Liliana”. Delgado dice que no se debe involucrar “al padre de los Castedo, porque no tiene relación con sus hijos, es taxista y con eso se da vuelta”.
Delgado denunció esta amenaza en la Red de Derechos Humanos y en la Comisaría de Pocitos, donde los policías le dijeron: “que no se puede cargar todo contra los Castedo”.
No confían en el juez
El padre de Liliana Ledesma criticó al Juez Nelso Aramayo, a cargo de la causa por el asesinato de su hija, porque “el miércoles los tuvo a los Castedo y no hizo nada y recién después los mandó a detener. Ledesma insistió que, “hay una estrecha relación entre Aramayo y Aparicio”. Recordó Hula Castedo les dijo que “hagan lo que quieran, vayan a la Policía o a Gendarmería, nosotros hablamos con Aparicio y él habla con Aramayo y no aquí pasa nada”.
Eugenio Ledesma dijo que “Aramayo antes no tenía un peso y ahora es rico”. “No se como se enriqueció porque nunca trabajó”, afirmó.
Según el diputado provincial Pablo López (Partido Obrero), “el Juez Aramayo no va avanzar sobre Aparicio. Por eso hay que crear una comisión investigadora, que no reemplazará a la Justicia, sino que establecerá responsabilidades políticas, no sólo de Aparicio”.
López aseguró que “el tema no solo involucra a Aparicio sino a todo un régimen político que esta detrás de la muerte de Liliana Ledesma. La renuncia de Aparicio, no garantiza por sí misma justicia y claridad, como dice el oficialismo. Hasta ahora el único que se benefició es el oficialismo que se sacó de encima un problema político difícil”.
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