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La criminología de la intolerancia y el populismo punitivo en Salta PDF Imprimir E-Mail
Por Luis Caro Figueroa - Publicado a las 10:39 | lunes 30-11-2009 (leído 283 veces)   
Las campañas que algunos medios de comunicación han desatado en Salta, sea para lograr por vías extrajudiciales el paradero de determinados delincuentes prófugos de la acción de la justicia, sea para discernir "soluciones justas" a ciertas permisividades de un sistema judicial al que frecuentemente se percibe como reblandecido y poco eficiente, se inscribe en la línea de una creciente reivindicación de la utilización del sistema penal para la regulación de la conflictividad social, incluida la política.
El gobernador y la plana mayor de la policía
El gobernador y la plana mayor de la policía
Estas campañas coinciden con la multiplicación de las demandas de mayores cuotas de seguridad, entendida ésta cada vez más como la "policialización" del espacio público, como la utilización de la fuerza del Estado para la regulación de las costumbres y el comportamiento de los ciudadanos. Cuando los mensajes de las radios entran en sintonía con el activismo de los poderes públicos y especialmente con las promesas electorales, nos encontramos frente a un fenómeno al que algunos científicos denominan "populismo punitivo".

Los partidarios del populismo punitivo están propiciando entre nosotros la construcción de un modelo de derecho penal máximo que, recogiendo determinadas orientaciones globales, profundiza la involución y la regresión en materia de libertades, de derechos fundamentales y de garantías procesales penales.

En concreto, lo que se pretende, sin más, es reproducir el diseño de lo que, hace algo más de dos décadas, se llamó en los Estados Unidos la "política de la torelancia cero", es decir, la consagración de políticas criminales altamente represivas, incluso frente a faltas objetivamente leves. El crecimiento del sistema penal, que supone la existencia de un mayor número de cuerpos de policía (incluidos los de la llamada "policía infantil"), la mayor cantidad de comisarías, el aumento de las estructuras judiciales y de fiscales, la ampliación de las cárceles y la privatización de algunos servicios, queda de manifiesto por la existencia de estos indicadores fiables del avance de lo que J. Young denominó "criminología de la intolerencia", en su obra The Criminology Of Intolerance: zero-tolerance policing and the American prison experiment (London, 1996).

Los salteños debemos estar atentos a estos movimientos que pretenden organizar el sistema penal en torno al miedo y al terror, abandonando los objetivos de reeducación, resocialización, corrección o prevención, relacionados con valores preeminentes de la modernidad jurídica y del moderno Estado del Bienestar. Como sostiene Roberto Bergalli (“Globalización y control social: post-fordismo y control punitivo”. En Sistema, Revista de Ciencias Sociales núm. 160: 107-124. Madrid.) la pretensión consiste en configurar un sistema penal basado sobre una nueva verdad, sobre unos nuevos fines, que son los estrictamente orientados a la punición. Es decir, que "únicamente debe punir, pero no sólo punir ejemplarmente cada violación del nuevo orden, sino que incluso ha de llegar hasta el punto de crear alarma social para convertirse en fuente de consenso en torno a las instituciones, previniendo así cualquier disentimiento político".
 
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