Escrito por Iruya.com, el lunes, 27 de noviembre de 2006 (Ha sido leído 2940 veces)
 Ministro de Gobierno de Salta
Funcionarios del gobierno de Salta no ocultan su enojo con la repercusión nacional que comenzó a adquirir este caso. En los primeros días de octubre pasado, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación denunciaron el asesinato de Liliana Ledesma en Salvador Mazza, relacionándolo con la trama del narcotráfico.
“Hasta ese momento el gobierno, legisladores del oficialismo y medios de comunicación que controlados por el gobierno de Salta adoptaron actitudes cambiantes. Primero, permanecieron callados, ignorando el hecho. Después, ridiculizaron el caso hablando del ‘asesinato de la vendedora de huevos’. Luego dijeron que se trataba de un episodio policial común. Más tarde, cerraron filas en torno al ex diputado Aparicio, negando la trama del narcotráfico y tratando de protegerlo”, dicen los abogados de Derechos Humanos. “Si el caso no se hubiera planteado en Buenos Aires, en el Congreso y en la prensa nacional, ya se habría archivado el caso. El asesinato de Ledesma es la punta del ovillo”, aseguran.
Para el ministro Brizuela, el pedido de las diputadas Elisa Carrió y Nora César para que la Cámara de Diputados de la Nación abra un debate sobre “una supuesta amenaza anónima” (sic) y las vinculaciones de esas amenazas con el narcotráfico, son extemporáneas porque “hay un juez que está a cargo de la causa. Las novedades del caso son las que surgen de la investigación de la Policía de la Provincia y del juez Nelso Aramayo”.
Según el ministro ejemplos del avance en la investigación son: la orden de captura contra los supuestos autores materiales, el secuestro de armas y la detención de personas que estarían relacionadas con el hecho.
Brizuela aseguró que “la policía ya sabe de donde y a qué hora” se enviaron los e-mail con esas amenazas.
“No lo puedo dar más detalles, sólo que hay un ingeniero que hizo esta investigación. Esos dos mensajes salieron de la misma máquina y del mismo lugar, que sería de Salvador Mazza”. Añadió que Policía de la Provincia “está trabajando para identificar a las personas que los enviaron”.
Si hay medidas anti drogas
La presidenta de la Comisión de Narcotráfico de la Cámara de Senadores de la Nación, Sonia Escudero, desmintió que la Provincia de Salta no trabaje para erradicar el flagelo de la droga. Escudero fue administradora de una de las empresas del gobernador Romero con quien luego colaboró como titular de la Secretaría General de la Gobernación.
“Venimos reclamando la radarización de la frontera a Gendarmería, porque es una asignatura pendiente” dijo Escudero quien reclamó al Jefe de Gabinete, Alberto Fernández “la generación de fuentes de trabajo en las zonas de frontera”.
Criticó la decisión de la AFIP de imponer un cupo a las ventas de harina, aceites y granos, lo que provocó que “mucha gente se quede sin trabajo y luego la tentación del narcotráfico es muy grande. La AFIP decidió correr la frontera, llevarla a Aguaray, y quedaron 20 kilómetros que son tierras de nadie”.
Escudero rechazó las afirmaciones del senador nacional Ricardo Gómez Diez, quien afirmó que en Salta no hay lucha contra el narcotráfico. “Esto no es así, hay acciones pero no son sólo policiales”, contestó Escudero. “Cuando no hay fuentes de trabajo es más fácil entrar en el narcotráfico”.
Coincidió con el Juez Federal Abel Cornejo, quien dice que los controles fijos de Gendarmería no son buenos, porque todos saben donde se ubican, “es así, por eso solicitó que se radarice la frontera. Tenemos cientos de kilómetros de frontera que están sin control. No sólo es terrestre, sino que hay un gran tráfico que pasa por vía aérea que baja en pistas clandestinas. Aquí todos hablan mucho pero hacen poco”.
La senadora cree que “hay que coordinar la responsabilidad empresarial”, porque la zona es una de las más ricas en petróleo pero hay gran desocupación. “El Senado acaba de aprobar la ley que traspasa los hidrocarburos a las provincias y ahora Salta tendrá autonomía para negociar”.
“Hay una campaña”
Según el gobierno de Salta hay una campaña de prensa cuyo objetivo es desprestigiar a la provincia en la persona del gobernador Romero. Esas mismas fuentes entienden que esa campaña recrudecerá en los próximos días, cuando el tema sea tratado en el Congreso de la Nación. El gobierno local entiende que en los últimos días se inició una escalada y citan como ejemplos a notas publicadas por varios medios nacionales.
Diario “Perfil” en su página web: “Ola de amenazas por el caso de la productora rural. Una diputada kirchnerista denunció intimidaciones de muerte. El caso de Liliana Ledesma, asesinada en septiembre de este año luego de haber denunciado una red de venta de drogas, motivó un pedido de informes del ARI al Poder Ejecutivo.
Diario “Clarín”: “Drogas: piden investigar a un diputado por lavado de dinero”. Aparicio Tiene al menos 36 propiedades a su nombre. Se lo investiga junto a dos narcos prófugos por el asesinato de una mujer que lo había denunciado. Hace 15 días renunció a su banca provincial.
Añade “Clarín” que en tres expedientes se investiga a Aparicio “por su presunta participación en el tráfico de cocaína a gran escala. Otra causa apunta a establecer su relación con el crimen de una mujer que lo había denunciado públicamente como narco. Además, hay un sumario abierto para determinar si está detrás de las amenazas que han recibido un juez, abogados y periodistas que se ocuparon de su caso”.
El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió al juez federal Miguel Medina que también se investigue a Aparicio por lavado de dinero para que explique, por ejemplo, de dónde sacó sus 36 propiedades. Toranzos pide que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el organismo oficial encargado de investigar lavado de dinero, investigue a Aparicio y a sus socios los hermanos Raúl y Delfín Reynaldo Castedo.
“Clarín”, revela que la Procuración General de la Nación resolvió este martes que la unidad fiscal especializada en delitos de drogas (UFIDRO) intervenga y de apoyo a los fiscales que manejan los expedientes dedicados a Aparicio y los Castedo. “Nunca antes habían quedado tan expuestos públicamente, aunque ya se los investigaba desde hacía tiempo. El fiscal federal salteño Eduardo Villalba los tenía involucrados a los tres en la causa 563, de 2003, por contrabando de drogas desde Bolivia. Su colega de Orán, José Luis Bruno, los venía siguiendo en el sumario 148. Y Toranzos hacía lo mismo en una causa derivada de dos expedientes porteños”.
Según el informe Jesús Rodríguez, corresponsal de “Clarín” en Salta, “un testigo de identidad reservada definió a Aparicio como un "capitalista de la droga" al que había conocido allá por 1997, cuando era concejal en Salta. Según contó, el político tenía un aserradero en Pocitos, desde donde enviaba camiones a Bolivia que supuestamente volvían con maderas y cargas camufladas de hasta 80 kilos de cocaína. Luego, aseguró, presuntamente repartía la droga en el mercado local o la mandaba por barco a Europa”.
El diario “Página 12” titula: “El escándalo narco salteño ahora alcanzó las butacas del Congreso”. “La denuncia por amenazas a la diputada del PJ Nora César y un pedido de informes de Lilita Carrió desataron un debate al rojo vivo entre denunciantes y defensores del romerismo”, dice la nota que firma Eduardo Tagliaferro.
Según “Página 12”, “el oficialismo hizo del tema una cuestión partidaria. No faltó incluso el diputado que hiciera la defensa del gobernador salteño Juan Carlos Romero. El cruce fue tan fuerte, el caso es tan escandaloso, que luego de rechazar tratar el tema en esta sesión, el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, aceptó discutirlo la semana que viene”.
Bandas armadas
El semanario “Veintitrés” denunció que en Salta actúan bandas paramilitares encargadas de desalojar de las tierras que hace años ocupan pobladores del Norte de la provincia. “El lado criminal del boom sojero”, titula la revista. Esas tierras son ocupadas por fuertes empresarios que las incorporan al cultivo de soja. La acción de las llamadas “guardias blancas”, dice la revista, se redobló en los últimos meses al calor del precio récord que alcanzó la tonelada de soja: 650 pesos.
La nota relaciona el crimen de Liliana Ledesma con esta fuerte ofensiva destinada a desplazar a comunidades locales y a grupos aborígenes de las tierras que ocupan desde hace siglos. Aquellos que resisten los desalojos “suman tantas amenazas como causas en los tribunales”, añade la publicación que dice que la justicia de Salta es una aliada de los nuevos patrones. La denuncia de “Veintitrés” no es una más en la larga lista abierta sobre abusos en Salta. No lo es porque, desde hace meses, esa publicación editada en Buenos Aires se ofrece como parte del diario “El Tribuno”, propiedad del gobernador Romero.
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