Promueven una auditoría por el predio para Unicenter
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Escrito por Iruya.com, el miércoles, 15 de noviembre de 2006 (Ha sido leído 3689 veces)
 Diputada Fanny Velarde San Román
En su edición de hoy el oficialista diario “El Tribuno” dice que el anuncio de la posible instalación de “Unicenter” en la ciudad de Salta está provocando “aplausos entre la gente y crítica de comerciantes”.
Según el periódico, “los ciudadanos comunes” aprueban ese proyecto porque “será una gran fuente de beneficios para todo tipo”. “Los que aplauden son más”, añade. Entre las opiniones favorables a esa iniciativa incluye la del titular del Comité de Defensa del Consumidor, que como diputado provincial acompañó las iniciativas del oficialismo local.
Por su parte, el intendente de la ciudad de Salta promoverá la realización de audiencia pública para tratar el tema. Este es un paso establecido por las normas. El intendente recordó que esas audiencias no tienen carácter vinculante. Recién ayer el Poder Ejecutivo de Salta envió al Senado el texto del convenio donde se protocoliza esta operación, que fue firmado la semana pasada. “Primero firman un compromiso, después fingen consultar”, dice un diputado del Partido Obrero.
Reino de la ajuridicidad
La semana pasada el gobierno, el Club Popeye y representantes de la firma chilena que quiere adquirir esas tierras, suscribieron un convenio, de cuya tramitación fueron excluidos la legislatura local y el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. Según Velarde esa operación esta viciada de nulidad, toda vez que viola ordenanzas municipales vigentes, el Código de Planeamiento Municipal, las leyes 6732 y 7070 e, incluso, la misma Constitución Provincial.
La diputada Velarde dice que, en caso que se comprueben irregularidades en el cumplimiento de las leyes vigentes y de la Constitución de Salta, se deriven las actuaciones a la Procuración General de la Provincia para el inicio de acciones legales a los firmantes de ese convenio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con pasado martes 7 de noviembre se aprobó el expediente iniciado por las diputadas Fanny Velarde y Virginia Cornejo, donde solicitan que el Poder Ejecutivo informe sobre la venta de estas tierras ubicadas en las inmediaciones del Monumento 20 de Febrero, operación que promovió activamente el gobierno, que aparece como garante de la misma. El gobierno aún no respondió al pedido de las diputadas.
Donación con cargo
Velarde reiteró que ese emprendimiento no está encuadrado dentro el Código de Planeamiento Municipal, dado que la zona está clasificada como “R3 Residencial”. Además la Ley 6732, en la que la Provincia en el año 1994 cedió esos terrenos al Club Popeye, establece taxativamente que el predio donado será destinado exclusivamente al funcionamiento de la sede social y campos de juegos del “Popeye Béisbol Club”.
Dispone también que, en caso de disolución del Club, esa donación quedará automáticamente sin efecto, volviendo el inmueble a dominio de la Provincia, sin necesidad de notificación o requerimiento judicial alguno. “Aquí la ley sigue siendo papel mojado. Violar las cláusulas que acompañan a toda donación con cargo es sentar un peligroso precedente. Esto es un daño a la seguridad jurídica. Después de esto ¿quién se animará a hacer una donación, si el Estado de un plumazo puede borrar la expresa voluntad del donante?”
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