Escrito por Iruya.com, el domingo, 12 de noviembre de 2006 (Ha sido leído 3783 veces)
Los pedidos de expulsiones y sanciones abundan en los partidos políticos de Salta. La preocupación por mantener la disciplina interna en base este tipo de medidas, contrasta con el casi generalizado desinterés por promover la participación, la formación política y el debate en el interior de esos partidos.
 Julio San Millán
A comienzos del año 2003, el Partido Justicialista de Salta, después de un procedimiento sumarísimo, expulsó de sus filas a más de veinte dirigentes de primer nivel que habían denunciado la falta de garantías de los grupos opuestos a la conducción del gobernador Romero. Uno de los sancionados fue el ex senador nacional Julio San Millán, a quien se le canceló la ficha de afiliación.
En agosto de 2003, San Millán impulsó la formación de Unidos por Salta, una coalición política que se opuso a la reforma de la Constitución de ese año que habilitó un tercer mandato del gobernador Romero. En las elecciones a gobernador del 16 de noviembre de 2003, San Millán fue candidato a gobernador, acompañado por José Luis Valle, de la Unión Cívica Radical, por un frente opositor.
Regreso de San Millán
Semanas atrás, en octubre de 2006, San Millán anunció no sólo su reingreso al Partido Justicialista sino también su inclusión como miembro del Consejo Provincial, dentro de la lista única confeccionada por el gobernador Romero. Hasta donde se sabe, el reingreso de San Millán a ese partido no fue precedido de la formal derogación de la resolución del Tribunal de Disciplina que lo expulsó en 2003.
También en octubre pasado, Néstor Molinatti, afiliado y ex concejal del Partido Justicialista, pidió al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Salta la expulsión de la diputada nacional Susana Canela, a quien acusa de deslealtad y traición al Partido que la postuló para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Según el ex concejal, Canela debe ser expulsada por haber participado y avalado la rueda de prensa, realizada hace cuarenta días, en la que el diputado Miguel Bonasso formuló graves acusaciones al gobierno de Salta en relación con el asesinato de Liliana Ledesma.
Hasta ahora ese Tribunal no se reunión para considerar la presentación de Molinatti. Según el ex concejal resulta inadmisible que los mecanismos de disciplina del Partido Justicialista hayan funcionario con rapidez en los casos de las expulsiones de Juan Carlos Villamayor, ex intendente de la ciudad de Salta, sancionado a mediados de 1996 por estar supuestamente implicado en un pedido de soborno a la empresa que recolecta los residuos de la ciudad y las de Julio San Millán y los dirigentes que constituyeron Unidos por Salta.
Radicales y renovadores
Los pedidos de expulsión afectan también a la Unión Cívica Radical en Salta. Ayer, con la firma de dos afiliados a ese partido, ingresó un pedido de expulsión del presidente del Comité Capital y apoderado de la UCR, Humberto Vázquez.
José Alberto Gutiérrez y Carlos Horacio Serralta, firmantes de esa presentación, acusan a Vázquez de incurrir en reiterados actos de inconducta partidaria y de apartarse de los lineamientos políticos aprobados en la Convención Nacional de ese partido.
Vázquez se reúne con frecuencia con dirigentes del Partido de la Victoria (kirchnerista) con quienes negocia la posible conformación de un frente electoral que incluiría a esos dos partidos, a sectores del Partido Renovador y del justicialismo. “Estos son motivos suficientes para pedir la expulsión de Vázquez pues con su conducta está comprometiendo a nuestro partido”. Meses atrás, por esos mismos cargos, el Tribunal de Disciplina de la UCR expulsó al dirigente y convencional provincial Roberto Castro.
También esta semana se conoció el fallo de la Justicia Federal ratificando las sanciones aplicadas por la Junta Electoral de Salta, a pedido del Partido Renovador, a su ex apoderado, el abogado Oscar Rocha Alfaro, a quien se suspendió su ficha de afiliación por el término de un año.
En octubre de 2003 Rocha Álvaro cuestionó la decisión de romper el frente Unidos por Salta, lo que permitió el triunfo del Partido Justicialista que se logró el 50% de los votos.
El fallo fundamenta la confirmación de esta sanción en el hecho que Rocha Alfaro fue informado de los cargos en su contra por lo cual éste “pudo ejercer razonablemente su defensa”. Entiende la Cámara que el Tribunal de Disciplina de Partido Renovador actuó “dentro del marco de sus legítimas atribuciones” y no se excedió en sus funciones.
En su momento su partido acusó a Rocha Alfaro de representar como apoderado a otras fuerzas políticas “sin tener autorización del Partido Renovador” y haber impugnado la candidatura a diputado nacional de Andrés Zottos, actual presidente de ese partido.
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