En Salta marcharon por la seguridad y contra la impunidad |
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Escrito por el miércoles, 13 de diciembre de 2006 (Ha sido leído 3262 veces) Horas después que el secretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Ferraris, afirmara que en Salta “no hay inseguridad sino sensación de inseguridad”, más de mil personas marcharon para manifestar su rechazo a la impunidad y para reclamar el esclarecimiento de veinte asesinatos aún no esclarecidos. Allí el día anterior, durante una reunión informativa con legisladores, Ferraris dijo que, desde el punto de vista de la seguridad, Salta no era “una Provincia complicada”. Para el funcionario aquí no hay “crimen organizado” y la mayoría de los delitos son menores: robos o hurtos. Ferraris apoyó su afirmación en el hecho que, de enero a noviembre de 2006, se produjeron 36 homicidios. Según datos aportados por el secretario de Seguridad, comparados con cifras del año 2005, en 2006 disminuyó la cantidad de delitos denunciados. El año pasado la policía registró 10.800 denuncias y en durante 2000, 9.400. “Se trata de estadísticas certeras y no de lo que dicen los diarios”, explicó el funcionario. El funcionario no mencionó datos oficiales que dan cuenta que entre 2000 y 2004 las causas penales se duplicaron y que la inseguridad es un hecho real y cuantificable. Tampoco que este año, varios de los delitos contra la propiedad, se produjeron en el centro de la capital salteña; algunos, en pleno día y a metros del Departamento Central de Policía o de comisarías. La semana pasada, un sondeo de una consultora privada constató que el 38% de los ciudadanos de Salta está preocupado por la inseguridad. Salta, realidad virtualSegún la oposición, los funcionarios gubernamentales de todas las áreas se ajustan, invariablemente, a un mismo esquema de interpretación que se asienta en una premisa: negar los datos de la realidad, relativizar la gravedad de algunas situaciones o empequeñecer los datos negativos a partir de compararlos con los de la Provincia de Buenos Aires y los de la Ciudad Autónoma. “Lo que pasa en Salta en un año, sucede también en unas pocas manzanas de la Ciudad de Buenos Aires en poco tiempo”, argumentan los funcionarios. “En su afán de negar la realidad o subestimar sus datos negativos, el oficialismo insiste en inventar una Salta virtual”, reprocha la oposición. Ante esas afirmaciones la diputada Fanny Velarde (Partido Renovador) dijo que los hechos denunciados son siempre inferiores a la cantidad de delitos producidos. Esto es así no sólo por la reticencia de los particulares a registrar esos hechos sino porque las comisarías aconsejan a los denunciantes no hacer ese trámite o porque se niegan a recibir algunas denuncias o lo consignan muchas de las que se hacen. Ferraris explicó que esto es así “porque la gente no confía ni en el sistema judicial ni en la Policía”. Dolores Demonty, madre de Ezequiel un joven al que la policía obligó a arrojarse al Río de la Plata, es una de las madres que llegó a Salta para participar en la marcha. “Estamos aquí para acompañar a los salteños en esta lucha, porque compartimos y comprendemos el dolor de tantas familias. Demonty señaló que la cantidad de crímenes impunes es un dato de la realidad que excede una jurisdicción y abarca muchas provincias argentina. Por su parte Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón secuestrado y asesinado por la policía de la Provincia de Mendoza, dijo que “es tiempo que el pueblo de Salta que siempre ha sido pacífico y golpeado, salga a reclamar, manifestarse, para que todo el país sepa lo que está pasando”. Medina, que integra la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, dijo en el caso de María Soledad Morales en Catamarca, “fue el pueblo que dijo basta al gobierno feudal que estaba a cargo de los Saadi”, comparando este caso con el asesinato de Liliana Ledesma en Salvador Mazza. “Aquí en Salta está comprometida gente del poder político y diputados, que quieren atemorizar a la prensa independiente. No van poder detener a la gente porque ya hemos perdido el miedo y por que tenemos derecho a opinar. Queremos una justicia sin distinción social”, recalcó. Avances sobre la sociedad civilPor su parte el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Buenaventura David, dijo que esas marchas son una oportunidad, “para reclamar por los Derechos Humanos que, día a día, se violan en la provincia”. En opinión de Daniel Escotorín, dirente de esa Central, “la impunidad tiene que ver con un permanente avance del poder político sobre la sociedad civil”. Carlos Morello, concejal y coordinador en Salta del kirchnerista Movimiento Barrios de Pie, destacó la importancia de la marcha: “a partir del asesinato de Liliana Ledesma, se comenzaron a destapar varios crímenes sin justicia”. Según Morello, las declaraciones de Delfín Castedo “demuestra con claridad que hay un sistema de vinculación entre estos delincuentes y el poder político. La sociedad entre los Castedo y el ex diputado Aparicio, no la puede negar nadie. Eso demuestra la unidad entre ciertos sectores de delincuentes, con ciertos sectores del poder. Esto es lamentable, pero no sorprende ya que Salta es una Provincia en la que una parte del poder tiene vinculaciones muy profundas con el narcotráfico”, denunció Morello. Presencia del narcotráficoJorge Altamira, líder nacional del Partido Obrero, dijo que eran “muy significativas” las declaraciones del prófugo Delfín Castedo, publicadas en el oficialista diario “El Tribuno”. Altamira opinó que resultaba cuando menos extraño que alguien buscado por la justicia, al que ese medio llama “productor agropecuario”, pueda mantener una entrevista de este tipo, sin que ese medio ni la justicia se preocuparan de rastrear la llamada que hizo Castedo desde un teléfono móvil. Altamira recordó que el Partido Obrero pidió la formación de una comisión investigadora para establecer la relación entre la asesinato de Liliana Ledesma “con el problema de las tierras, el tráfico de drogas y la complicidad del aparato del estado. Cuando Salta está conmovida por este crimen, el embajador de los Estados Unidos y la DEA, otorgan un certificado de conformidad al gobierno provincial, en la llamada lucha contra la droga. Nadie denunció la ingerencia del diplomático norteamericano en el rescate de un gobierno que está viviendo la crisis del narcotráfico y la muerte de productores”, añadió Altamira. Jesús Ledesma, hermano de Liliana, informó tuvo una conversación telefónica con el ministro de Gobierno Víctor Manuel Brizuela, quien prometió comunicarse con el juez que entiende en la causa para solicitarle que agilice la investigación. Mientras tanto, “Aparicio anda tranquilo en Salta y en Pocitos”, añadió Ledesma quien, junto a su padre y su madre radicaron denuncia en contra Aparicio. Aparicio si tiene que ir preso que vaya, como los Castedo porque tenían planificada la muerte de mi hermana”. Ayer, por primera vez y después de dos meses y medio de ocurrido el crimen, el gobernador Romero recibió a familiares de Liliana Ledesma, a quienes dio garantías que este hecho “será investigado hasta sus últimas consecuencias”. Jesús Ledesma dijo que el gobernador se comprometió “solucionar el problema de la tierra en Salvador Mazza”. Añadió que, en opinión del gobernador, el juez ya debería haber procesado a los acusados de ser autores materiales de este crimen, Gabriela Aparicio (hermana del ex diputado Ernesto Aparicio), Aníbal Tárraga y Lino Moreno.
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