La legitimidad del Poder Constituyente |
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Escrito por el sábado, 10 de mayo de 2003 (Ha sido leído 9374 veces) La Constitución de Salta ha sido finalmente reformada. En tiempo récord y prácticamente sin debate, nuestra norma fundamental ha sufrido su tercera reforma en menos de quince años; esta vez de espaldas a una sólida mayoría de ciudadanos que se habían pronunciado de un modo inequívoco por no modificarla. Quienes han impulsado la reforma defienden con ardor la legitimidad y legalidad de la convocatoria y del proceso constituyente; quienes se han opuesto a ella, denuncian, por activa y por pasiva, que la reforma adolece de graves vicios políticos y legales que le convierten en un acto ilegítimo. Pero ¿unos y otros hablan de lo mismo? Sin dudas que no. Puede que la palabra legitimidad haya sido esgrimida por ambos con idéntica insistencia, con parecido fervor, pero, desde luego, no lo ha sido con la misma precisión conceptual, con el mismo rigor político y, sobre todo, con las mismas convicciones democráticas. El sector que ha impulsado la reforma ha protagonizado un auténtico tour de force dialéctico para intentar convencer a propios y extraños de que asistimos a un gran momento en la vida democrática de los salteños y de que la reforma de la Constitución es el resultado de un proceso limpio, legal y revestido de la más intachable de las legitimidades democráticas. Pero su idea de la legitimidad es puramente instrumental: se asienta en el principio mayoritario y en el cumplimiento de todos los pasos procesales previstos en la Constitución para su propia reforma. En rigor, ni lo uno ni lo otro confieren al poder constituyente la legitimidad pretendida, por lo que llevan razón quienes denuncian la ilegitimidad en el origen y en el ejercicio de la Asamblea que reformó la Constitución de Salta. La razón es muy simple: el principio democrático es siempre condición necesaria pero nunca suficiente para el ejercicio del poder supremo; no puede haber un poder constituyente legítimo sin base democrática (una minoría, por ejemplo, no podría ejercer este poder) pero tampoco puede haber un poder constituyente legitimado solamente en el principio democrático. Hace falta algo más que ésto. La democracia es, entre muchas otras cosas, un sistema que asegura, sin restricciones, la existencia de las minorías y las protege frente a los abusos de las mayorías. La democracia es siempre un juego de dos, o de muchos, que confrontan, pero que a la vez se reconocen mutuamente capacidad o aptitud para aspirar a ejercer el poder. Las mayorías, por muy amplias que sean o por muchos que sean los votos que las sustentan, no son democráticas si con esos números lo que persiguen es bloquear a las minorías el camino que conduce al ejercicio del poder. Por otro lado, el poder constituyente no puede nunca legitimarse en las normas que emanan del poder constituido. Tampoco puede hacerlo, por cierto, en aquellas normas que emanan del propio poder constituyente, porque éstas son únicamente mandatos para los poderes constituidos y no pueden ser interpretados de otra forma. Por tanto, aun cuando se haya cumplido escrupulosamente con el iter procedimental previsto en la Constitución para su reforma, esta circunstancia por sí sola tampoco confiere ninguna legitimidad política o democrática. La razón es otra vez muy simple: la legitimidad del poder constituido deriva, siempre, de la norma impuesta por el poder constituyente, porque el poder constituido es un poder normativo, un poder cuya legitimidad se basa en normas. Al contrario, el poder constituyente no está basado en normas y, por tanto, no puede legitimarse en el cumplimiento o la observancia de ninguna regla. Su legitimidad se basa exclusivamente en el hecho mismo de su efectiva supremacía política y esta supremacía no puede derivar más que de dos fuentes: el ejercicio de la fuerza o el consenso. Ausente el hecho revolucionario, sólo queda preguntarse si el origen y el ejercicio del poder constituyente han estado revestidos del consenso necesario para alcanzar aquel grado de efectiva supremacía política. Los hechos hablan por sí solos. "Los reaccionarios actuales se denominan conservadores, pero serían capaces de abatir la democracia para suprimir a la oposición" - Jesse Jackson Más artículos de la categoría Política y gobierno |
