1. Un discurso dirigido a todos los salteños

Algunas declaraciones efectuadas recientemente por el señor gobernador de Salta y ex candidato a vicepresidente de la Nación, nos invitan a los salteños reflexionar detenidamente sobre algunos aspectos importantes de nuestros mecanismos electorales, nuestro sistema de partidos y nuestra democracia.

Algunas declaraciones efectuadas recientemente por el señor gobernador de Salta y ex candidato a vicepresidente de la Nación, nos invitan a los salteños reflexionar detenidamente sobre algunos aspectos importantes de nuestros mecanismos electorales, nuestro sistema de partidos y nuestra democracia.

Pese a su importancia, estas declaraciones a las que me refiero han sido mayormente ignoradas por los comentaristas políticos y los grandes medios de comunicación. Tras las elecciones, los analistas se han preocupado más por indagar en la historia secreta del desenlace electoral, por aventurar los previsibles reequilibrios en la complicada y tribal interna peronista y por teorizar sobre los aspectos caracterológicos y anímicos de los candidatos. Una vez más, la coyuntura y la banalidad parecen más importantes para los argentinos que las propias cosas importantes.

Pero no nos llama tanto la atención el que la prensa rosa de la política argentina haya preferido apuntar sus reflectores hacia estos temas: lo que de verdad preocupa es que quienes en la Argentina tienen la capacidad intelectual y la solvencia técnica necesaria para analizar estas cuestiones hayan guardado silencio frente a una postura que -presentada bajo la máscara de un discurso intachablemente democrático- deja al desnudo el verdadero rostro de la política de la «ingeniería de poder», que tanto daño ha provocado a las instituciones de la frágil democracia argentina.

No es el propósito de este artículo llenar el vacío dejado por los especialistas ni aportar visiones demasiado originales sobre los pesados entretelones electorales. Al contrario, estas reflexiones sólo pretenden contribuir a una mejor comprensión de algunos conceptos políticos fundamentales y, si acaso, intentan demostrar hasta qué punto afirmaciones como las de los candidatos de la fórmula renunciante son capaces de desvirtuar aquellos fundamentos en nombre de intereses y de apetitos coyunturales.

2. El sistema electoral de doble vuelta

Para una cabal comprensión del alambicado ardid argumental montado por las candidaturas renunciantes, es menester repasar el papel que en nuestro sistema democrático desempeña el sistema de doble vuelta electoral.

La finalidad inmediata de este mecanismo, introducido en la reforma constitucional de 1994, es la de obtener una mayoría absoluta o una mayoría relativa cualificada, a partir de dos mayorías relativas resultantes de la primera vuelta electoral.

Se suele afirmar que este mecanismo electoral tiende a evitar la formación de gobiernos débiles y a promover la gobernabilidad, al exigir que los gobiernos resulten investidos por una mayoría sustantiva de votos de los ciudadanos. No es ésta una razón trivial, por supuesto. Para valorarla, debe tenerse muy presente que el presidencialismo de elección popular directa, vigente hoy en la Argentina, supone que los gobiernos nacionales no requieren, al menos nominalmente, del apoyo de mayorías parlamentarias suficientes para sostenerse, por lo que cuanto mayor sea el caudal de votos populares que apoye su investidura, se entiende que los gobiernos serán más fuertes y estables.

Pero esta finalidad está lejos de agotar el conjunto de objetivos político-institucionales que persigue el ballotage. En realidad, el mecanismo de la doble vuelta electoral busca promover una cultura política y electoral más compleja, basada en la negociación permanente entre las diferentes fuerzas políticas. Este desafío normativo determina que los políticos se vean obligados a conocer en profundidad las plataformas y alternativas programáticas de sus contrincantes, a asumir, con ellos y con otros actores, compromisos estables y duraderos, a promover mecanismos de cooperación parlamentaria e interterritorial y a efectuar complejas operaciones de análisis y prospección sobre los diferentes escenarios políticos posibles. De algún modo, lo que persigue la institución del ballottage es la superación del canibalismo político mediante el desarrollo de espacios de cooperación y alianza entre fuerzas de muy distinto signo ideológico.

Del lado de los electores, el sistema del ballottage tiende a estimular la participación ciudadana y a promover un ejercicio más racional y de mayor calidad del derecho de sufragio activo. Por tanto, exige de ciudadanos más informados, más atentos, menos indiferentes a las cuestiones electorales y más decididos a emplear útilmente su voto.

El juego del ballotage supone, por tanto, la elaboración negociada de dos ofertas electorales, cuyos liderazgos deciden los electores en primera vuelta, pero cuya configuración interior deciden las dos minorías más votadas. En otros términos, podría decirse que el ballottage funciona como un filtro reductor del arco iris político que propone, finalmente, a los electores una especie de alternativa bipartidista (multiprogramática) en la que, como siempre, es tan legítimo emitir el voto en favor de una de las opciones como hacerlo en contra de la otra.

3. Un gesto claramente antidemocrático

Lo primero que llama la atención en los gestos y contragestos de la fórmula renunciante es el hecho de que este mecanismo -tan contestado ahora por su «pobre» aportación a la democracia y a la transparencia- haya sido introducido en la Constitución Nacional a través de una reforma impulsada (sancionada y jurada, cabría agregar) por los mismos que lo han incumplido. Uno, desde la Primera Magistratura del Estado; otro, desde su responsabilidad como convencional constituyente en 1994.

Es sabido que en política es tan frecuente como legítimo cambiar de ideas; pero cuando se ostenta una representación pública de cierto nivel, dar explicaciones a los ciudadanos y justificar las decisiones constituye también un imperativo democrático. Las explicaciones pueden llegar de un momento de a otro, pero la justificación será una tarea virtualmente imposible, sobre todo para aquellos que en sus provincias han construido su fuerza electoral y parlamentaria con la ayuda de la antidemocrática Ley de Lemas, expresión paradigmática de la distorsión de la voluntad electoral de los ciudadanos.

En segundo lugar, hay que valorar el hecho de que la fuerza política renunciante haya planteado su estrategia electoral a una sola vuelta, especulando con un resultado favorable suficiente para evitar la segunda convocatoria. Este cálculo revela en cualquier caso que, desde el inicio, los renunciantes no estaban dispuestos a abrirse a acuerdos y a buscar el consenso con otras fuerzas políticas, dejando una vez más de manifiesto su discrepancia con el sistema electoral establecido en la Constitución.

La participación en el juego electoral de doble vuelta impone a las fuerzas políticas la obligación de construir mayorías de consenso y, en su caso, la de ayudar a construirlas. Por tanto, la renuncia a la lid electoral en segunda vuelta supone el incumplimiento de esta obligación y constituye un acto políticamente ilegítimo, toda vez que la lógica del ballottage imponía que aquella renuncia fuese seguida de un apoyo explícito a la candidatura subsistente. La ausencia de este apoyo y la impugnación «ex post» de las reglas de juego ha restado credibilidad a los renunciantes y los ha expuesto a la censura y la suspicacia popular.

Debe tenerse en cuenta, finalmente, que desde hace tiempo muchos votantes «no eligen» en sentido estricto, sino que «eliminan» candidatos y propuestas. Que muchos ciudadanos prefieren expresarse en las urnas no señalando a quienes desean que les gobierne sino descartando a quienes les aterrorizaría que lo hicieran. Votar a favor o en contra de algún partido o de algún candidato, es y ha sido siempre una actitud legítima e incuestionablemente compatible con la democracia.

Por tanto, suponer, como se ha hecho, que la segunda vuelta electoral estaba planteada como una «antinomia» potencialmente tramposa entre dos candidatos, comporta no solamente un interesado desconocimiento de la naturaleza del mecanismo electoral de doble vuelta sino una profunda falta de respeto hacia los electores, a quienes se ha desconocido el derecho de votar como les apetezca. Jamás en la historia del sufragio las motivaciones psicológicas de los votantes han constituido un factor relevante para juzgar su validez y legitimidad. De ser así, deberían de impugnarse no sólo los votos que se emiten «en contra de» sino también los que se ejercen «animus jocandi», mediando «error in personam» o bajo «enajenación mental transitoria», por no mencionar sino tres de las infinitas posibilidades que ofrece la variada psicología electoral.

En todo caso, sorprende menos el que la fórmula renunciante apele en su argumentación de retirada a los principios y reglas de la democracia, ya que es sabido que algunos políticos entienden la democracia más como un «momento» que como un «proceso» y que tal «momento» no es para ellos sino una simple oportunidad para conquistar o conservar el poder. Pero la democracia, además de ser cada vez más un conjunto de prácticas que exceden con creces el estrecho marco de los comportamientos electorales, es también, cada vez más, un asunto de ciudadanos y, cada vez menos, un asunto de políticos. Antes de desgarrarnos las vestiduras por los ataques a la democracia que propicia un ballottage irresuelto, deberíamos recordar que los déficits que arrastra la democracia argentina no se deben tanto a los desajustes electorales y representativos como a la deslegitimación acelerada de una clase política que no ha sabido o no ha podido perfeccionar los mecanismos de control democrático y de rendición de cuentas ante los ciudadanos.

Un apunte final: en los últimos cuatro años, tres candidatos a vicepresidente de la Nación han sido salteños. Este hecho indica que, de algún modo, nuestra Provincia se encamina hacia la recuperación de los espacios de influencia en la política nacional de que disfrutara en la última década del siglo XIX y primeras del siglo XX. Si esto es así, deberíamos comenzar a preocuparnos por exportar políticos con auténtica vocación democrática, capaces de ayudar a construir un país serio, moderno y equilibrado, y a desconfiar de los «proyectos de poder», sean personales o de grupo, que no sólo son cada vez más incompatibles con la democracia plena sino que son también cada vez más disfuncionales para un país cuya reconstrucción demanda políticas de consenso en el marco de una distribución plural y equitativa de los espacios de influencia y decisión.

Los salteños sabemos también cómo dar respuestas a estas necesidades.