Por su parte Pablo López, diputado provincial por el Partido Obrero dijo que uno de los más recientes casos de corrupción está en la resolución en la que el Poder Ejecutivo otorga a la empresa Plumada S.A., la explotación del agua mineral Palau, ofreciendo 21 millones de pesos como inversión, mientras que de las tres que se presentaron sólo ofreció un millón y medio. “Esto es una situación muy extraña”, dijo López, para añadir que la explotación de Aguas Palau “es un negocio redondo. Lo más probable es que le saquen el jugo a esta agua y sin poner ni un solo peso”.

Plumada S.A., es una gran empresa de servicios que controla el depósito y la distribución de importantes firmas. En el año 2006 el gobierno de Salta le otorgó el control de los archivos administrativos de la Provincia y le asignó más de 6 millones de pesos en concepto de subsidio por promoción industrial.

Las obras de construcción del Gasoducto de Anta es otro de los temas que están en la mira de la oposición. La semana pasada el diputado provincial Claudio del Plá, denunció la existencia de sobreprecios en esta obra. Del Plá dice que esta obra es similar a otra construida en Santiago del Estero, con costos diferentes. Por estos cuestionamientos el ministro de la Producción dio explicaciones a los diputados ante los que negó los cargos formulados por la oposición.

Reajuste del 35%

Según Del Plá, “en un año se han ajustado los valores de la mano de obra y de los materiales un 35%. No conozco ninguna actividad que haya recibido ese tipo de ajustes. El gobierno pagó 12 millones de costo financiero por esta obra, y no hay razones para pague este costo”.

El diputado criticó el contenido del folleto del “Plan Provincial de Conexiones 2006/2007, que editó el gobierno. Allí se dice que “el costo de la conexión a través del plan es similar al que tiene cualquier usuario particular, aproximadamente $1.800. Los vecinos que se adhieran al proyecto podrán pagar la conexión hasta en 60 cuotas fijas y además dispondrán de 850 m3 de gas sin cargo, lo que amortizará el costo de la conexión”.

El legislador cuestionó esa publicación con la que, dijo, “el gobierno le vuelve a mentir a la gente. Es la gente la que paga la red, ningún gran empresario de Anta pagará un solo peso por la construcción del gasoducto”. Muchos de los grandes nuevos propietarios de tierras y productores en Anta son funcionarios o amigos del gobierno local. “Están engañando también a la gente, cuando dicen que el costo de la red se lo devuelven en gas. Esto, el vecino lo puede comprobar si toma una boleta de gas y multiplica lo que vale el m3 de gas por 850, y eso da menos de $100, es decir el gobierno de la provincia está estafando al pueblo”, asegura Del Plá.

Los legisladores de la oposición opinan que, con sus explicaciones, el ministro no aclaró dudas y que, por eso, su informe no fue satisfactorio. Uno de los puntos no aclarados se refiere al hecho que huno una sola empresa oferente, siendo que el mercado es muy competitivo en esta actividad. Otra cuestión sin aclarar es por que los beneficiarios privados de la zona de Anta no pagarán por la construcción de la red.

El kirchnerismo disconforme

El oficialismo calificó de “irresponsables” las críticas de la oposición. Del Plá recordó que “es la responsabilidad de cualquier diputado que tenga dudas en cuanto al manejo de los fondos públicos hacer la denuncia correspondiente. Los ministros no deberían considerar un agravio brindar explicaciones en la Legislatura Provincial”.

Las explicaciones del ministro de la Producción tampoco dejaron conforme al diputado provincial José Vilariño, del kirchnerista Partido para la Victoria y posible candidato a diputado nacional por el frente que apoya a Juan Manuel Urtubey. Vilariño dijo que quedaron sin aclarar muchas preguntas importantes. Reconoció que, en su exposición, el ministro explicó los criterios metodológicos y “fue aceptable en cuanto a los tipos de parámetros que podían ser comparados entre las obras de Anta y la de Santiago del Estero. Las dudas que aún subsisten se refieren al tema de la inflación” y cual es el costo de los caños y el de la mano el obra.

Irregularidades en los catastros

El ingeniero Carlos Diez denunció que en la Dirección de Inmuebles de la Provincia funciona “una asociación ilícita en la que participa Hugo Valenzuela con la complicidad de profesionales. Su objetivo es modificar los catastros de tierras o subdividir terrenos de grandes dimensiones. Esto es posible porque en Inmuebles, desde hace años, no hay control efectivo”, dijo Diez.

Esta situación fue denunciada ante el director de ese organismo quien, según Díez, se negó a recibirlo porque espera el descargo de Valenzuela. Diez explicó que hizo esta denuncia porque comprobó, entre otros casos, que en Guachipas hay catastros mellizos. Dijo que Valenzuela lo amenazó con no facilitar la consulta de unos planos de terrenos, si antes no cumple con ciertas exigencias. “Valenzuela asignó a esas tierras una matrícula que no correspondía, a nombre de un señor Demetrio Abramovich, que falleció hace 62 años. Valenzuela pretende que yo lo ponga a ese señor como dueño de esas tierras. Para hacer estas maniobras no está solo. Hay también escribanos e ingenieros que son parte de esto. Algunos trabajan en la Dirección de Inmuebles, otros no”. Recordó que en un juzgado de la provincia, hay 21 causas por estos delitos de usurpación o cambio de catastros.

Discriminan a una diputada opositora

La oposición dice que corrupción es generalizada y se extiende a varias administraciones municipales en toda la Provincia. El pago de sobreprecios en las contrataciones de servicios, los pagos indebidos, la exclusión en la distribución de ayudas sociales y en la asignación de subsidios y hasta de becas de estudio, se están agravando. El acceso a ellos está vedado no solamente a legisladores y concejales de oposición, sino también a beneficiarios sospechados de no acatar las órdenes del oficialismo.

Algunas mesas de entrada de organismos del gobierno de Salta, dejaron de dar entrada a las presentaciones firmadas por legisladores de la oposición. Un caso notorio es la discriminación que pesa sobre la diputada provincial Nora Giménez, candidata a intendenta de la Ciudad de Salta por el Frente para la Victoria – Partido Renovador que lidera Juan Manuel Urtubey. Aunque Giménez es diputada y preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el oficialismo no parece ser respetuoso de sus fueros y de sus derechos como ciudadana.

Se denunció que en el municipio de General Güemes empleados de la Municipalidad, además de sus haberes, cobraban cheques que eran para otras personas. El senador provincial José Luis Valle, señaló que este hecho es “una grave desprolijidad en el manejo de los cheques, que algunos conocían y que, tarde o temprano, tomaría estado público”.

Cuando despidieron a una periodista empleada de esa Municipalidad, el secretario de Hacienda la denunció ante la justicia. Pero, cuando fue citado en cuatro oportunidades para ratificar la acusación, el funcionario nunca se presentó, hasta que fue obligado a hacerlo. El senador Valle cuestionó esta actitud del secretario de Hacienda la que, consideró, “crea un marco de duda que lleva ineludiblemente a un estado general de sospecha y de malestar”.