Escrito por Ignacio Azcune, el jueves, 16 de noviembre de 2006 (Ha sido leído 2883 veces)
Hace tres años, en las elecciones del 16 de noviembre de 2003, en un hecho sin precedentes en 182 años de historia institucional de Salta y después de una chapucera reforma de la Constitución Provincial, la reelección del gobernador y del vicegobernador perpetraba uno de los más graves daños a las instituciones locales.
Desde la primera Constitución de 1821, nunca antes un gobernador de Salta se atrevió a forzar una reforma para incluir una cláusula que habilitara una virtual reelección sin límites, entreabriendo la puerta a un gobierno vitalicio. Entre otras peculiaridades, el actual caso de Salta tiene un rasgo distinto respecto a otros gobiernos locales de ese tipo: el gobernador Romero se presenta en Buenos Aires con un look liberal que no intentaron lucir los caudillos norteños Vicente Leónidas Saadi o Carlos Arturo Juárez.
Aquí en Salta, ni siquiera la llamada Constitución Justicialista de 1949 avanzó sobre esa cláusula. El oficialismo de entonces no sólo podía haber incorporado el criterio de reelección incluido en la Constitución Nacional, sino que, además, el peronismo gobernante tenía mayoría absoluta en la convención constituyente local de aquel año.
En el lapso de 182 años se reunieron once convenciones constituyentes: cinco en el siglo XIX, cinco en el XX y una en el XXI, la del 30 de agosto de 2003. De esas seis convenciones, en los últimos cien años, tres fueron impulsadas en las últimas dos décadas por el gobernante Partido Justicialista: las de 1986, 1998 y 2003.
Sin reelección durante 177 años
La reforma de 1986 no modificó la cláusula referida al mandato del gobernador, respetando así el consenso político y social que rigió en Salta durante 177 años sobre la prohibición de la reelección del gobernador y del vicegobernador.
Hay remontarse a la etapa pre constitucional y al gobierno de Martín Miguel de Güemes para encontrar a una persona ejerciendo el gobierno durante seis años continuos. Ni siquiera bajo el predominio de los gobiernos de familia del siglo XIX, se encuentran ejemplos de autosucesión en el poder. Hasta el nepotismo cuidó ciertas formas: entre gobierno y gobierno, se abría un interregno a cargo de un hombre de confianza o de la misma familia.
El prolongado gobierno de Güemes se explicó, en su época y después, por el estado de guerra que requería la unificación del mando militar con el político y, dentro de éste, a la concentración de las facultades ejecutivas, legislativas y parte de las que correspondían al ramo de justicia.
Muerto Güemes, sus opositores consideraron que era necesario redactar un conjunto de elementales normas constitucionales. Ese breve texto, de quince artículos, incluyó en su Artículo 5° una cláusula tan escueta como contundente: “El gobernador electo ejercerá el Poder Ejecutivo de esta Provincia por el tiempo de dos años con el mismo sueldo y honores que los anteriores, sin que pueda ser reelecto hasta pasado otros dos del cese de su destino”.
Como si esto fuera poco, se añadió un párrafo al final, fuera del articulado: “Se engaña el jefe que calcula perpetuarse en el mando desquiciando autoridades superiores, fomentando facciones, inspirando terror, desembolsando la fiera multitud”. Un gobernante, añade ese texto redactado por Facundo de Zuviría, es aquel “que marcha por la senda del deber, impone un yugo que hacen suave la gratitud al bien, la consideración al mérito y el respeto a un padre pues lo es quien manda según la ley”.
Mandatos: de 2 a 4 años
Durante 61 años (1821-1882) el gobernador de Salta permaneció en el cargo sólo dos años sin posibilidad de reelección inmediata. En los 47 años siguientes (1882-1929) el mandato del gobernador fue de tres años, sin reelección. La mayoría de los gobernadores conservadores, incluidos Robustiano Patrón Costas, gobernaron sólo tres años. La reforma constitucional de 1929 prolongó el mandato a cuatro años, manteniendo la prohibición de la reelección.
A lo largo de todo el siglo XX, aún antes de la vigencia de la Ley Electoral Sáenz Peña, ningún gobernador de Salta utilizó la posibilidad de intentar un segundo mandato, después del período de otro mandatario. En casi 150 años ninguno ocupó dos veces el gobierno de forma alternada. La única excepción es la de Ricardo Durand que fue elegido para dos mandatos (1952-1956 y 1963-1967), ninguno de los cuales completó por los golpes de Estado.
En la convención reformadora de 1986 convocada por el gobernador Roberto Romero, padre del actual gobernador, quedó excluido del listado de reformas el Artículo 137 de la Constitución referido a la duración del mandato del gobernador y la posibilidad de reelección. Al contar con mayoría en esa convención, el ex gobernador pudo modificar esas reglas de juego, pero prefirió no hacerlo. Fue en esa convención donde el actual gobernador ingresó a la política, asumiendo el papel de titular de la Comisión Redactora del texto reformado.
Aunque en aquella Convención se alzaron voces para pedir la inclusión de la reelección del gobernador, la mayoría justicialista cerró el camino a tal posibilidad. Uno de los constituyentes argumentó entonces que la prohibición de la reelección era una rémora de la “ideología liberal del siglo XIX”, que favoreció a las oligarquías de provincia las que, con esa prohibición lograron “imposibilitar el surgimiento de los caudillos populares” (sic) Esa “tradición oligárquica”, añadió, fue continuada por Marcelo de Alvear para impedir la reelección de Irigoyen, pero después fue quebrada por Perón en la reforma del año 1949.
El corto trecho del No al Sí
El convencional oficialista Luis Adolfo Saravia, durante años principal asesor de Juan Carlos Romero, refutó los argumentos reeleccionistas. Señaló que los liderazgos carismáticos no eran convenientes y que convenía que en Salta “el peso del poder político cayera sobre las instituciones, más que sobre las dominaciones carismáticas”. Por eso, añadió, el Bloque Justicialista votaría contra la propuesta para incluir la reelección. Saravia fue más lejos y dijo que su Bloque “pedía insertar una cláusula que impida la reelección inmediata del actual gobernador”, señalando que el propio gobernador había pedido a los convencionales justicialistas que rechazaran el criterio reeleccionista.
Como el debate comenzó a prolongarse, pidió la palabra el convencional Juan Carlos Romero quien dijo: “Señor Presidente, Honorable Asamblea, la Comisión Redactora no acepta la modificación, por lo tanto pediría que se cierre el debate y se pase a votación, es una moción de orden”.
El tiempo demostró que entre aquel No rotundo y el Sí a la reelección no menos enfático, había solo un trecho. En la Convención Constituyente Nacional de 1994, el actual gobernador de Salta apoyó el deseo reeleccionista del entonces presidente Carlos Menem. Pero fue más allá, en 1999 fue uno de los defensores de facilitar una segunda reelección de Menem recurriendo a sofismas e interpretaciones arbitrarias de esa misma Constitución. Fue Romero quien, en el Congreso de Parque Norte, lanzó la candidatura de Menem para un tercer mandato. A esas mismas horas Menem, que descansaba y pescaba en el Paraná, ya había decidido abandonar su pretensión ante la avalancha de críticas a su obcecación reeleccionista.
Juego de palabras
En 1997, cuando faltaban poco más de dos años para que concluyera el mandato de Juan Carlos Romero, éste instruyó a sus asesores y a dirigentes del Partido Justicialista: debían preparar un proyecto de reforma constitucional. Introducir cambios a una Constitución que ya había sido reformada doce años atrás, era un hecho que no tenía precedentes pero si tenía una justificación: la necesidad de adaptar la Constitución de Salta a las reformas de la Constitución Argentina. Incluida, claro está, la cláusula de reelección.
A mediados del año 97, el Partido Justicialista dio a conocer su “Propuesta para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Salta”. El punto 5° de aquella “Propuesta” dice: “En cuanto a la incorporación de una cláusula que posibilite la reelección del Gobernador y Vice-Gobernador de la Provincia, la propuesta de nuestras Convencionales Constituyentes será la de reelección por un solo periodo inmediato, tal como lo dispone la Constitución Nacional al respecto”.
La idea era que el gobernador pudiera ser reelecto “luego de su primer período”. “Por último cabe expresar que al ser permitido por un solo periodo impide la hegemonía política y permite la alternancia democrática”, dice el texto. El tema se debatió en la convención en la sesión del día 6 de abril de 1998.
De los argumentos de los convencionales del justicialismo, aunque no se dijera explícitamente, se desprendía que la reforma autorizaba como máximo dos mandatos, o sea un total de ocho años.
El vicegobernador y convencional Walter Wayar fue más preciso cuando comparó el caso de la posibilidad de una segunda reelección de Menem. Según Wayar, “no es posible la reelección del actual Presidente de la República, pero sí la elección de otro justicialista” (sic) Wayar dijo que el dictamen de la minoría aludía a “la posibilidad de una sola reelección vedando la sucesión recíproca y el periodo actual se computa como el primero a los efectos del cálculo de estas reelecciones”.
Se mostró entonces contrario a cláusulas transitorias o a redacciones ambiguas de esa cláusula pues ello podría dar lugar a interpretaciones “desafortunadas”. Citó entonces el ejemplo de la Provincia de Córdoba en la que por una “interpretación desafortunada se posibilitó la tercera reelección del gobernador Angeloz”. Finalmente, la Convención aprobó el siguiente texto del Artículo 140: “Duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser elegidos más de dos veces consecutivas para desempeñarse como Gobernador y Vicegobernador de la Provincia respectivamente. Con el intervalo de un periodo pueden ser elegidos nuevamente”.
Sofismas y artimañas
Convencionales opositores y oficialistas, procedieron a aprobar aquella redacción. Y, sabiendas o no, estaban avalando una artimaña. Según María Moliner, artimaña es un “engaño hábil con el que se consigue una cosa”. Con habilidad o sin ella, con escrúpulos o sin ellos, el caso es que esa cosa que el gobernador logró que le regalaran la llave para la reelección indefinida. Cuando, en las elecciones del 9 de mayo de 1999, consiguió la primera reelección juró y re juró en sucesivas Asambleas Legislativas, actos y foros diversos que aquel segundo período sería su último mandato. Dicho está y escrito está. Cuando se acercaba el final de aquel segundo mandato también juró que no lo animaba ningún apetito de una candidatura a presidente de la República. En poco tiempo aquellos juramentos aparecieron como palabras escritas sobre el agua.
En abril de 2002 comenzó a hablar de su postulación. El 2 de julio de 2002 el gobernador Romero anunció: “Seré candidato a presidente”. El primer paso fue intentar construir una especie de coalición de gobernadores del Noroeste, aunque sólo recogió apoyos verbales de los gobernadores de Santiago del Estero, Carlos Juárez y el de Tucumán, Julio Miranda. El 26 de julio, Romero presentó en Salta su Programa de Gobierno. Aún confiaba que los candidatos del Partido Justicialista surgirían de comicios internos. En esos primeros meses, las agujas de los sondeos de opinión no se movían sobre el nombre de Romero que, pronto, resignó sus ambiciones presidenciales para plegarse como candidato a vicepresidente de la República en la fórmula encabezada por Carlos Menem en las listas del Frente por la Lealtad.
El binomio Menem-Romero se lanzó al ruedo el 17 de octubre de 2002 en un acto en La Rioja. El 25 de ese mes, Romero pide licencia de sesenta días y deja el gobierno de Salta en manos de Wayar. El sábado 26 de diciembre, Menem y Romero presiden un acto en un estadio en Salta al que, según los organizadores, asisten 40.000 personas. El 15 de abril de 2003, ambos clausuran la campaña presidencial en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Días antes, el 2 de abril, Romero resume en Salta para leer su mensaje en la Asamblea Legislativa. Dice que es su último mensaje como gobernador.
El domingo 27 de abril se realizan las elecciones generales. En las vísperas Menem y Romero dicen que no habrá segunda vuelta. Al menos hacia la galería, aparecen como triunfadores. “Somos ganadores”, aseguró Romero. Los resultados del domingo desmentirán ese triunfalismo. Los sondeos de intención de voto en la segunda vuelta tornan aún más sombrías las posibilidades de los candidatos Menem-Romero. En el comando de campaña no sólo se atienden a esos sondeos, también se calculan los costos de veinte días campaña. Según algunos, fue Romero quien tomó la delantera: “No podemos presentarnos en la segunda vuelta del día 18”, habría dicho. En Salta la fórmula Menem-Romero obtuvo el 44,41% de los votos, lejos del 56% y 60% esperados.
Por una palabra
Aquella deserción no fue un ejemplo de fair play democrático. Sin embargo, 15 de mayo pocas horas después de la espantada de Memem y Romero, éste justificó esa decisión: “No es un disvalor abandonar si la cancha no está marcada y las reglas de juego no son claras, uno puede decir hasta aquí llegué”. Pero dicho esto, de inmediato se dispuso a romper con las reglas del juego que en Salta él mismo había impuesto.
Regresado a Salta y al ser preguntado sobre su posible segunda reelección en Salta dijo: “De eso no se habla. Yo no tengo pensada esa solución”. El presidente de la Cámara de Diputados local aseguró que “nadie está planteando la reelección de Romero”. Dijo que su preocupación era “encarar los últimos meses de gestión y cumplir mi mandato. Después, el tiempo dirá”. El 19 de mayo, Romero reasumió como gobernador. Ese mismo día sus seguidores, incluidos empresarios y sindicalistas, lanzaron el Operativo Reelección.
“Romero es insustituible”, fue el primer argumento, al que se añadió otro: “Es la gente la que debe decidir”. La Constitución había sido archivada. Los medios de comunicación nacionales y los analistas políticos estaban demasiado ocupados con la llegada del presidente Kirchner como para ocuparse de los entretelones de una provincia distante y de poco peso electoral.
El día 21 Romero anunció que estaba dispuesto a “aceptar el pedido de los legisladores”. Aunque se plantó la posibilidad de habilitar un tercer mandato por vía judicial, Romero la desestimó. Entonces, contra reloj, contra los plazos del calendario electoral, forzó la convocatoria a una nueva Constituyente. Ahora habían pasado sólo cuatro años y medio de la anterior. En tiempo récord, con una rapidez inusual en ese pesado cuerpo, la Legislatura aprobó la ley de convocatoria a elecciones. El único argumento: “la necesidad de la reforma parcial de la Constitución”, en su Artículo 140. El día 26 se anunció la constitución del Frente Salteño, para respaldar a Romero.
Las solicitadas con firmas al pie cubrieron las páginas de los periódicos. El engañoso leiv motiv se repitió hasta el hartazgo: “Hay que reformar la Constitución pare defenderla”. El 6 de junio el Frente Salteño hizo su presentación en sociedad. “Respetaremos la Constitución: el derecho a la salud, al trabajo, a la educación”, decía la propaganda que apuntaba a las elecciones a convencionales fijadas para el 24 de agosto.
En estas elecciones, por primera vez en veinte años, la oposición logra armar un frente: “Unidos por Salta”, que obtiene más votos que el oficialismo. Esa leve ventaja no alcanza, sin embargo, para frenar la reforma. La legislación electoral es un traje a medida que viene distorsionando los resultados. Con el 50% de los votos el oficialismo logra 38 convencionales y con el 51% la oposición reunida 22, de los cuales 20 son de “Unidos por Salta” y 2 del Partido Obrero.
El sexo de los ángeles
Por primera vez en la historia una convención se reúne un día feriado: el sábado 30. Por primera vez también sus deliberaciones duran tan poco tiempo: apenas un par de horas. Por primera vez una convención se convoca para introducir, como una cuña, seis palabras que son como el pulido de la misma llave: “Duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser elegidos más de dos veces consecutivas para desempeñarse como Gobernador o Vicegobernador de la Provincia, respectivamente, lo que significa tres períodos seguidos. Con el intervalo de un periodo pueden ser elegidos nuevamente”.
La discusión sobre el sexo de los ángeles quedaba desteñida al lado de la argumentación que desplegó el oficialismo que, entonces, modificó y derogó de un solo plumazo, la lógica, el sentido común, la matemática, la geometría y la autoridad de la Real Academia Española. Desde entonces seguido ya no significa lo que dice la autoridad del diccionario: “Se aplica a lo que sigue inmediatamente a otra cosa”. La misma suerte corrió la palabra consecutivo. Desde la escuela primera sabemos que el 4 y el 5 son números consecutivos. Por ende, al primer mandato del gobernador Romero (1995-1999) siguió el segundo mandato (1999-2003) Un mero repaso de sus mensajes a la Asamblea Legislativa muestra que el propio gobernador habló de un primer mandato (1995-1999) y de un segundo mandato (1999-2003).
Aquella nebulosa fue transformada en luz verde para el tercer mandato del que, algunos todavía, confían en extraer otros sucesivos mandatos. Un día antes de las recientes elecciones a convencionales en Misiones, los más allegados al gobernador estaban diseñando la Operación Tercera Reelección. Hasta horas antes del escrutinio, admitieron públicamente que trabajaban en el lanzamiento de esa nueva Operación.
Un día como hoy
Un día como hoy, hace tres años, 678.050 ciudadanos salteños estaban habilitados para elegir gobernador y vicegobernador. Las boletas del oficialismo tenían los mismos nombres que aquellas de 1995 y las de 1999. El 58,48% que obtuvo Romero en su primera reelección de 1999, el 16 de noviembre de 2003 cayó al 50% En las elecciones legislativas del 23 de octubre del año 2005 esa caída se acentuó: logró el 31%. El justicialismo perdió más de 50.000 votos, esto es, catorce puntos, respecto a los comicios de noviembre de 2003, en los que ya había perdido cinco puntos y medio respecto al año 1995. El resultado de octubre de 2005 es uno de los peores resultados de sesenta años de peronismo en Salta, pues, en cuatro años, el oficialismo perdió 27 puntos.
“Habrá un fuerte respaldo a la gestión de Romero”, dijo uno de los candidatos a diputado nacional del PJ. “Se plebiscitará nuestra gestión”, aseguró el intendente de la Ciudad de Salta. Tres de cuatro encuestadores pronosticaron un triunfo del PJ con porcentajes que oscilaron entre el 43% y el 46%. La mayoría de los periodistas oficialistas confiaban en un holgado triunfo del PJ. Todos se equivocaron y casi ninguno admitió el grueso error.
Otro dato fue la merma de participación del electorado, una de las más bajas en los últimos sesenta años, lo que acentuó la pobreza de estos resultados. Mientras medios oficialistas se empeñaron en sostener una versión triunfalista de las elecciones afirmando que la concurrencia había llegado al 80% del padrón, la realidad indicó que sólo participó el 62,4% de los votantes, cifra distante del 76% que votó en las elecciones de 1999. Esos mismos medios omitieron informar sobre el elevado número de votos en blanco y anulados los que, juntos, sumaron 40.551 sufragios, esto es casi el 9% del total de votos.
La de Romero fue la peor elección de un gobernador del PJ en el Noroeste del país y el segundo resultado más pobre de los oficialismos en el país, después de Catamarca donde la coalición gobernante obtuvo el 33% de los votos. En el mapa político del NOA Romero retrocede frente a resultados como los del PJ y aliados en Santiago del Estero (71%), Tucumán (63,8%) y Jujuy (47%).
Esa pérdida de peso electoral se extiende al caso de otros logrados por caudillos provinciales como Adolfo Rodríguez Saa que logró el 64% o Jorge Sobich (48%) e incluso hizo un papel más deslucido que el de su ex compañero de fórmula Carlos Menem que, ahora como opositor, logró casi un 40% en La Rioja.
Sin explicaciones, a media noche de aquel domingo 23 de octubre de 2005, el gobernador dejó plantados a los dirigentes que lo esperaban en la sede del PJ. En vista a los magros resultados, prefirió hablar ante dos periodistas elegidos por el gobierno. Lo hizo desde un pequeño salón de un hotel céntrico, dijo que no modificaría el rumbo de su gobierno, que "la gente había votado por el futuro" apoyando "de forma contundente" las realizaciones del gobierno de Salta, "la seguridad jurídica" y apostado "a la gobernabilidad".
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