El represor Joaquín Guil dijo que no sabe nada de política |
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Escrito por el miércoles, 15 de noviembre de 2006 (Ha sido leído 3307 veces) Joaquín Guil, años 70 Para las entidades de Derechos Humanos, el argumento de Guil es un agravio al sentido común pues desde el año 1962 el ex comisario tuvo a su cargo el seguimiento de dirigentes políticos desde la disuelta dirección de Contralor General de la Policía de Salta. El organismo tenía infiltrados en casi todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales. El organismo a cargo de Guil redactaba periódicos informes en los que se “fichaba” y se “catalogaba” a centenares de personas a las que, en su mayoría, se acusaba de “comunistas” o “filo comunistas”. Aunque el nombre de Guil aparece en varias de las más importantes acciones de la represión, no fue ni siquiera demorado por la justicia, dicen las organizaciones de Derechos Humanos. “Es responsable del secuestro”Blanca Lescano, dirigente de organizaciones de Derechos Humanos y cuyo padre y hermano fueron secuestrados en marzo de 1976, reveló que durante el reciente careo entre Jesús Pérez, amigo y ministro de Ragone, y el ex comisario Joaquín Guil, el colaborador de Ragone “acusó al ex represor de tener responsabilidad en el secuestro de Ragone. Lo hizo con toda firmeza, solidez y valentía. A lo que Guil respondió que no entendía nada de política”, contó Lescano. Blanca Lescano, Nenina, es una dirigente respetada que forma parte del pequeño grupo de ciudadanos que rompió el cerco de silencio denunciando los crímenes de la dictadura en abierto desafío al régimen militar. Criticó al gobierno de Salta porque intenta cubrir su falta real de compromiso con los Derechos Humanos con una sobreactuación a través de tardíos y fingidos homenajes a Ragone y a otros desaparecidos. “En Salta el gobierno y el Partido Justicialista pretenden convertir las causas por violación de los Derechos Humanos en discursos no sinceros, en placas de bronce y en monumentos”. Lescano criticó a la diputada provincial Nora Giménez, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pues se “moviliza para pedir que se investigue la causa Palomitas y el secuestro de Ragone y, simultáneamente, no permite que se investigue la muerte de Liliana Ledesma o la represión a los docentes. Los dirigentes oficialistas no se comprometen porque tienen miedo que el gobernador se enoje con ellos si se salen del libreto que él les dicta”. Lescano relató que ex senador provincial Héctor Canto, que en 1983 integró una comisión parlamentaria que trató de esclarecer el secuestro de Ragone, ratificó ayer que no tiene dudas que Joaquín Guil tenía la responsabilidad de todos los operativos que se hicieron en Salta en los años ’70. Lescano dijo que, a fines del año 1975, Guil encabezó el allanamiento en su domicilio y que también, cerca de allí, detuvo a personas acusadas de pertenecer a la banda armada “Montoneros”. “Lo hizo sin orden del juez, meses antes del comienzo de la dictadura. Guil montó una custodia en la cuadra donde estaba mi casa y ordenó detener a toda persona que se acercara a ella”. También entraron por la fuerza a su domicilio, donde esperaban capturar a su esposo Enrique Flores. Al no encontrarlo pues en ese momento estaba en Orán con el senador Elías, se retiraron diciéndole a Blanca Lescano que le dijera a su marido que debía presentarse al otro día en la comisaría. “Me dijeron que no me llevaban a mí porque tenía un bebé y que iba a quedar solo”, contó. Días después, Lescano se presentó a esa comisaría donde le comunicaron que “todo era formal”. “Tenían una ficha con todas las patentes de la gente que estuvo en mi casa y que después se fueron al exilio”, comentó. “Era evidente la relación de Guil con Elías y eso fue lo que nos salvo”, señaló Lescano. Lescano añadió que los coches en los que se desplazaban los secuestradores del doctor Ragone “eran de Río Hondo (Santiago del Estero). Mussa Azar, era el que cumplía allí la misma función que tenía Guil en Salta. Los represores no respetaban los límites entre provincias. Hubo una relación policial permanente entre Salta y Santiago del Estero y esta relación sigue todavía”, agregó. Mussa Azar fue mano derecha del ex gobernador Carlos Juárez. Procesan a dos militaresEl juez federal 2, Miguel Antonio Medina, ordenó el procesamiento de los coroneles Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Zírpolo que, en febrero de 1978, cumplían tareas en Tartagal, cuando personal militar secuestró en su domicilio al escribano Aldo Melitón Bustos. Tania Kiriaco, abogada de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos, recordó que esta causa se inició en el 2004, con el testimonio de Federico Bustos, hijo del escribano secuestrado. En el 2005, Kiriaco y el abogado David Leyva, pidieron la reapertura de esta causa. Después de algunas actuaciones el juez Medina, ordenó el procesamiento de los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo, a quienes trabó embargos por la suma 100 mil pesos. A ambos se le imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencia, y por duración en el grado de partícipe primario previsto y reprimido por el Artículo 142 del Código Penal. Kiriaco recordó que el ex gobernador Roberto Augusto Ulloa, Jorge Oscar Folloni, y Alvarado Solá fueron llamados a testificar, pues habían firmado el decreto que, por razones ideológicas, denegó el registro notarial al escribano Bustos. Los ex funcionarios argumentaron “que no habían leído los diarios y, por lo tanto, se pudieron anoticiar de la desaparición del escribano”. El juez Medina dictó falta de mérito para Luis Ríos Ereñú, ex jefe del Regimiento de Tartagal; Roberto Felipe Domínguez, jefe de la Unidad Regional de Tartagal con posterioridad al secuestro, y Arnaldo Luis Bruno, encargado de la compañía de reemplazos, que fue acusado de amenazar al escribano desaparecido Melitón Bustos. Esta decisión será apelada por los abogados Kiriaco y Leyva. 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