Políticos de Salta
Políticos de Salta
La vieja idea de política como la actividad que persigue la conciliación de los intereses divergentes en una sociedad, sean éstos morales o materiales, ha sido virtualmente abandonada por los políticos de Salta y por los de la Argentina en general.

A pesar de que la política está siendo sustituida entre nosotros por lo que algunos llaman militancia y otros llaman ideología, pero que no es más que una lucha descarada y descarnada por el poder y los espacios de influencia; y aunque los que se llaman a sí mismos "políticos" no tengan de ello más que el nombre, la política sigue siendo -para mí- la clave de la libertad, aun por encima de las actitudes que asuman los políticos.

Durante la última semana me han llegado desde Salta y otros lugares del país, noticias muy desasosegantes acerca del nivel de crispación de la vida pública local y nacional. Como es de suponer, la mitad de esas noticias señalan a los gobiernos como los responsables de la tensión y del enfrentamiento; la otra mitad -obviamente- adjudica la misma responsabilidad a la oposición.

Creo sin embargo que el problema es de otra naturaleza y que está bastante lejos de las posturas de uno y otro de los bandos enfrentados. El problema es que no existe entre nosotros un acuerdo sólido sobre la forma de resolver las controversias más graves y urgentes de nuestra sociedad. La razón de esta carencia se halla, tal vez, en las prisas por erigir una democracia estable, que no nos han dejado tiempo y nos han arrebatado la claridad necesaria para ponernos de acuerdo sobre el papel que debe desempeñar la política en la resolución de nuestros problemas más fundamentales, de nuestros conflictos más profundos.

Quienes en Salta y en la Argentina se llaman pretenciosamente "políticos" están hoy muy lejos de ejercer el valor político supremo de la prudencia. Al contrario, están jugando con fuego al negarse a delimitar el terreno de la política (cualquier terreno es bueno para lograr la derrota del enemigo). Da la impresión que nuestros políticos, al igual que algunos automovilistas alocados, carecen de ese impulso elemental de supervivencia que es la percepción adecuada y racional del riesgo.

En esta línea de temeridad manifiesta, nuestros políticos han destruido sus propios partidos; aunque más llamativo y paradojal que esto es el hecho de que, después de destruirlos, los políticos se sienten más cómodos sin sus partidos que con ellos.

Sus actitudes, en general, hacen pensar que el frenesí que es propio de la competencia por el poder del Estado les está impidiendo percibir el peligro que entraña para la libertad y para la política la búsqueda obsesiva de la destrucción del oponente.

Pienso que los discursos de unos y otros están calculadamente diseñados para estimular respuestas pasionales a los síntomas sociales en lugar de buscar explicaciones racionales a las causas que los provocan. Lo más lamentable de todo es que la sociedad no parece demandar a sus políticos racionalidad, sino sólo pasión y más pasión acalorada, en forma de promesas de hegemonía actual o futura, en forma de victorias contundentes y definitivas sobre el antagonista.

Derrotas de la política

Las actitudes del gobierno, y especialmente las de la oposición, demuestran que nuestra política ha perdido dos importantes batallas: una a manos de la Constitución y la otra a manos de la democracia.

Tal vez no sea inútil recordar aquí que la política, o la forma "política" de gobierno, son preexistentes tanto a la democracia como a la Constitución, y que el único valor absoluto en el gobierno de las sociedades es la relatividad de la política.

Todo lo demás, incluida la idea de soberanía o el principio mayoritario, no son sino instrumentos más o menos coyunturales de que se vale la política para hacer posible la libertad de los individuos y para propiciar que sus problemas, aun los más complejos e incluso los irresolubles, encuentren una solución (o al menos una corrección aceptable) y que las disputas no conduzcan al empleo de la violencia.

En Salta -y, por añadidura, en la Argentina- se olvida con llamativa frecuencia que la política es un proceso conciliador permanente más que un conjunto de normas fundamentales, y que éstas -cuando existen- deben ser el fruto de un acuerdo amplio (amplísimo) sobre cómo abordar los conflictos y no sobre determinados objetivos de la política.

El Gobernador de Salta, por ejemplo, ha demostrado en muy poco tiempo un llamativo y peligroso desinterés por la política y ha expresado con signos inequívocos que tiene la mayoría y que es capaz de hacer con ella lo que le plazca. Porque, en el fondo, la idea democrática que él practica considera a las minorías sólo como eso, es decir como "simples minorías", sin capacidad alguna para dialogar y menos aún para acordar. ¿Quién en su sano juicio se sentaría a consensuar políticas con grupos opositores minúsculos si dispone de una amplia mayoría?

En otros términos, que más fácil que gobernar acordando permanentemente con las minorías (o, si se prefiere, con otros "centros de poder") es dedicarse a construir mayorías tan abrumadoras que hagan inútil no sólo cualquier acuerdo con las minorías sino hasta la propia existencia de éstas.

Esta es la forma de pensar de los que hoy gobiernan en Salta.

Sin embargo, cualquiera sea la fuerza de la oposición y la mayoría que sostenga a los gobiernos, la política fracasa o no puede existir cuando quienes se enfrentan en la lid por el poder asumen posturas políticas que según ellos no admiten concesiones y que se consideran totalmente incompatibles y contradictorias entre sí. La política muere cuando la intransigencia de los protagonistas conduce a elegir entre acabar con el oponente y el destierro.

Si el pecado del kirchnerismo gobernante consiste en imponer sus dictados por la fuerza del aparato del poder, el de la oposición es doblemente grave, desde el mismo momento en que considera que "se dejarán hasta la última gota de sangre" en la lucha por arrebatar a los Kirchner el poder y que, llegado el caso, les devolverán las gentilezas en forma de persecución y de acoso judicial.

Si el Gobernador de Salta ha demostrado que es sólo un impostor, un soldado preconciliar travestido con raídos ropajes izquierdistas, la oposición política en su Provincia no parece ni más genuina ni menos impostora que aquél. Y lo que es más grave todavía: parece convencida de que el Gobernador está fuera del alcance de la persuasión política y que lo único que se puede hacer con él es pasarse a sus filas o derrotarlo, sin atenuantes, sin términos medios.

Fiel a sus orígenes más prístinos, el Gobernador de Salta demuestra también, como buen nacionalista religioso, que en tiempos de lucha su ideología tiene un poder tan unificador y embriagante que es capaz de persuadir a sus dirigentes -él incluido- de la necesidad de continuar "la lucha" aun después de la victoria.

Los hechos parecen avalar este juicio: el Gobernador no se ha conformado con conquistar el poder desplazando a su antecesor. Cualquier otro hubiese considerado esta victoria como "suficiente", pero su naturaleza le impulsa a prolongar el enfrentamiento de modo enfermizo, a llevarlo hasta límites insospechados, hasta unas "últimas consecuencias" que sólo él conoce.

Esta actitud es típica de los sujetos que aborrecen la política y piensan que la negociación y el acuerdo no sirven para otra cosa que para poner en peligro no sólo sus intereses y convicciones básicas, sino todo lo que son, es decir, su propia existencia como personas.

Estos personajes apolíticos suelen anteponer la intangibilidad de su identidad humana y cultural a cualquier concesión política. Son generalmente impermeables a los razonamientos, como si fueran seres de otra especie. Son los auténticos enemigos de la política.

Cuestiones fundamentales para reflexionar

Pienso que en Salta ha llegado el momento de reflexionar muy seria y detenidamente sobre algunas cuestiones fundamentales.

La primera, que la democracia es buena y deseable pero que no puede ser considerada la respuesta y el remedio para todo, así como tampoco un valor universal, primordial o excluyente de otras soluciones. Y conste que no se trata de una crítica tardía a la democracia o que nace de la insatisfacción de un desencantado, incapaz de construir mayorías, como perfectamente lo saben los lectores de las obras de Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill.

La segunda cuestión fundamental tiene que ver con el principio de soberanía: Todo poder político es limitado, aun el poder soberano. En nombre de la soberanía (un concepto ya difuso, cuando no decadente, en el último tercio del siglo XX) se han cometido las peores atrocidades contra la libertad de los individuos y contra sus derechos que se conozcan. Es preciso que nuestros mecanismos políticos abandonen la idea de soberanía y la sustituyan por la de pluralismo, que es más compatible no sólo con la complejidad actual de las sociedades locales sino también con enorme dimensión del escenario global.

Por ello, es preciso darse cuenta -especialmente en Salta- que la lucha política nunca debe perseguir la conquista del poder absoluto y denunciar el doble discurso del Gobernador de la Provincia que un día se llena la boca hablando de pluralismo político y al día siguiente pretende excluir de la vida política a los mayores de 50 años, o al siguiente se aferra a la idea "soberana" como a un clavo ardiendo.

La tercera cuestión fundamental está relacionada con la esencia de la política como proceso conciliador y con la necesidad de que la Constitución deje de ser para nosotros un receptáculo de valores absolutos y de objetivos políticos inmanentes, como si su objetivo fuera el de instituir una auténtica religión de Estado, de cuyos dictados no cabe apartarse sin riesgo de padecer una condena al infierno eterno.

Nuestra Constitución, como todas las que se asientan sobre la idea de soberanía, parece decirnos: "Yo soy el camino, la verdad y la vida", cuando realmente es -o no debiera ser más que- el más perfecto de los códigos procesales de Salta.

Se nos ha querido hacer creer que la Constitución está por encima de la política, y con ello no hemos conseguido mejor cosa que acuñar un catálogo de ilusiones en nombre de la soberanía, para que el poder soberano (absoluto, ilimitado) sea ejercido sólo por un puñado de hombres (ya que es imposible que sea ejercido por todos), o incluso por un conjunto institucional con nula participación ciudadana.

A lo largo de la historia, la política ha demostrado ser una herramienta eficaz para cambiar las leyes pacíficamente, incluso las constituciones. ¿Por qué entonces no pensar en un gran acuerdo político para reformar nuestra Constitución? Si ya lo hemos hecho tres veces para salvar a "un político", ¿por qué no hacerlo una sola vez para salvar a "la política"?

Para rescatar a la política de Salta de su ostracismo, no sólo es necesario reformar la Constitución sino, previamente, debatir y revisar la importancia de los llamados "valores de procedimiento", que son aquellos relacionados con el mínimo respeto de los protagonistas políticos por la libertad, la tolerancia y la verdad, además de la empatía y voluntad de resolver las disputas mediante el debate, el consenso y el acuerdo.

Así como las modernas doctrinas constitucionales rechazan la idea de los "poderes implícitos" de las instituciones del Estado en beneficio de la libertad individual, pienso que es necesario abandonar también la de idea de la existencia de los "principios implícitos" (los que la Constitución no enuncia y que se derivan de ideas teóricas como democracia o república) y avanzar en una línea de clara positivización de los valores de la confrontación de ideas y del consenso, como condición sine qua non del proceso político.

Debemos preguntarnos, por tanto, si los políticos de Salta están dispuestos a pagar los altos precios que exige la construcción de un gobierno auténticamente político, o si prefieren seguir instalados en la comodidad, en la anomia, en la confrontación por el poder para liquidar al contrario.

La necesaria moratoria electoral

Creo firmemente que ninguna reflexión seria sobre la esencia y la utilidad de la política será posible en Salta mientras las campañas electorales sigan movilizando periódicamente las más bajas pasiones.

Es necesario quitar el pie del acelerador y comprender que la batalla por el poder no se justifica ni se legitima simplemente en los valores democráticos, los republicanos o el del imperio de la Ley. No al menos mientras la batalla se libre con sacrificio de la libertad de los ciudadanos.

Debemos darnos cuenta de que la política es la única herramienta para hacer posible la libertad de los ciudadanos, y advertir que la repetición puntual de las citas electorales, más que democracia, sólo está consiguiendo más poder para los poderosos y menos libertad para los ciudadanos.

De lo que se trata es de romper, pacífica y legalmente, este círculo vicioso que subordina e instrumentaliza la voluntad de los ciudadanos, de aquellos que votan con la ilusión de ejercer y, si acaso, de perfeccionar su libertad, pero que con su voto sólo consiguen crear monstruos de poder incontrolables, que manipulan la democracia y la Constitución para acabar con la libertad de todos.

Mientras no nos detengamos a reflexionar sobre estas cuestiones, los políticos seguirán enceguecidos su camino hacia la mutua destrucción, los nuevos gobiernos nacerán cada vez más fuertes, con independencia del consenso de que gocen; gobernarán con más apego a la soberanía y, por ende, al absolutismo, y los ciudadanos perderemos la oportunidad de que la política, aunque lenta e imperfecta, nos proporcione las armas para controlar el poder y obligar a que sea ejercido con racionalidad -esto es, para la búsqueda del consenso y la solución pacífica de nuestras controversias- y que no siga siendo utilizado como combustible para alimentar la maquinaria del odio y de la confrontación.
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