Escrito por Iruya.com, el jueves, 23 de noviembre de 2006 (Ha sido leído 3504 veces)
 A. Petrón - Inteventor del IPSS
"El colapso es el horizonte previsible", advirtió Alberto Briones, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta. Según Briones se llegó a esta situación debido a las deudas del PAMI y a los altibajos del IPSS, principal cliente de las clínicas y sanatorios.
En enero de 2006 el gobierno de la Provincia dejó de pagar a las empresas prestadores del IPSS. En octubre pasado, un grupo de contratistas, a los que hace un año el gobierno no paga, denunció que las autoridades de ese Instituto condicionan el pago de parte de sus deudas a que no reclamen intereses por atraso en los pagos sino que, además, acepten una quita del 20%. “Tenemos cuarenta convenios vigentes y a todos les debemos”, reconoce el gobierno.
Briones manifestó que la deuda con la obra social de los jubilados asciende a 4 millones de pesos; en tanto, indicó que si bien la mora del IPSS es menor, el monto que se paga a las clínicas es muy bajo. Añadió que la obra social retiene un 38 por ciento de la facturación del sector, porque no le alcanza el dinero. El gobierno admite que el IPSS tiene un déficit mensual de 1.200.000 pesos. Aunque Petrón ahora dice que logró bajar el déficit a 600.000 pesos. “Es como jactarse de haber bajado la fiebre en un enfermo terminal”, responden los médicos. La deuda acumulada en el 2005, con droguerías y laboratorios, supera los 11 millones de pesos.
Los reclamos de los prestadores tienen en el interventor del Instituto una respuesta invariable: “los pagos se efectúan a través de un cronograma que se ejecuta de acuerdo a la disponibilidad financiera”. Según Petrón, durante los últimos seis meses –que son los de su gestión- se logró “un equilibrio financiero y no se genera nuevo pasivo con proveedores de bienes y servicios”. Los médicos temen que esto equivalga a un “borrón y cuenta nueva”.
Pese a los pedidos de informes de legisladores opositores, el IPSS responde con evasivas. Según el senador provincial Raúl García (Partido Renovador de Metán) el interventor no da detalles de los montos, fechas, asociaciones, colegios, pagos o deudas. “La intervención se niega a informar sobre la verdadera situación”, dijo García.
Corte de prestaciones
El desinterés, las promesas incumplidas y la negativa para la cancelación de las deudas que mantiene ese Instituto con los prestadores, hizo crisis ayer cuando esas dos entidades anunciaron la presentación de una demanda judicial contra el IPSS. Las entidades anunciaron que, a partir de hoy jueves 23, procederá a cobrar a los afiliados al IPSS que se intenten en esas clínicas y sanatorios, “a fin de poner en su conocimiento la asignación inequitativa y discriminatoria que realiza el Instituto de los recursos que maneja y los aranceles deficitarios con que retribuyen los servicios, por lo cual no es posible cumplir con los salarios del personal”.
Dentro de una escalada de medidas, los médicos tienen previsto movilizarse “en defensa de las empresas y de las fuentes de trabajo”, a partir de la próxima semana. Otro paso previsto es cortar del crédito al Instituto Provincial de Salud, lo que implica un corte total de los servicios.
En diez años quebró la mitad
En la ciudad de Salta, diez años atrás, funcionaban veinte clínicas y sanatorios con 1.200 camas. Una década después, son sólo once las que funcionan con crecientes dificultades, en tanto que el número de camas se redujo casi a la mitad. Todo esto en una ciudad que incorporó 200.000 habitantes más en ese período. “A la negativa de pagar nuestro trabajo por parte del gobierno de Salta y los bajos aranceles, se añaden la enorme presión fiscal y los incrementos salariales por decreto. Los gobiernos nacional y provincial siguen poniendo parches y postergando la solución de los problemas de fondo”, dicen los directivos médicos.
A comienzos de este mes Alberto Briones, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, afirmó que si no se dan prontas soluciones el sector corre el riesgo de quebrar. “La convocatoria de acreedores podría ser masiva”, dijo.
Sospechas de vaciamiento
Creado en octubre de 1950 como ente autárquico funcionó Instituto Provincial de Seguros. Durante décadas fue un modelo de organización y eficiencia en materia de seguros y prestaciones médicas. En los años ’90 se privatizó el sector seguros, que fue entregado a una firma de la que son socios funcionarios del actual gobierno.
En el año 2001 se transformó en Instituto Provincial de Salud. Las irregularidades comprobadas por una reciente auditoria realizada por la Sindicatura General de la Provincia, confirman y amplían las denuncias de mal manejo y corrupción en el IPSS.
Según los médicos y los especialistas en el tema, la crisis del IPSS comenzó en 1985. A partir de allí se eliminó la autarquía económica y se modificaron sus estatutos, para impedir la presencia de prestadores, afiliados y empleados en el directorio. Según el médico Carlos Amieva, desde entonces “jamás hubo decisión y capacidad autocrítica a partir de las cuales reconstruir esa obra social”.
Aquí se tiene la certeza de que el gobierno está interesado en acelerar el vaciamiento del Instituto, como paso previo a su privatización. Ese vaciamiento, dicen, se está haciendo gradualmente. Ya se habla del cierre de la farmacia, por ejemplo. “Después que hayan terminado la obra de demolición del Instituto, éste se venderá por monedas”, dice la oposición. Los antecedentes de otros organismos y empresas del Estado fortalecen esa impresión.
En los últimos once años, bajo el actual gobierno, los problemas del Instituto no sólo no fueron resueltos por sucesivos administraciones sino ellos se agravaron hasta ponerlo al borde del colapso. El gobierno reconoce hoy que el IPS tiene un déficit de 16 millones de pesos, aunque las entidades médicas dicen que el rojo es aún mayor. El IPS atiende a más de 250.000 afiliados.
El 12 de mayo de 2006 el gobierno designó como interventor del IPSS a Alfredo Petrón, dirigente del Partido Justicialista y hombre de confianza del gobernador, a quien responde directamente. Petrón fue antes secretario de Hacienda de la Municipalidad local, secretario de la Oficina de Control de Gastos de la provincia y coordinador de la Secretaría de Prensa del gobierno de Salta. Se jacta de haber actuado drásticamente en esos cargos.
Al asumir Petrón dijo que su gestión se prolongaría durante seis meses y que la situación del IPSS era difícil pero que no había encontrado allí “un caos total que requiera una intervención muy fuerte”. Petrón reemplazó a Alejandro Abella, ahora señalado por Petrón como responsable de cometer numerosas irregularidades.
Sin prolijidad y con descontrol
Según el informe final de esa auditoria, solicitada por Petrón, hay indicios de que, en el caso de la anterior gestión, en el IPSS se estaría ante el riesgo de incurrir en “balances falsos o incompletos”.
Aunque, de puertas afuera, el gobierno no lo admite, hacia adentro reconoce la gravedad de la situación. A comienzos del año 2001, el gobierno de Salta anunciaba que, a partir de la Ley que reconvirtió al IPSS, Salta tendría una obra social moderna y eficiente que estaría en condiciones de responder a las demandas de calidad de los afiliados, destinado a ser “modelo de obra social para todo el país”.
La lista de irregularidades es extensa e incluye: irregular contratación de personal; inobservancia de las pautas de ejecución del presupuesto, lo que impide conocer las distintas etapas del gasto; imputaciones insuficientes; denominación inadecuada de cuentas; diferencias entre el Debe y el Haber; firma de convenios antieconómicos; plan de cuentas errático y sin aval de instrumento legal alguno; “inadecuado y arbitrario uso de cuentas” y carga de asientos contables inseguros, entre muchas otras.
El gobierno responsabiliza de esos errores “al sistema informático”, por el que pagó mucho dinero y cuya incorporación lució en su momento.
Los críticos de la intervención dicen que muchos de esos males no concluyeron con el retiro de Abella. Durante la actual gestión se contrató más personal con altos sueldos y se firmaron contratos de publicidad y otros servicios no imprescindibles. El gobierno justificó la intervención en la necesidad de “mejorar el servicio”.
"Hacemos agua en los centros de salud"
El vice ministro de Salud de la Provincia de Salta, Alfredo Llaya, reconoció que hay fallas en los Centros de Salud que dependen de ese ministerio. Llaya admitió que, en el tema de los Centros, "es cierto que hacemos agua”. El funcionario también admitió la falta de personal en algunos centros asistenciales.
Dijo que se estudia la incorporación de más personal. En Salta hay 5.000 enfermeros en paro pero hospitales y centros asistenciales carecen de ellos. Esta semana, por primera vez, los enfermeros se movilizaron para reclamar la titularización de cientos de enfermeros contratados y de otros que trabajan sin ser retribuidos.
El funcionario habló en el acto donde asumieron dos coordinadoras generales de las redes operativas Sudeste y Noroeste del ministerio de Salud. Las funcionarias estarán a cargo de la vinculación de 58 Centros de Salud con los hospitales San Bernardo y El Milagro Nuevo, como un paso previo al plan de regionalización de la salud.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES), Liliana Carracedo, señaló que esos centros de salud están desmantelados, “porque no tienen profesionales para la atención de los pacientes, porque los insumos y medicamentos son insuficientes y porque muchos no tienen enfermeros y ni siquiera personal de limpieza”.
Según la titular de APSADES, “para la gente, la regionalización de los centros de salud, no significará una mejor atención sino por el contrario implicará un mayor obstáculo, porque será derivado a distintos lugares según la complejidad del caso”. Opinó que el primer nivel de atención debe asistir al paciente de la manera más rápida posible, pero con la regionalización el acceso será dificultoso.
Llaya tiene una opinión distinta. Según el viceministro, con la regionalización se busca recuperar la mística de los centros de salud, que consiste en buscar a los pacientes. Al referirse al Seguro Provincial de Salud, dijo que está en funcionamiento para mujeres embarazadas y niños menores a seis años pero que la idea es que a él acceda toda la sociedad.
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