Escrito por Iruya.com, el martes, 05 de diciembre de 2006 (Ha sido leído 3823 veces)
Para Abel Cornejo, titular del Juzgado Federal N° 1, el trasfondo del asesinato de Liliana Ledesma y el problema más grave en el Norte de Salta no es tanto un conflicto por tierras o por la apertura de pasos comunales, sino el hecho que “allí es una zona liberada para el tráfico de drogas”. Cornejo insistió que las acciones aisladas y esporádicas no son suficientes para hacer frente a esta grave situación que está demandando que el Estado refuerce y coordine acciones destinadas a controlar esa frontera.
Sin radares para controlas decenas de vuelos y pistas de aterrizaje clandestinas, sin recursos técnicos para acciones de control, con fuerzas de seguridad fragmentadas y enfrentadas, con casi nulos recursos de la justicia federal, con un poder político carcomido por la corrupción, con bandas armadas que operan con impunidad y a la luz del día y una crisis social agravada, Salvador Mazza es un territorio dibujado en los mapas argentinos pero en el que la presencia del Estado es débil y, por momentos, inexistente.
Cornejo reveló que, a las amenazas que viene recibiendo, se añadieron algunas intimidaciones que afectaron a su familia. En el Juzgado a cargo de Cornejo, desde los años ’90, se investigan operaciones de lavados de dinero y las conexiones de los hermanos Castedo con redes internacionales de narcotraficantes. Cornejo negó que la unificación de las causas contra los Castedo y el ex diputado justicialista Ernesto Aparicio pudiera ser tramitada en su juzgado.
Pese a que Aparicio es investigado por delitos de narcotráfico en varias causas, la semana pasada reapareció en primera fila en el Congreso Provincial del Partido Justicialista, donde fue saludado y recibió la solidaridad de los principales dirigentes de ese partido. Aparicio dijo que recuperará su banca en la Legislatura provincial y es sabido que se presentará en las listas del vicegobernador Walter Wayar, de quien se declara seguidor.
Mientras funcionarios del gobierno de Salta y el ex ministro de Gobierno y actual diputado nacional Osvaldo Salum dicen que el caso Liliana Ledesma está esclarecido y cerrado con la detención de los autores materiales de ese crimen, legisladores kirchneristas, abogados de la Red de Derechos Humanos y familiares de Ledesma, dicen que hasta ahora sólo se dieron los primeros pasos en un camino más largo y complicado y con ramificaciones en Buenos Aires y en Europa, especialmente con España, Francia e Italia.
Lavado de dinero
La Justicia ha solicitado al Banco Central informes sobre cuentas de los sospechosos. Por su parte, el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos pidió que Aparicio y sus socios, los hermanos Raúl y Delfín Reynaldo Castedo, sean investigados también por presunta violación de la ley que reprime el lavado de dinero. Según el periodista Rafael Saralegui, también se pidió a la Dirección de Inmuebles de Salta y al Registro Nacional de Propiedad Automotor que informen sobre los bienes a nombre de los Castedo y de Aparicio y las identidades de los vendedores de tierra y vehículos. “Aparicio no esconde mucho: en la causa hay 36 propiedades registradas a su nombre”, añade Saralegui.
A lo que se añade la construcción de un mansión el la ciudad de Salta. Aparicio fue elegido diputado provincial en las listas del Partido Justicialista. Debía concluir su mandato en el año 2009 pero, presionado por el gobernador Romero, tuvo que renunciar el pasado 7 de noviembre.
Citando a un testigo de identidad reservada, “Perfil” dice que “Aparicio tenía un aserradero en Pocitos, que estaba a nombre de su madre, y que mandaba a buscar maderas a Bolivia”. Entre las maderas venía la cocaína. "A veces manejaba hasta ochenta kilogramos de estupefacientes y después realizaba el traslado pasando por Salta y directamente la descargaba en Buenos Aires". Los puntos de distribución eran una mueblería situada en la avenida Juan B. Justo, cerca de Plaza Italia, en Palermo, y una acopiadora en el partido de San Martín. El informante decía además que Aparicio supuestamente enviaba droga de Salta a Mar del Plata, desde donde se la mandaba en barco a España”.
A comienzos del año 2003, antes que asumiera como diputado y lograra así inmunidad parlamentaria, Aparicio fue investigado sospechado de vinculaciones con el narcotráfico. Según fuentes judiciales, el nombre de Aparicio aparece en la carátula de al menos cinco expedientes que se tramitan en la Justicia Federal. Uno de ellos es el Expediente 145 del año 2003.
Aunque se acumulan los antecedentes respecto a Aparicio, el juez Nelso Aramayo, a cargo de la causa, dice que aún no tiene elementos suficientes para imputar en la causa al ex diputado justicialista, a quien la familia de Liliana lo señala como instigador de ese crimen. Vecinos de Salvador Mazza aseguran que, en los últimos años, Aparicio hizo importantes obsequios al juez Aramayo.
Buscados sin rostro
En declaraciones a la periodista Mabel Carrizo, de “Video-Tar” de Tartagal, el juez Aramayo explicó que lleva adelante la causa por homicidio “y si, posteriormente, deriva en una causa por narcotráfico, eso es otra cuestión”. Según la periodista, “si bien, en Tartagal, siempre se habló que existe una relación entre el juez Aramayo, los Castedo y el ex diputado Aparicio, lo cierto es que éste es algo así como el chivo expiatorio en toda esta cuestión. Si se lo expulsaba de la Legislatura perdía la influencia del Gobernador”.
Aunque el gobierno de Salta ofreció una recompensa de 50.000 pesos por datos sobre los hermanos Castedo, prófugos hace un mes, hasta ahora no distribuyó fotos de los Castedo. Fotos de los prófugos sólo apareció en portada de “Nuevo Diario de Salta”, en su edición del jueves 30 de noviembre pasado.
Por su parte el diario “Perfil” que se edita en la Ciudad de Buenos Aires, recuerda que, “pese a que la hermana y un cuñado de Aparicio están detenidos, la primera por ser considerada entregadora y el segundo por haber aplicado supuestamente las puñaladas mortales, el ex legislador sigue libre y tan campante”.
Según las directivas del gobernador de Salta, ahora los funcionarios deben solidarizarse con los pequeños productores. Incluso, deben ponerse a la cabeza de algunas de sus reivindicaciones antes negadas o ridiculizadas. Ahora, el ministro de la producción, Sergio Camacho, manifestó su “absoluto” apoyo a los pequeños productores que sufren desalojos o intimaciones a pesar de tener “posesión veinteñal”. “Vamos a acompañar, desde el punto de vista de regularización de tierras, a los productores”, dijo. El funcionario explicó que esos pequeños productores deben enfrentarse a “vivillos de la zona”.
Los Castedo están cerca
Delfín Reynaldo Castedo, alias Hula, aseguró ayer no tener ninguna vinculación con el asesinato de Ledesma y que agregó que este tema está siendo utilizado políticamente y que las acusaciones en su contra forman parte de una maniobra de ese tipo. Lo hizo en una llamada, “desde algún lugar de Salta”, al diario “El Tribuno”, que la consigna en su edición de hoy. El diario oficialista califica a Castedo como “productor agrícola”. Hula Castedo dijo que él y su hermano se sienten mal por tener que ocultarse y negó integrar uno de los carteles del narcotráfico que operan en la frontera con Bolivia. “Todo esto es un invento. Puedo demostrar que no tengo antecedentes”. Castedo aprovechó su llamado para decir que el camino vecinal por cuya apertura luchó Liliana Ledesma, “es utilizado para cometer narcotráfico y el robo de ganado”.
Días después de cometido el crimen de Liliana Ledesma, los medios de comunicación que responden al gobierno mencionaron el caso como un crimen común cuya víctima era una “vendedora de huevos”. La semana pasada, alguno de esos funcionarios fueron a Salvador Mazza a romper los candados para dejar liberado el paso por los caminos comunales, cuya clausura durante años denunció la asesinada Liliana Ledesma.
La semana pasada la diputada nacional Susana Canela (kirchnerista de Salta), conversó con el juez Nelso Aramayo quien, según Canela no informó demasiado ya que aguarda novedades de parte de la Policía en torno a los hermanos Castedo.
“El Juez fue prudente y no quiso decir muchas cosas”, señaló. A Aramayo le llamó la atención “una presentación de un abogado firmada por uno de los Castedo pidiendo la nulidad de la causa, lo que quiere decir que andan por acá”. Este pedido fue rechazado por improcedente.
Ayer los abogados de los Castedo, Sebastián García y Gustavo Semorile, pidieron al juez Aramayo deje sin efecto la imputación de sus defendidos en la causa por el asesinato de Liliana Ledesma. Los abogados reconocieron que existen escuchas de conversaciones telefónicas del año 2002, las que fueron ordenadas por el juez federal Abel Cornejo. Los letrados justificaron la no presentación ante la justicia de los Castedo en una “estrategia de la defensa”. García y Semorile dicen que no hay ninguna prueba en contra de los hermanos prófugos.
La diputada Canela atribuyó la demora de la justicia por la cantidad de casos que hay, la complejidad de los mismos y la escasez de magistrados. La situación es tal que en varios juicios por homicidio son los familiares de las víctimas quienes llevan a los testigos. “Las víctimas tienen que ir y buscar sus testigos para decir que los que están acusados son culpables y creo que aquí es donde está el cuello de botella en la justicia”, agregó.
El juez Aramayo espera la desgrabación de conversaciones telefónicas entre Aparicio y los Castedo. Se atribuye importancia al contenido de esos diálogos. “La causa está medio parada”, admitió Canela.
Silencio oficialista
Ninguno de los semanarios afines al gobierno, que se publican aquí los fines de semana, dedica una sola línea al Caso Ledesma. Este silencio y desinterés periodístico contrasta con la preocupación de algunos medios nacionales que desplazaron enviados especiales a Salta, a Salvador Mazza y a Pocitos, en la frontera con Bolivia. El reconocimiento a un anciano heladero y la colocación de una placa en su local comercial; listado de regímenes para adelgazar; detalles sobre la “vigorexia”; exposición de perros; semblanza de una salteña que integra el Seleccionado Argentino de Hockey; la historia de un trompetista ciego y las especulaciones sobre anuncios y desmentidas de la visita a Salta del presidente Kirchner, son algunos de los temas que atraen el interés de esos semanarios.
El crimen de Liliana Ledesma, el 21 de septiembre de 2006, estuvo precedido y también rodeado de una larga y densa historia de conflictos y violencia en Salvador Mazza, localidad de 25.000 habitantes y de intensa circulación. La vecina localidad de Pocitos tiene 50.000 habitantes. Desde hace años, los viajes de compras de argentinos mueven allí, más de un millón de dólares.
A los daños provocados por las inundaciones durante el verano, a comienzos de abril de este año, esa localidad permaneció ocupada por vecinos y camioneros que bloquearon el puente fronterizo en respuesta al bloqueo de piquetes en territorio Boliviano. El intenso movimiento en la frontera, que incluye el paso de cientos de camiones, fue interrumpido. Calles destruidas, basuras sin recoger, proliferación de ratas, malos olores y prepotencia forman parte del paisaje de esta localidad en la que hay propiedades rurales que tienen puertas de entrada y salida en territorio argentino y boliviano. En los años ’90 un enviado del diario “Ámbito Financiero” relató pasó del sector argentino al boliviano con solo ingresar a una casa de familia, cuya fechada y puerta principal estaba del lado argentino y cuyos fondos estaban en el lado boliviano.
Los cortes de la Ruta 34 y del puente internacional se reiteraron veinte días antes del asesinato de Liliana Ledesma, en protesta por medidas de la AFIP destinadas a restringir el llamado “contrabando hormiga”, del que viven “bagayeros” y comerciantes de la zona.
Sin punto de comparación, el fuerte de ese comercio ilegal es el tráfico de cocaína, droga cuyo valor se multiplica en cada cruce de frontera. Se estima que el kilo de cocaína que sale de Bolivia cuesta 250 euros. Cuando llega a Salvador Mazza cuesta 950 euros y en la ciudad de Salta se paga 1.000 euros el kilo. En Buenos Aires cuesta 2.500 euros y en España llega a los 35.000 euros el kilo. En mayo pasado, un catalán utilizado como “camello” para pasar desde Bolivia a Salvador Mazza cuatro kilos y medio de cocaína pura, reveló que quienes lo contrataron ofrecieron pagarle 30.000 euros por sus servicios. Es fácil, le dijeron, “tienes que coger un autobús hasta Yacuiba y de allí pasar caminando a Salvador Mazza. Por tu aspecto europeo, nadie sospechará de ti”, le dijeron. A este hombre de 38 años, no le fue fácil: fue detenido.
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