La ex diputada Silvia Troyano 'colaboró con la dictadura' |
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Escrito por el miércoles, 13 de diciembre de 2006 (Ha sido leído 2996 veces) La ex diputada nacional Silvia Troyano (Partido Justicialista) “es una falsa militante de los Derechos Humanos. Ella colaboró con la dictadura militar delatando a compañeros. Entre ellos, a mí mismo cuando el 14 de abril de 1976 me denunció en sede judicial como integrante de ‘una organización subversiva’, afirmo hoy Alfredo Ahuerma, ex esposo de Troyano y dirigente local de una agrupación kirchnerista. Estas revelaciones no surgieron en la tramitación de un juicio relacionado con esos hechos, sino dentro de una demanda que, por calumnias e injurias, inició a Silvia Troyano, como directora del periódico “La Cicuta. 7 días de ácida realidad”, el ex ministro de Hacienda de Salta y actual senador provincial Fernando Yarade (Partido Justicialista). En una nota publicada en “La Cicuta”, Troyano acusó a Yarade de enriquecimiento ilícito y de favorecer desde sus funciones a una cadena de tiendas de su familia. La cadena abrió su primer local en 2001, cuando el actual senador era ministro de Hacienda. Entre ese año y el año pasado, cuando Yarade dejó esas funciones para ocupar una banca en el Senado, la cadena abrió seis locales comerciales. Troyano dijo, además, que Yarade era propietario de importantes edificios y debía explicar el origen de su rápido enriquecimiento, poco frecuente aquí en un profesional joven. Una condena a muerte“En aquellos días, hacer esa denuncia implicaba una condena de muerte. En abril de 1976 ya habían asesinado a Rubén Fronda, al periodista Luciano Jaime, al ex gobernador Ragone. Al delatarme entonces, Troyano me estaba entregando a los asesinos para que me asesinaran y trituraran mis huesos”, dijo Alfredo Ahuerma, hoy dirigente kirchnerista y entonces dirigente del Frente Revolucionario Peronista. La gravedad de la denuncia de Alfredo Ahuerma incluye un dato poco frecuente: hasta fines de 1975 fue marido de Silvia Troyano, matrimonio del que nació su hija Soledad que ahora tiene 30 años. Veinte días después del golpe militar de 1976, Silvia Troyano formalizó sus denuncias por escrito en el expediente divorcio, cuya copia Ahuerma entregará ahora a la prensa. “En un documento firmado entonces por Troyano, ella dice que pide el divorcio porque, meses después de contraer matrimonio conmigo, se enteró que yo pertenecía a una organización subversiva que actuaba al margen de la ley. De inmediato se redoblaron los allanamientos en la casa de mis padres, los que se hacían todas las semanas. También se intensificó mi búsqueda”, dijo el dirigente. “Me divorcié para resguardar la integridad de mi hija y también la mía. Ese escrito lo presenté en el año 1977, cuando mi ex marido ya estaba fuera del país”, explica ahora Troyano. Ahuerma reveló que él le propuso a Troyano viajar a México para eludir la persecución política. “Ella no aceptó reencontrarse conmigo en México, en donde me exilié a fines de 1974. Troyano decidió entonces regresar a Salta donde, al poco tiempo, comenzó a colaborar con la dictadura porque fue obligada a hacerlo a cambio de su vida”, explicó Ahuerma que recordó que, al retornar a Salta su ex esposa fue detenida por unos días. En opinión de Ahuerma, desde hace años, la ex diputada Troyano “usa el maquillaje de los Derechos Humanos y critica los crímenes de la dictadura, pretendiendo con eso borrar el hecho que ella colaboró para que ese horror sea posible”. Troyano perteneció al sector liderado por el ex gobernador Roberto Romero. En octubre de 1983 fue electa diputada provincial en esas listas y, a comienzos de los años ’90, el propio Romero la incluyó como candidata a diputada nacional. Fue una activa dirigente de la agrupación Federalismo y Liberación, liderada por el ex presidente Carlos Menem cuyas políticas defendió en el Congreso de la Nación. Un diputado admirador de HitlerEn abril de 1997, Silvia Troyano publicó “Casa de mujeres”, un libro de 165 páginas en los que recoge los debates que, en abril de 1984, conmovieron a la recién reabierta Legislatura de Salta y que culminaron con la expulsión del cuerpo del entonces diputado Mártires Quintana (Partido Justicialista), denunciado como agente de los servicios de inteligencia del Estado (SIDE) en los que colaboró activamente antes y durante la dictadura militar (1976-1983). Quintana, un sub oficial del Ejército del arma de caballería de pública simpatía hacia el nazismo, antes de convertirse en diputado provincial alentado por el ex gobernador Roberto Romero quien le había confiado la tarea de organizar una “Comisión de Recopilación de Antecedentes”, fue interventor del sindicato de trabajadores de la industria de la carne, además de un frontal opositor al gobernador Miguel Ragone. El odio de Quintaba contra Ragone le llevó a pedir públicamente que el Ejército lo destituyera por considerar que el ex gobernador era “un elemento subversivo”. Durante las sesiones que concluyeron con su desafuero, varios testimonios de detenidos esos años, dijeron que vieron a Mártires Quintana en la oficina de la Delegación Salta de la Policía Federal aportando datos sobre los presos que luego ordenaba torturar y torturaba personalmente el entonces titular de esa Delegación, comisario Federico Livy. El 30 de abril de 1984, la mayoría de los diputados votó la expulsión de Quintana de esa cámara. El cuerpo estimó que Quintaba estaba moralmente inhabilitado para ocupar una banca. Silvia Troyano fue una de las diputadas oficialistas que formuló duros cargos contra Quintana al que acusó de ser un fervoroso admirador de Hitler a quien consideraba como “un patriota alemán”. Secuelas de un divorcioAhuerma explica que el conflicto que tuvo con Troyano no fue un asunto matrimonial que terminó en divorcio. “Esto excede a un divorcio. Es un asunto político, serio y peligroso. Mi ex mujer manejaba información reservada referida a la militancia de aquella época, de modo que lo que ella aportó a los represores es un asunto grave. El papel que cumplió entonces Silvia Troyano fue nefasto”. El ex marido de Troyano hizo hoy estas revelaciones, después de los incidentes producidos en el Juzgado Correccional de Cuarta Nominación donde se presentó a declarar el pasado lunes en el juicio que el ex ministro Yarade inició a Silvia Troyano. Ahuerma fue convocado allí como testigo por el abogado defensor de Yarade, Alberto Raymundo Sosa, a quien Troyano cuestionó por sus vinculaciones con los organismos policiales durante la dictadura militar. Según Troyano, Sosa “figura con el número 92.036 en el registro de represores confeccionado por al Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP)”. “Sosa fue y es abogado de Joaquín Guil, que estuvo en la primera línea de la represión en Salta. Sosa fue informante de la policía. Además son amigos y Sosa es compadre de Guil”, protestó Troyano quien ayer recibió el apoyo de funcionarios de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación en esta querella. Cuando Ahuerma se presentó a ese juzgado, a cargo de Sandra Espeche, su hija Soledad lo increpó con dureza y luego, según Ahuerma, lo agredió físicamente. Ante el ataque Ahuerma, que llegó al juzgado acompañado del concejal Guido Giacosa (Partido Justicialista), tuvo que retirarse sin prestar declaración. “La compañía de este concejal demuestra que esta causa tiene tintes políticos”, dijo Kiriaco. Añadió que Ahuerma no puede ser testigo pues tiene “odio manifiesto hacia la persona de Silvia Troyano”. Soledad, hija de Ahuerma y Troyano, que lleva el apellido de la madre reconoció que reaccionó de ese modo porque era “moralmente violento” ver que su padre, “en represalia se preste como testigo contra su madre, quien la crió y la educó desde que nació. Ahuerma actuó en represalia, añadió Soledad, porque hace un año mi madre, le inició un juicio -que ganó-, para que me quiten el apellido Ahuerma”. Al ser consultada por qué Ahuerma fue citado a declarar, Soledad dijo que no se explica por qué Yarade usa a Ahuerma como testigo en contra de su madre “desde noviembre de 1974 y hasta el año 1988, este hombre estuvo fuera del país y no vivió los avatares de la época de la dictadura. A diferencia de él, mi madre estuvo presa y fue torturada”. Los defensores acusanTania Kiriaco, abogada de Troyano, manifestó que la parte querellante se opuso a que en el recinto estuviera presente la prensa y el público, al considerar que se trata de una acción de instancia privada, aunque en realidad quien se debía oponer es su cliente, ya que ella es la querellada. El juez no hizo lugar a ese pedido de la parte querellante. Kiriaco, sostuvo que presentó una pericia firmada por una perito calígrafa en la cual habría firmas apócrifas de la parte querellante. David Leiva, también abogado defensor de Silvia Troyano, informó que ésta presentó una denuncia por prevaricato contra Sandra Espeche que entiende en la causa. Lo hizo porque “dictó resoluciones contrarias a la ley”, afirmó Leiva. “En esta causa, a través de un peritaje caligráfico, se planteó la inexistencia de las querellas, porque la firma que inició la querella es apócrifa”, sostuvo el abogado defensor. “Sosa inició el juicio con una firma falsa, aunque con el sello de él”, expresó el letrado, al tiempo que supuso que “la debe haber puesto algún compañero de trabajo”. “Es un delito penal, es un fraude procesal amén de la falsedad ideológica”, señaló. Leiva adelantó que iniciará en contra de la misma jueza acciones legales por daños y perjuicios por desprestigio, ya que Espeche intentó aconsejar a Leiva en la defensa de Troyano. “Hice reserva de iniciar una querella por injurias”. Denunció que “un puntero político”, intenta desprestigiar a Troyano a través de panfletos. “Son mecanismos parecidos a los que se usaban en la dictadura”. Leyva dijo que era “lógico, dentro del gobierno, que Yarade buscara a Sosa como defensor pues, del mismo modo el gobernador Juan Carlos Romero buscó al Comandante Estévez o a Sergio Nazario, represor del campo clandestino de detenciones El Olimpo, para dirigir las políticas de seguridad de la Provincia”. Más artículos de la categoría Sociedad |
